este Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad que le confiere la Ley de conformidad con lo previsto en los artículos 12, 15 y 894 del Código de Procedimiento Civil, declara: PRIMERO: La inadmisibilidad del recurso de apelación intentado por el abogado JESUS RIVAS DAVILA,

En virtud de las razones expuestas anteriormente el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas (En transición), en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, SE ABSTIENE DE HOMOLOGAR EL CONVENIMIENTO, por cuanto no se evidencia en autos, el Acta Constitutiva de la empresa, donde se designe al ciudadano FERNANDO FRAIZ TRAPOTE, como Presidente de LA TELE TELEVISIÓN, C.A., (antes denominada: MARTE CVT PRODUCCIONES DE TELEVISIÓN, S.A.,), para suscribir el referido Convenimiento.- Con ocasión del juicio que por ESTIMACIÒN E INTIMACIÒN DE HONORARIOS, Sigue ADOLFO HOBAICA RAIMA, Contra LA TELE TELEVISIÓN, C.A., (antes denominada: MARTE CVT PRODUCCIONES DE TELEVISIÓN, S.A.,), todos identificados en autos.-

TERCERO: Este Tribunal considera que de las actuaciones del expediente nos encontramos ante la presencia de un hecho punible como lo es la muerte ocasionada al ciudadano ROSALES HEREDIA EDGAR ADRIAN, hecho punible precalificado por el Ministerio Publico como el delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, delito este que merece pena privativa de libertad, cuya acción no se encuentra evidentemente prescrita, toda vez que este hecho acaba de cometerse, por lo que considera este Tribunal que existe fundados elementos de convicción para estimar que los imputados MARCANO SANCHEZ EMIL KELIN y LOPEZ INFANTE AGNY JOSE son autores o partícipes en la comisión del hecho punible atribuido, de las acta que conforman las presentes actuaciones, así como de lo manifestado por el ciudadano JOSE RAMON VARGAS MORENO en acta de entrevista, quien expone que en fecha 20-06-2007, siendo aproximadamente las 9:30 horas de la mañana, encontrándose en el pabellón.....

imparte la HOMOLOGACIÓN a la Transacción Judicial celebrada entre el abogado Rafael Alfredo Ravard Garciagil, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, ciudadana Roselia Núñez de Pérez, por una parte, y por la otra, el ciudadano Massimo Norbis Pierantozzi, en su condición de parte demandada en la presente causa, debidamente asistido por el abogado Francisco Antonio Paz Yanastacio, la cual fue autenticada por ante la Notaría Pública Primera del Municipio Chacao del Distrito Capital, en fecha 13.06.2007, bajo el Nº 78, Tomo 114, de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría, en los mismos términos expuestos por las partes, y en consecuencia, procédase como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, de conformidad con lo previsto en el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil

...En este orden de ideas, el Tribunal observa, que en el caso de autos, no se cumplen los extremos concurrentes para la procedencia de la medida preventiva solicitada, pues si bien, podría considerarse de la lectura de los anexos al libelo de la demanda, la eventual existencia de una presunción del derecho que se reclama, no existe presunción grave de quedar ilusoria la ejecución del fallo, en tal sentido, al no verificarse la concurrencia de los extremos establecidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, es deber del Juez negar el decreto de la providencia cautelar peticionada relativa a la medida de secuestro, más aún, cuando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 14-02-2004, caso: Eduardo Parilli Wilhem, estableció: "... El otorgamiento de una medida cautelar sin que se cumplan los requisitos de procedencia violaría flagrantemente el derecho a la tutela judicial efectiva a la contraparte de quien solicitó la medida y no cump.....

En el caso que nos ocupa, se evidencia que estamos en presencia de una demanda cuya cuantía es por la cantidad de Diez Millones Doscientos Mil Bolívares Exactos (Bs.10.200.000,00) que por tratarse de una acción de Cumplimiento de Contrato de Arrendamiento, debe ser tramitada por el procedimiento breve, conforme a lo establecido en el artículo 33 la Ley de Arrendamiento inmobiliarios, por lo que al estar excluida de la aplicación del procedimiento oral previsto en el artículo 859, no está comprendida en el cambio de competencia por la cuantía antes señalado. Por otro lado establece el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente: "Artículo 70: Cuando la sentencia declare la incompetencia del Juez que previno, por razón de la materia o por el territorio en los casos indicados en el artículo 47, si el Juez o Tribunal que haya de suplirse se considerare a su vez incompetente, solicitará de oficio la regulación de la competencia" (subrayado del Tribunal) Por lo que, en at.....

Por todas las consideraciones que han quedado expuestas, este Juzgado Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara Homologada la transacción celebrada entre las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, en el juicio que, por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, incoara ante este Juzgado el ciudadano MIGUEL ESPINOZA MEJIA, contra el ciudadano WILLIAM JOSE TORRES SYERS, ambas partes suficientemente identificadas en el texto del presente fallo. En virtud de la especial naturaleza del presente fallo no hay condenatoria en costas. Publíquese y regístrese. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la ciudad de Caracas, a los veintidós (22) días del mes de junio del año dos mil siete (2.007). Años:.....

este Tribunal en conformidad con lo establecido en el artículo 892 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo dispuesto en el artículo 526 eiusdem, DECRETA su ejecución forzada. En consecuencia se condena a pagar la parte demandada la cantidad de CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 5.600.000,00 ), suma ésta que comprende el doble de la cantidad condenada a pagar más las costas procesales calculadas prudencialmente por este Tribunal en un 30%, lo cual arrojó la cantidad de: OCHOCIENTOS CUARENTA MIL BOLIVARES (Bs. 840.000,00); asimismo, en conformidad con lo establecido en el artículo 528 del Código de Procedimiento Civil, se decreta la entrega material, real y efectiva a la parte actora el inmueble constituido por un apartamento identificado con el Nº 20-C, ubicado en el piso 20 del edificio Parque Manfredi situado en la calle Norte Once, Esquinas de porvenir y El Trabajo, Parroquia San José, Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital; lib.....

Vista la anterior reforma del libelo de demanda, presentada por los abogados ROMAN ALBERTO GONZALEZ y JOELLE VEGAS RIVAS, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros: 8.723 y 64.360, respectivamente, este Tribunal considerando que la misma no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de Ley la ADMITE cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 343 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia se ordena emplazar a los ciudadanos NACOR EDUARDO PICCARDO DELGADO, SERGIO PABLO PICCARDO GONZALEZ, NINOSKA ESTELA PICCARDO GONZALEZ e IGOR NICOLAS PICARDO GONZALEZ

Por todos los razonamientos antes expuestos éste Juzgado Décimo Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: Con Lugar la demandada intentada por la ciudadana MARIA MILAGROS SEGOVIA NIEVES contra la sociedad mercantil PATIO SUPERMERCADO LAS MINAS por Cobro de Prestaciones Sociales condenándose a la demandada a cancelarle a la actora por todos los conceptos especificados en la parte motiva la cantidad de DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE BOLIVARES CON 5/100 (Bs.2.675.357,5) más el monto que arroje la experticia complementaria del fallo por intereses sobre Prestación de Antigüedad, intereses Moratorios y Corrección Monetaria.