TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Sexto de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo
de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.
Barquisimeto, 08 de enero de 2024.
Año 213º y 164º

ASUNTO: KP02-L-2023-000554
Parte Demandante: ADRIANA MARILY MORA GIMENEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nros. V-12.422.666.
Apoderada Judicial del Demandante: WOLGFANG HERNANDEZ, abogado en ejercicio, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 119.348.
Parte Demandada: DISTRIBUIDORA EL DRAGO 2011 C.A, Sin datos del registro en el expediente.
Motivo: Cobro de Prestaciones Sociales.
SENTENCIA DEFINITIVA.
RECORRIDO DEL PROCESO
Se inicia la presente demanda interpuesta por WOLGFANG HERNANDEZ, abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 119.348, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana ADRIANA MORA, en fecha 24 de Octubre de 2023, según consta en sello húmedo de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) folios (01 al 04).
En fecha 26 de octubre de 2023 este Juzgado recibió la presente demanda, y ordeno subsanar por cuanto no cumplía con lo exigido en el artículo 123 ordinales 2, 5 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo folios (05 al 07).
Subsanada la presente demanda en fecha 06 de noviembre del 2023, se admitió y se ordeno librar cartel de notificación a la demandada folios (09 al 15).
El día 30 de Noviembre de 2023, fue certificada por el secretario de este tribunal la notificación practicada de manera positiva folio (16).
Transcurrido el lapso legal para la instalación de la audiencia preliminar, compareció únicamente la parte actora ciudadana ADRIANA MORA y su apoderado judicial WOLGFANG HERNANDEZ, abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 119.348, declarándose conforme al artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la presunción de Admisión de los Hechos en virtud de la incomparecencia de la parte demandada, dejando constancia que el fallo escrito sería publicado en un lapso de cinco (05) días de despacho siguientes.
Siendo ésta la oportunidad procesal correspondiente, procede quien juzga a pronunciarse bajo las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:
DE LA DEMANDA
Señala la parte actora en el libelo, que comenzó a prestar sus servicios en fecha 11 de Julio del 2022, en la parte administrativa ejerciendo funciones de encargada, vendedora y cobradora para la sociedad mercantil DISTRIBUIDORA EL DRAGO 2011 C.A.
Así mismo señala, con relación al salario devengado manifestó que percibían un salario mensual de (Bs D. 10.080), salario diario (Bs D 336,00).
Que laboro para la entidad de trabajo en un horario de lunes a viernes de 07:30am a 05:00 pm, 09 horas diarias.
Que la relación de trabajo finalizo en fecha 03 de marzo del 2023, por despido injustificado.
MOTIVACIONES
La comparecencia de las partes a la Audiencia Preliminar, es de carácter obligatorio y ello tiene su razón de ser en atención a los principios de oralidad e inmediación que orientan el proceso laboral venezolano, dada la posibilidad de procurar durante él, la utilización de medios alternos de resolución de conflictos conforme a lo previsto en los artículo 253, 89 ordinal 2º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículo 4º de la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y los Trabajadores.
En el desarrollo de la Audiencia Preliminar se requiere la comparecencia de las partes, porque ello permite al Juez inquirir la verdad y promover la utilización de los medios alternativos de resolución de conflictos interviniendo activamente en el proceso.
El incumplimiento del deber de comparecer ha sido sancionado por la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la cual establece que:
“…Articulo 131: Si el demandado no compareciere a la audiencia preliminar, se presumirá la admisión de los hechos alegados por el demandante y el tribunal sentenciara en forma oral conforme a dicha confesión, en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, reduciendo la sentencia a un acta que elaborara el mismo día, contra la cual, el demandado podrá apelar a dos efectos dentro de un lapso de cinco (05) días hábiles a partir de la publicación del fallo…”
En el caso de marras, se verificó la inasistencia de la parte demandada a la instalación de la Audiencia Preliminar, lo cual de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 eisdem acarrea la presunción de admisión de los hechos alegados por el demandante en cuanto no sea contraria a derecho su petición.
En tal sentido, nuestro Máximo Tribunal estableció la actuación que debe cumplir del Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución en los términos siguientes:
Omissis…
deberá tener en cuenta a efecto de emitir su decisión las siguientes circunstancias:
1°) Si la incomparecencia del demandado surge en el llamado primitivo para la audiencia preliminar, la admisión de los hechos por efecto de dicha incomparecencia (confesión ficta), revestirá carácter absoluto por lo tanto no desvirtuadle por prueba en contrario (presunción juris et de jure). Es decir, la potestad del contumaz no representará la posibilidad de desvirtuar la confesión de admisión por prueba en contrario, sino la de enervar la acción por no estar ésta amparada por la ley o la de enervar la pretensión del actor bajo la afirmación de que ésta es contraria a derecho. En este caso, el sentenciador de sustanciación, mediación y ejecución decidirá la causa conforme a lo señalado en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es decir, sentenciará inmediatamente en forma oral conforme a dicha confesión, en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, reduciendo la sentencia a un acta que elaborará el mismo día, contra la cual el demandado podrá apelar, apelación que se oirá en dos efectos, dentro de un lapso de cinco (5) días hábiles a partir de la publicación del fallo. (Sentencia Nº 115 de fecha 17 de febrero del año 2004.
Sin embargo, es importante analizar la pertinencia de los aspectos esenciales de la doctrina sentada en sentencia No. 866 de fecha 17 de Febrero de 2004, por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en el juicio incoado por Arnaldo Salazar contra VEPACO C.A., donde se estableció que:
ii)”… Aún cuando se pueda afirmar que la presunción de la admisión de los hechos antes comentada reviste carácter absoluto, tal admisión opera esencialmente sobre los hechos ponderados por el demandante en su demanda no con relación a la legalidad de la acción o del petitum (rectius: pretensión)”…
iii) “… La ilegalidad de la acción supone que la misma se encuentra prohibida por la ley, no tutelada por el ordenamiento jurídico, mientras que la segunda preposición (contrariedad de la pretensión con el derecho) se orienta a la desestimación de la demanda por no atribuirle la ley a los hechos alegados, la consecuencia jurídica peticionada…”
Así las cosas, deben tenerse por admitidos los siguientes hechos:
1.- La existencia de la relación de trabajo entre la ciudadana Adriana Mora y la sociedad mercantil Distribuidora el Drago 2011 C.A.
2.- Fecha de inicio y terminación de la relación de trabajo, conforme a lo siguiente:
• Adriana Mora: Desde el 11 de julio de 2022 hasta el 03 de marzo de 2023.
3.- La Jornada alegada, de lunes a viernes de 07.30 am a 05.00 pm, (09 horas diarias).
4.- Que la causa de terminación de la relación de trabajo fue despido injustificado.
5.- Que la ciudadana Adriana Mora, prestó sus servicios como trabajadora en funciones administrativa, por 07 meses y veintiocho (28) días, para la sociedad mercantil Distribuidora el Drago 2011 C.A.
6.- El salario alegado, de (Bs D. 10.080,00) mensual.

Por otra parte, resulta oportuno resaltar que la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 1307 de fecha 25 de octubre de 2004, expresó que el Juez de Sustanciación tiene la inquebrantable misión de formarse convicción con relación a la legalidad de la acción consecuencialmente la pertinencia jurídica de la pretensión, aprovechándose del cúmulo probatorio incorporado a juicio.
En acatamiento de lo anterior, quien juzga procedió a revisar las pruebas promovidas por la parte actora entre las que se encuentran las siguientes documentales:
• Escrito constante de un (01) folio util y recibos de pagos marcados del numero 01 al 06.
• Comunicaciones via whapsaspp marcados desde el numero 07 al 226.
• Solicita exhibicion de los recibos de pagos en original cuya evacuación no corresponde en esta fase procesal.
Con respecto a la pretensión de la demandante, se considera que no es contraria a derecho, ya que, los beneficios laborales reclamados son consecuencia de la existencia de una relación de trabajo, y probada como fuere la misma, o en el presente caso admitida como ha quedado la relación de trabajo, se derivan los beneficios laborales inherentes a ella, cuya reclamación de los que fueren adeudados debe prosperar.
De lo anterior, determinado como ha quedado que la presente acción esta tutelada por el ordenamiento jurídico y que la pretensión de la demandante no es contraria a derecho se procederá a decidir sobre la referida pretensión conforme al efecto producido con ocasión de la incomparecencia de la parte demandada a la Audiencia Preliminar, cual es la Admisión de los hechos.
Por tal razón, le corresponde a la parte actora tal como fue reclamado en la presente demanda tal como consta a los folios (09 al 13) del presente expediente, el pago de las siguientes cantidades y conceptos:
De lo anterior, le corresponde a la trabajadora las siguientes cantidades y conceptos:
• Adriana Marily Mora Giménez:
• Prestaciones Sociales (antigüedad) de conformidad con el articulo 142 y 143 literales “A y B”
• (BS.D 20.790,00).
• Indemnización por despido injustificado de conformidad con el articulo 92 LOTTT
• (BS.D 20.790,00).
• Vacaciones, a base del criterio de la S.C S, sentencia N°31 de fecha 05 de febrero del 2002
• (BS.D 3.360,00).
• Bono Vacacional de conformidad con el artículo 192 de la LOTTT
• (BS.D 3.360,00).
• Utilidades de conformidad con el artículo 131 de la LOTTT
• (BS.D 23.520,00).

DECISIÓN
En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas este Juzgado Sexto de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por autoridad que le confiere la Ley declara:
PRIMERO: CON LUGAR la demanda interpuesta por la ciudadana Adriana Marily Mora Giménez, Venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-12.422.666, en contra de la sociedad mercantil Distribuidora el Drago 2011 C.A.
SEGUNDO: Se condena a la parte demandada la sociedad mercantil Distribuidora el Drago 2011 C.A, a pagar a la ciudadana Adriana Mora, la cancelación de los conceptos y cantidades de dinero señalado en la parte motiva de esta sentencia.

Adicionalmente, la parte demandada deberá pagar la corrección monetaria y los intereses moratorios equivalentes a la suma condenada para cada uno, calculados bajo los siguientes parámetros, conforme al criterio jurisprudencial emanado del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 1841, dictada por la Sala de Casación Social, en fecha 11/11/2008:
En lo que respecta a los intereses moratorios e indexación judicial causados por la falta de pago de la prestación de antigüedad consagrada en el artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, la misma deberá ser concebida constitucionalmente como una deuda de valor, en tal sentido se establece que el cómputo de los mismos debe hacerse desde la fecha en que la misma es exigible, vale decir, desde la fecha de finalización de la relación de trabajo.
Con relación al período a indexar de los otros conceptos derivados de la relación laboral, ésta deberá ser calculada desde la fecha de notificación de la demandada, hasta que la sentencia se declare definitivamente firme, excluyendo de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor.
Se advierte que de no procederse al cumplimiento voluntario de lo condenado, se aplicará lo establecido en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Dichos intereses e indexación se determinarán mediante experticia complementaria del fallo, por un único experto designado por este Juzgado en su oportunidad, considerando para ello la tasa de interés fijada por el Banco Central de Venezuela. Los honorarios del experto que designare el Tribunal, deberán ser pagados por la demandada, pudiendo la parte actora subrogarse en el pago de estos honorarios y acumular esta deuda a la cantidad a ejecutar.
TERCERO: Se condena en costas del proceso a la parte demandada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Sexto de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. En Barquisimeto, a los ocho (08) días del mes de enero de 2024. Año: 213° de la Independencia y 164° de la Federación.
La Juez
Abg. María Alejandra García
El Secretario
Abg. Nelson Apóstol
Nota: En esta misma fecha, siendo las 11:36 a.m. Se dictó y publicó la anterior decisión, agregándola al expediente físico y al sistema juris 2000. Año: 213° de la Independencia y 164º de la Federación.
El Secretario
Abg. Nelson Apóstol