este Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, con fundamento en los artículos 206 del Código de Procedimiento Civil y en resguardo al derecho de defensa, del debido proceso y la igualdad de las partes, principios éstos procésales que deben ser norte y guía de cada proceso jurisdiccional, que son de Rango Constitucional y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: SE REPONE LA PRESENTE CAUSA al estado de agotar debidamente la citación personal de la parte demandada. SEGUNDO: SE DECLARA LA NULIDAD que rielan desde el folio 71 (inclusive) hasta el presente fallo (exclusive). No hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, por la especial naturaleza del presente fallo.

razón por la cual se DECLINA la COMPETENCIA en razón del territorio a los Juzgados de Municipio de la citada Circunscripción Judicial

Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, DECLARA CON LUGAR la pretensión contenida en la demanda por PARTICIÓN DE COMUNIDAD incoada por los ciudadanos ZAIDA XIOMARA CELIS y ARMANDO ENRIQUE BARRETO CELIS, en contra de la ciudadana LUISA IRENE CELIS, respecto del inmueble destinado a vivienda principal, constituido por una parcela de terreno distinguida con el Nº 806, conforme al plano de parcelamiento y la casa quinta sobre ella construida, ubicada en el Sector Nueve (9), frente a la Avenida Casiquiare de la Urbanización Colinas de Bello Monte en jurisdicción del Municipio Baruta del Estado Miranda y la casa quinta sobre ella construida, cuya cabida, linderos y demás datos de propiedad constan suficientemente en la parte narrativa de esta sentencia, el cual pertenece en partes iguales y proindivisas, de un tercio (1/3) cada una, a los ciudadan.....

éste JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 257 de la Constitución Bolivariana de la República Venezuela y los Artículos 12, 242 y 243, del Código de Procedimiento Civil, declara: PRIMERO: EXTEMPORÁNEAS POR TARDIAS las pruebas promovidas en fecha 09 de junio de 2017, por la abogada MARIA OROPEZA, actuando en su propio nombre y representación parte demandada en el presente juicio. Dada la naturaleza del fallo, no hay especial condenatoria en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.

DECRETA LA SEPARACIÓN DE CUERPOS Y BIENES de los ciudadanos MANUEL GONCALVEZ GOUVEIA y MARIA ROSITA FERNANDEZ FIGUEIRA, antes identificados, en los términos y condiciones por ellos establecidos en el escrito de fecha 25 de julio de 2016, todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 189 y 190 del Código Civil, en concordancia con el artículo 762 del Código de Procedimiento Civil.

Se dicto sentencia interlocutoria con fuerza definitiva mediate la cual se declaro el decaimiento de la accion por perdida del interes procesal la cual fue incoada por el ciudadano hector padron trujillo identificado en auto.

SE DICTO AUTO DEJANDO CONSTANCIA DE PAGO Y ACEPTACIÓN DE OFERTA.

SE HOMOLOGO DESISTIMIENTO MANIFESTADO POR LA PARTE OFERENTE.

En consecuencia, vistas las anteriores exposiciones, este Juzgado tan solo deja constancia de la cantidad recibida por el extrabajador (oferida) ante la URDD de Bs. 230.384,41 mediante cheque N° 42257431, por dicha cantidad, de fecha 15-12-2017, de la entidad bancaria Banesco (se anexó copia del cheque) hecha por la empresa (oferente). Se da por terminado el presente asunto y se ordena su remisión a la unidad respectiva. Quedan a salvo a favor del extrabajador por cualquier diferencia que considere que existan por sus derechos laborales pudiendo acudir a la vía ordinaria laboral. Así mismo, la empresa oferente podrá oponer e imputar a la oferida el presente pago, cuando lo considere oportuno. Así se decide. Cúmplase lo ordenado. El Juez