SE DECLARÓ SIN LUGAR las CUESTIONES PREVIAS contenida en el Ordinal 6° del Artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto no quedaron establecidos en autos los supuestos que determina la Ley Adjetiva para tales respectos. SE CONDENA EN COSTAS a la parte demandada, al resultar totalmente vencida en la presente incidencia.

INADMISIBLE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL INSTAURADA POR BERNARDO MIGUEL GONZÁLEZ CITERRIO Y MAXIMILIANO GONZÁLEZ CITTERIO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA 17 DE FEBRERO DE 2012, POR EL JUZGADO DE PAZ DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN INTRAMUNICIPAL 1.9.2., MUNICIPIO BARUTA DEL ESTADO MIRANDA, AL CUAL SE INCORPORÓ COMO TERCERO ALBERTO SARMIENTO. NO SE HIZO ESPECIAL CONDENATORIA EN COSTAS EN RAZÓN DE NO APRECIARSE TEMERIDAD EN LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN LO PAUTADO EN LA PARTE IN FINE DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY ORGÁNICA DE AMPARO SOBRE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, NI APLICABLE LA SANCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 28 EIUSDEM, AL RESULTAR IMPROCEDENTE LA PETICIÓN INVOCADA POR EL JUZGADO QUERELLADO A TAL RESPECTO. SE DICTÓ EL FALLO DENTRO DEL LAPSO LEGAL ESTABLECIDO PARA ELLO.

Se DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267, en concordancia con lo estatuido en el artículo 269 ambos del Código de Procedimiento Civil, con la consecuencia prevista en el artículo 271 eiusdem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención. De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil no ha lugar a costas.

Se declaró la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio, y en consecuencia, EXTINGUIDO el procedimiento por RENDICIÓN DE CUENTAS intentado por la ciudadana EUMELIA ISABEL VILLAVICENIO TORREALBA, contra los ciudadanos JUAN DE JESUS RAVELO MOYEJA y EDGARDO MONICO VITOLA AMADOR, ampliamente identificados en el encabezamiento de esta decisión.

Se DECRETÓ MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO, sobre bienes muebles propiedad de la parte demandada hasta la cantidad de Bs. 650.692,37. Con la advertencia que si la referida medida recayera sobre cantidades líquidas de dinero, la misma será por Bs. 390.328,80. Se comisionó amplia y suficientemente al Juzgado Distribuidor de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con Sede en Guatire. Se ordenó oficiar a la Procuraduría General de la República, conforme con lo previsto en el artículo 99 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.