DECISIÓN Por todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado Superior Tercero de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR la querella interpuesta por la abogado Margarita Navarro de Ruozi, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 15.452, actuando como apoderada judicial de la ciudadana YELITZA CAROLINA CHOURIO TORRES, titular de la cédula de identidad Nº V-2.542.290. Por lo tanto, se declara nulo el acto administrativo único de remoción y retiro N° 525 de fecha 03 de septiembre de 1999, a través del cual se le destituye del cargo de Jefe de Régimen, adscrita a la Dirección de Custodia y Rehabilitación del Recluso, en el MINISTERIO DE JUSTICIA (hoy MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA) y, se ordena su reincorporación en un cargo de SECRETARIA, con el pago de los salarios dejados de percibir desde su retiro, hasta su reincorporació.....

DECISIÓN En virtud de lo antes expuesto, este Juzgado Superior Tercero de Transición de Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara LA CADUCIDAD del presente recurso contencioso administrativo de condena, interpuesto por la ciudadana Nellys Teresa Bravo, representada por los abogados identificados ut supra, en contra de la República Bolivariana de Venezuela, por órgano de la Asamblea Nacional.-

DECISIÓN En virtud de lo antes expuesto, este Juzgado Superior Tercero de Transición de Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara: 1.- SIN LUGAR el presente recurso contencioso administrativo de condena, interpuesto por la ciudadana Mirna Evangelia Mejuto González, representada por los abogados identificados ut supra, en contra de la República Bolivariana de Venezuela, por órgano de la Asamblea Nacional 2.- SE ORDENA oficiar a la Contraloría General de la República, a los fines de que se inicie las investigaciones correspondientes, con el fin de determinar las responsabilidades en las cuales hubieren incurrido los funcionarios que autorizaron los pagos aludidos anteriormente.-