DISPOSITIVA Por todos los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Décimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA INADMISIBLE la acusación privada interpuesta en Las presentes actuaciones por las profesionales del derecho JOSLENY CAROLINA TAMAYO OVALLE, AMBAR DANAY RONDÓN CHIRINOS y MARIELA COROMOTO MARTÍNEZ MONTENEGRO, abogadas en ejercicio e inscritas en el Inpreabogado bajo los N° 104.898, 99.033 y 129.971, respectivamente, en su carácter de apoderadas judiciales del ciudadano ENRIQUE SPERBER MENDOZA, en contra del ciudadano GUSTAVO ADOLFO BOISSIERE GARCÍA, por la presunta comisión del delito de EMISIÓN DE CHEQUES SIN PROVISIÓN DE FONDOS, previsto y sancionado en el artículo 494 del Código de Comercio.

Se declara: SIN LUGAR la recusación planteada por la ciudadana JOHANNA PATRICIA PEREZ BLANCO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-11.307065, debidamente asistida por la Abg. Petra Jiménez, de este domicilio e inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 24.009, en contra de la Dra. NURYVEL A. PEÑA GONZÁLEZ, en su carácter de Jueza Unipersonal N° IX del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el asunto principal signado bajo el N° AP51-S-2008-001575 contentivo de una Autorización Judicial para Residenciarse en la ciudad de Barcelona (España), fundamentada la misma en el ordinal 20° del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, la mencionada Jueza deberá seguir conociendo de dicha causa, y así se decide.

MEDIDA DE EMBARGO EJECUTIVO sobre cuentas bancarias de la sociedad mercantil "F.V.I. FONDO DE VALORES INMOBILIARIOS, C.A.", por monto de Bs. F. 333.369,56; que cubre el monto a que se contrae la presente demanda, a saber, Bs. F. 303.063,24, más Bs.F. 30.306,32, que comprende el diez por ciento (10%) de las costas o en su defecto MEDIDA DE EMBARGO EJECUTIVO sobre bienes propiedad de dicha empresa demandada por monto de Bs.F. 666.738,48; que constituye el doble de la cantidad intimada, a saber, Bs. F. 606.126,48, más Bs. F. 60.612,00 que comprende el diez por ciento (10%) de las costas.

En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, este Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la suspensión de efectos del acto impugnado solicitada por las ciudadanas MARÍA CAROLINA CANO GONZÁLEZ y NATHALIE RODRIGUEZ PARÍS, actuando en su carácter de apoderadas judiciales de la contribuyente OGILVY & MATHER ANDINA, C.A., en contra de la Resolución de Imposición de Sanción y Determinación de Intereses Moratorios No. SNAT-INTI-GRTICERC-DR-ACOT-RET-2008-578 de fecha 21 de agosto de 2008, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).

Vista la decisión de fecha 29 de julio de 2004, emanada de la Corte Superior del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, la cual declaró con lugar la apelación interpuesta por la abogada Lisbet Rondon Rodríguez, apoderada judicial del ciudadano FELMAN JOSE REQUEIZ CASTILLO, contra el auto dictado en fecha 10/10/2003 y en consecuencia declara la nulidad de los autos dictados en fecha 04/05/2001 y 10/10/2003 y ratifica en todas y cada una de sus partes el acuerdo suscrito en la reunión conciliatoria celebrada en fecha 21/02/2001, por los ciudadanos CELESTE AURORA LUGO DIAZ y FELMAN JOSE REQUIZ CASTILLO; en consecuencia esta Sala de Juicio dando cumplimiento a lo ordenado en la prenombrada decisión, y de conformidad con el articulo 375 de la Ley de Protección de Niños y Adolescentes, acuerda homologar el convenimiento de fecha 21/02/2001 en los mismos términos y condiciones

Ahora bien, revisadas como han sido las actas que conforman el presente asunto puede evidenciar ésta Juzgadora en primer lugar, que la diligenciante en su escrito de solicitud en modo alguno planteó como pretensión lo que ahora reclama y en segundo lugar, que la decisión in comento fue efectivamente dictada en fecha 05 de noviembre de 2008 y la solicitud de ampliación se realiza en fecha 19 de enero de 2009, es decir, habiendo transcurrido con holgura lo que la jurisprudencia ha dado en llamar el plazo razonable. En consecuencia, en virtud de los razonamientos expuestos, se niega por extemporáneo lo solicitado por la ciudadana ADA DE GOTTO, titular de la cédula de identidad N° V.-6.120.218, debidamente asistida por la Defensora Pública Segunda Abg. LISETTE KARIM. Así se declara.

esta Sala de Juicio sin perjuicio de terceros de iguales o mejores derechos de conformidad con lo establecido en el artículo 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil, declara las presentes actuaciones JUSTIFICATIVO DE CARGA FAMILIAR, del ciudadano MARIO JESUS GARCIA RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nro. V-10.863.930, a favor del adolescente (...). Devuélvase en original todas las actuaciones previa consignación de los fotostatos correspondientes. Cúmplase.- LA JUEZ Abg. NURYVEL A. PEÑA GONZALEZ LA SECRETARIA, Abg. KATERY ROJAS NP/KR/YCEBERG.- AP51-S-2009-000349.-

HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de Cosa Juzgada; asimismo una vez que conste en autos la cancelación del pago único acordado se ordenará el cierre y archivo del presente expediente, así como su correspondiente cierre informático. Se deja constancia que en esta audiencia se le hace entrega a las partes de las pruebas traídas al Juicio, en virtud de la mediación. Es todo. Terminó, se leyó y conformes firman:

este Juzgador deja sin efecto la constancia de notificación de fecha 20 de enero de 2009, de conformidad con lo previsto en el Artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por analogía conforme al Artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que permite al Juez mantener la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal, y por consiguiente, declara la nulidad de la constancia dejada por la secretaria de este Juzgado de fecha 20 de Enero de 2009, la cual cursa en los autos al folio (74), todo ello en protección al derecho a la defensa previsto en el artículo 49 numeral primero, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en consecuencia, este Juzgado REPONE la presente causa, al estado de que la secretaria de este Juzgado deje constancia de la notificación de la parte demandada a los fines de la celebración de la audiencia preliminar de conformidad con lo señalado en los artículo 126 y 128 d.....

Este Juzgado Décimo Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: CON LUGAR LA RECLAMACION realizada contra la Experticia Complementaria del Fallo, presentada en fecha 30 de junio de 2008; debiendo, en definitiva, pagar la parte demandada en favor de la accionante la suma de CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS BOLIVARES FUERTES CON VEINTINUEVE CENTIMOS (Bs. 124.142,29), todo ello en el juicio incoado por la ciudadana ELISA MILAGROS SANCHEZ DE RODRIGUEZ contra la empresa JOHNSON & JOHNSON DE VENEZUELA, S.A.