De conformidad con lo anteriormente expuesto, esta Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, actuando en sede constitucional, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara IMPROCEDENTE IN LIMINE LITIS la acción de amparo constitucional interpuesta en fecha 18 de Agosto de 2006, por el ciudadano DANILO JOSÉ LEAL GONZÁLEZ, asistido por la Abogada HASSNA ABDELMAJID RAIDAN, Defensora Pública Segunda Penal Ordinario adscrita a la Unidad de la Defensa Pública del Estado Zulia, contra la decisión N° 1632-06, de fecha 15-08-06, emanada del Juzgado Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en la causa seguida en su contra por la presunta comisión del delito de Homicidio Intencional, previsto y sancionado en el artículo 405 del Código Penal, cometido en perjuicio del ciudadano Javier Enrique González González.

Por los fundamentos anteriormente expuestos, esta SALA Nº 2 DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado GIOVANNY JELAMBI PÁEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 24.036, en su carácter de Defensor de la imputada MATILDE ELENA PARRA PARRA, titular de la cédula de identidad N° 9.772.358, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en fecha 23 de Julio de 2006; por cuanto no se evidencia que exista violación de norma constitucional o legal alguna, como lo establece el recurrente, asimismo se declara improcedente la solicitud de nulidad absoluta solicitada por el apelante; y SEGUNDO: SE CONFIRMA la decisión recurrida.

Por los argumentos de hecho y derecho, señalados, esta Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por el profesional del Derecho SERGIO LA CRUZ, quien actúa con el carácter de defensor del ciudadano JOSÉ SANTO JIMÉNEZ, sin que ello obste para que ésta pueda interponerla nuevamente, una vez que se llenen los requisitos legales exigidos según el caso. ASI SE DECIDE.

Por los fundamentos expuestos esta Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por el profesional del Derecho ENRIQUE REYES PEÑA, en su carácter de defensor del ciudadano ALEJANDRO JOSÉ MENDOZA MORALES, ya identificado, en contra de la decisión N° 2520-06, dictada por el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, de fecha 23 de Julio de 2006, en la causa seguida en contra de los ciudadanos RAFAEL ÁNGEL ESCOBAR y ALEJANDRO JOSÉ MENDOZA MORALES, por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR y OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO, previstos y sancionados en los artículos 5 de la Ley Contra el Robo y el Hurto de Vehículo Automotores y 277 del Código Penal, respectivamente, y, en consecuencia, se CONFIRMA la decisión rec.....

Por los fundamentos anteriormente expuestos, esta SALA N° 2 DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Defensora Pública Décima Octava Abogada PETRA MARGARITA AULAR, actuando con el carácter de defensora del imputado NERIO ENRIQUE FERNÁNDEZ OSPINO, contra la decisión dictada en fecha 20 Julio de 2006, por el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en la cual fue acordada la medida de privación judicial preventiva de libertad, en contra del imputado antes identificado, de conformidad con lo previsto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal y en consecuencia se CONFIRMA la decisión impugnada.