Por todo ello, este Tribunal estima y así lo señala que la Resolución No. 32 no contraría directamente una norma constitucional que amerite su desaplicación por inconstitucionalidad, pues fue dictada por mandato del Ministro de Hacienda, en atención al Reglamento Orgánico del Ministerio. Es en razón de esa facultad que el funcionario (Superintendente) actúa y emite tal resolución, no vulnerándose norma constitucional alguna que haga procedente su desaplicación por inconstitucionalidad mediante el control difuso, previsto en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se declara.

Ahora bien, siendo que la causa objeto de esta decisión llega a este Tribunal como consecuencia de la interposición del Recurso Contencioso Tributario interpuesto, en forma subsidiaria, al Recurso Jerárquico, encuentra este Juzgador que nada nuevo aportó el contribuyente durante el proceso, capaz de modificar la decisión administrativa, por una parte; por la otra, que se observa que los planteamientos expuestos en el escrito recursorio ya fueron apreciados por la decisión administrativa; razón por la cual, siendo que la multa impuesta y confirmada por el acto recurrido no presenta vicios de ilegalidad, ni es contraria a derecho, no existiendo en autos otros recaudos o elementos que permitan apreciar su ilegalidad, el Tribunal la considera procedente, por cuanto la misma es producto del incumplimiento del deber formal en materia de Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor, de presentar, el lugar indicado, la declaración del referido impuesto, correspondientes al pe.....

En este sentido, acoge el Tribunal la presunción de legalidad, veracidad y legitimidad con la cual están investidos los actos administrativos. En el presente caso, la actuación fiscal y el acto recurrido señalan que ese hecho sí ocurrió. Por su parte, la recurrente niega la ocurrencia del hecho. Al negar este hecho y alegar un falso supuesto, la recurrente ha debido traer a los autos la prueba que permita a este Juzgador apreciar lo contrario de lo afirmado en el acto recurrido. En ese sentido, bien pudo la recurrente, dentro del lapso probatorio, consignar la documentación fehaciente para dejar constancia de ese hecho y demostrar que es incierto lo afirmado por la Administración Tributaria. En consecuencia, ante la carencia de pruebas sobre este hecho, por parte de la contribuyente, el Tribunal acoge la presunción de veracidad, legalidad y legitimidad del acto administrativo recurrido, sobre la renovación del permiso o licencia para expedir licores, tal como lo recoge el acto.....