REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA -EN SU NOMBRE- PODER JUDICIAL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, Diez (10) de Diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025) 215º y 166º ASUNTO: KP02-O-2025-000172 PARTE QUERELLANTE: Ciudadano JUAN CARLOS ARAUJO DE MEO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-12.435.335, de este domicilio. REPRESENTACION JUDICIAL DE LA PARTE QUERELLANTE: Abogados ALEXIS LATUFF, ANGEL MARTINEZ y LILIAN ARCAYA, debidamente inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 14.504, 300.475 y 147.240.- PARTE QUERELLADA: TRIBUNAL SEPTIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO IRIBARREN DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA, en la persona del Ciudadano TOMAS BRITO en su carácter de Juez.- SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA EN PRETENSION DE AMPARO CONSTITUCIONAL. -I- SINTESIS PROCESAL.- En fecha 09/12/2025 fue presentado el presente Amparo Constitucional de forma oral, del cual previo sorteo de ley correspondió su conocimiento a este Juzgado, quien en misma fecha procedió a levantar acta de la exposición oral del querellante. Es así, que encontrándose este Juzgado en la oportunidad correspondiente para emitir pronunciando con respecto a du admisión, se realiza al tenor siguiente: -II- ÚNICO Por cuanto la parte querellante ejerció la acción alegando oralmente los hechos facticos y sus fundamentos, se procede a transcribir el acta levantada: “Recurro ante este tribunal a los fines de exponer acción de amparo constitucional en contra de los actos de omisión vulneración del debido proceso y derecho a la defensa en contra del Tribunal Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medida del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del estado Lara, correspondiente a los asuntos que cursan por ese Tribunal que son KP02-V-2025-1212 y KN07-X-2025-000004 en virtud que se realizaron conforme al debido proceso, recurso de apelación, se realizó la apelación del acto emitido por ese tribunal en el cuaderno de medida sobre la restitución de la parte demandada al inmueble que se encuentra plenamente identificado ubicado en la carrera 19 entre 21 y 22 edificio lomas de Bonilla, sobre un inmueble de uso local que se encuentra ubicado en la planta baja, asimismo el 08 de diciembre del presente año en horas de la tarde aproximadamente como a las 02:00 pm se recusó al ciudadano Juez por la opinión adelantada en base a unas pruebas que se constan en el expediente asimismo se le solicitó que se inhibiera en el asunto, el cual recibió y manifestó de forma verbal al doctor Alexis Lattuf Briceño, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro V-2.369.959, e inscrito en el IPSA bajo el Nro. 14.504, que se iba a inhibir y desprender del asunto por cuanto el estaba esperando esa recusación de hace varios días, asimismo con dicha recusación debe abstenerse el Tribunal de conocer el mismo y el expediente debe ser retribuido a otro tribunal que conozca el asunto a razón de que se han realizado todas las actuaciones referidas conforme al debido proceso y lo correspondiente en el Código de Procedimiento Civil, aunado a ello el tribunal sigue conociendo del asunto y dilatando el proceso, asimismo en horas de la mañana me apersono al tribunal a realizar la respectiva revisión del expediente el cual no se me fue entregado y me consigo con que están levantando el acta para realizar la restitución del referido inmueble vulnerando el debido proceso a la defensa y configurándose el acto de omisión a la respectiva solicitud realizada y a la recusación que se realizó el día de ayer. Fundamentó la presente acción de amparo conforme a derecho, Ley de amparo y garantías constitucionales, artículos 1, 2, 3, 4 y 5 concatenados con el precepto constitucional del artículo 49, violación del debido proceso. En razón de lo antes expuesto solicito a este TRIBUNAL que declare con lugar la acción de amparo y sea sustanciada conforme a ley, segundo en virtud que paralice o revoque la acción de la restitución ya que la misma causa o causará un daño irreparable, por lo que solicito se oficie de manera emergente al tribunal que se abstenga de realizar cualquier acto que siga vulnerando el debido proceso y que se le sea notificado. Igualmente solicito que los expediente arriba identificado sea debidamente remitido a otro tribunal por la recusación presentada y que mientras se resuelva dicha recusación el tribunal arriba identificado no siga conociendo del asunto. Es todo.-“ DE LAS PERTINENTES CONCLUSIONES Sin lugar a dudas el Amparo Constitucional es un mecanismo sancionado en nuestra Carta Magna para proteger a los ciudadanos contra violaciones o restricciones a sus derechos fundamentales no autorizados y provenientes de una acción u omisión particular o del propio Estado, a través de cualquiera de sus órganos, mediante un procedimiento breve sensiblemente sustraído de las dilaciones y tramitaciones propias de la jurisdicción ordinaria. Nuestra vigente Constitución Nacional, en una serie de capítulos consagró derechos individuales, sociales, económicos, y políticos de los habitantes de la República Bolivariana de Venezuela, pues bien, es tan especial el recurso que nos ocupa, que podemos sostener con toda responsabilidad que uno de esos derechos que es también garantía constitucional, es el derecho de Amparo al que se refiere el artículo 27 de nuestra Carta Magna, que tiene su expresión legislativa en la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Es así como el Amparo protege a todo habitante de la República Bolivariana de Venezuela lo cual significa que puede ser utilizado por cualquier persona que se encuentre en el país, sea venezolano por nacimiento o por nacionalización o también extranjero en cualquier condición en que se encuentre y también por las personas jurídicas en los derechos que a ellas se refieren, que no son otros que aquellos derechos y garantías que la Constitución establece, y más aún lo establecidos por ella, pero que constituyan derechos fundamentales, por lo que hay que hacer la salvedad que la enunciación de estos no debe ser entendida como negación de otros que siendo inherentes a la persona humana no figuren expresamente en aquella, de tal suerte que nuestra Carta Magna a querido dejar un espacio a nuevos derechos que pudieran aparecer en el proceso evolutivo del mundo y de la sociedad. Desde luego que, a la luz de estas consideraciones adquieren enorme importancia los derechos que se enuncian en las Declaraciones Universales de los Derechos del Hombre, en la Convención Americana de los Derechos Humanos o los Pactos Internacionales de los Derechos Civiles, Políticos, Económicos y Sociales, que por una parte son ley de la República por haber sido aprobado por leyes especiales del congreso, y por la otra, tratándose de derechos humanos consagrados en convenciones internacionales asumidas como vinculantes por la República de Venezuela, tienen rango constitucional. La doctrina más acertada nos enseña que en la actualidad existen varias generaciones de derechos humanos. Los de las primeras declaraciones de las Constituciones de Filadelfia y de la Revolución Francesa, de marcado sentido individualista (derecho a la vida, a la propiedad, y a la obtención de la felicidad), que constituyeron la primera generación; los derechos sociales, culturales, económicos y políticos, a los cuales rinden culto las mayorías de las Constituciones, pero cuya realización efectiva a confrontado graves obstáculos ante la ausencia de una verdadera y autentica política de amplitud democrática, y; recientemente en virtud de los nuevos esquemas y parámetros que reclaman las relaciones entre los pueblos, se habla de una tercera generación de los derechos humanos, como son el derecho a la paz, a la libre determinación y al disfrute de un ambiente ecológico adecuado. Nuestra Constitución Nacional con un sabio y acertado criterio de amplitud y una clara filosofía de política de avanzada, esencial al Estado de Derecho a toda Democracia que se precie de tal, dejó una puerta abierta para el amparo de nuevas condiciones sociales, económicas y políticas sobrevenidas dentro del devenir histórico de la sociedad. DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INVOCADAS De la exposición oral y transcrita en el acta de fecha 09/12/2025, el querellante se amparó en la siguiente garantía constitucional: Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley. 2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. 3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete. 4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto. 5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes. 7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente. 8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la magistrada, del juez o de la jueza; y el derecho del Estado de actuar contra éstos o éstas. Al respecto, esta Sala Constitucional estableció en su sentencia Nº 492 del 31 de mayo de 2000, lo siguiente: “Tal como ha sido narrado, en el presente caso la parte actora invoca como fundamento de su acción la violación de una prolija cantidad de normas de orden legal para de allí derivar la vulneración de sus derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso. Esta práctica o forma de ejercer la acción de amparo no resulta aislada o excepcional, antes por el contrario, ha venido observando esta Sala que la misma se ha convertido en el modo más frecuente de ejercer este tipo de acción, lo cual obliga a formular un llamado de atención al foro jurídico y en especial a los abogados que frecuentemente hacen uso de este medio procesal, para que se tenga presente que a los fines de la procedencia de la acción de amparo es menester la confrontación directa del hecho, acto u omisión presuntamente lesivos, con la norma constitucional que se denuncia como conculcada. Tener presente lo anterior contribuiría a evitar no solo las posibilidades de fracasar al momento en que sea decidido el asunto sino también a evitar que este alto Tribunal distraiga inútilmente su tiempo examinando materias que escapan al ámbito propio de su jurisdicción”. En este orden debe insistirse que la acción de amparo constitucional está concebida como una protección de derechos y garantías constitucionales stricto sensu; de allí que lo realmente determinante para resolver acerca de la pretendida violación, es que exista una violación de rango constitucional y no legal, ya que si así fuere el amparo perdería todo sentido y alcance y se convertiría en un mecanismo ordinario de control de la legalidad. Lo que se plantea en definitiva es que la tuición del amparo esté reservada para restablecer situaciones que provengan de violaciones de derechos y garantías fundamentales, pero de ninguna forma de las regulaciones legales que se establezcan, aun cuando las mismas se fundamenten en tales derechos y garantías. SOBRE LA INADMISIBILIDAD DEL AMPARO CONSTITUCIONAL. Antes de emitir pronunciamiento este Tribunal actuando en Sede Constitucional se permite traer a consideración decisiones recientes dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sumamente relacionadas con la situación planteada por el querellante, así, la decisión de fecha 07/10/2009 (Exp. 09-0114) estableció: El artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, textualmente preceptúa lo siguiente: Artículo 6: No se admitirá la acción de amparo: (…) 5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. Esta Sala ha establecido, en reiteradas decisiones, las condiciones en las cuales opera la demanda de amparo constitucional, en los siguientes términos: ...es criterio de esta Sala, tejido al hilo de los razonamientos precedentes, que la acción de amparo constitucional opera bajo las siguientes condiciones: a) Una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación jurídico constitucional no ha sido satisfecha; o b) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de su urgencia, no dará satisfacción a la pretensión deducida. La disposición del literal a), es bueno insistir, apunta a la comprensión de que el ejercicio de la tutela constitucional por parte de todos los jueces de la República, a través de cualquiera de los canales procesales dispuestos por el ordenamiento jurídico, es una característica inmanente al sistema judicial venezolano; por lo que, en consecuencia, ante la interposición de una acción de amparo constitucional, los tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos, que de no constar tales circunstancias, la consecuencia será la inadmisión de la acción, sin entrar a analizar la idoneidad del medio procedente, pues el carácter tuitivo que la Constitución atribuye a las vías procesales ordinarias les impone el deber de conservar o restablecer el goce de los derechos fundamentales, por lo que bastaría con señalar que la vía existe y que su agotamiento previo es un presupuesto procesal a la admisibilidad de la acción de amparo. La exigencia del agotamiento de los recursos a que se refiere el aludido literal a), no tiene el sentido de que se interponga cualquier recurso imaginable, sino sólo los que permitan reparar adecuadamente lesiones de derechos fundamentales que se denuncian. No se obliga, pues, a utilizar en cada caso todos los medios de impugnación que puedan estar previstos en el ordenamiento procesal, sino tan sólo aquellos normales que, de manera clara, se manifiesten ejercitables y razonablemente exigibles...(s. S.C. n° 1496, de 13-08-01, exp. 00-2671. Resaltado añadido). Por otra parte, esta Sala Constitucional ha señalado, reiteradamente, que son inadmisibles las pretensiones de amparo que se propongan contra pronunciamientos judiciales, sin que, previamente, se hubiesen agotado los medios ordinarios u extraordinarios de impugnación preexistentes, a menos que el peticionario alegue y pruebe causas o razones valederas que justifiquen la escogencia de dicho mecanismo de tutela de derechos constitucionales (Cfr., entre otras, ss S.C. n.° 939/00; 1496/01; 2369/01 y 369/03). (Negritas y cursivas del Tribunal). Igualmente, en decisión de fecha 21/07/2009 (Exp. 08-0898) la misma Sala aludida expresó: Es por ello que, en principio, cuando la parte actora tiene la posibilidad del ejercicio del recurso ordinario de apelación, la vía de la tutela constitucional le está negada, por cuanto aquel contaba con una vía procesal idónea para que hiciera valer sus derechos. Por lo tanto, si bien es cierto que, en otras oportunidades, esta Sala ha establecido la posibilidad de la proposición de la pretensión de amparo constitucional, aun cuando exista una vía ordinaria para la delación del acto supuestamente lesivo, de igual forma se ha advertido la carga del demandante de alegación, fundamentación y demostración de los motivos por los cuales consideró necesario su empleo, pues su incumplimiento devendría en la inadmisión de la demanda, conforme con lo que ordena el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En consecuencia, estima esta Sala que no puede pretender el quejoso la sustitución, con el amparo constitucional, de los medios o recursos que dispuso el ordenamiento procesal para el restablecimiento de la supuesta situación jurídica infringida, pues ellos constituyen la vía idónea para la garantía de la tutela judicial eficaz y sólo cuando no obtenga una respuesta o haya una dilación procesal indebida, el interesado podrá proponer la protección constitucional. La admisión de lo contrario llevaría a la desaparición de las vías judiciales que dispuso el legislador para el aseguramiento de los derechos e intereses de las partes dentro de un determinado proceso. En definitiva, el supuesto agraviado no propuso, contra el acto jurisdiccional fallo supuestamente lesivo, el medio ordinario de impugnación idóneo y disponible, esto es, la apelación, además, de que tampoco justificó o puso en evidencia, en la demanda, las razones por las cuales optó por el ejercicio de la tutela constitucional, lo cual permite la subsunción de la pretensión sub examine en la causal de inadmisibilidad que preceptúa el cardinal 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide. (Negritas de este Tribunal). De conformidad con el criterio imperante en nuestra Máxima Jurisdicción el amparo constitucional no es una vía ordinaria cualquiera o paralela en la que lo rápido del procedimiento es razón suficiente para su interposición. El amparo constitucional es un recurso extraordinario y solo puede ser invocado cuando no exista otro medio concebido por el legislador para brindar tutela judicial efectiva o cuando existiendo, la situación no pueda ser solventada con la celeridad y efectividad necesaria para considerar garantizado el derecho constitucional. En este sentido, es carga de todo querellante exponer las razones por las cuales ha optado por esta vía extraordinaria, prescindiendo de las otras vías ordinarias, y aun cuando se trate de lesiones al orden público. En el caso de autos, la querellante alegó la transgresión de sus derechos fundamentales desde el año 2009 hasta la presente fecha, en razón de las evasiones de responsabilidades administrativas de la junta de condominio, excluyéndola de reuniones y proyectos concernientes a la junta de condominio, siendo además acosada y agredida constantemente. Sobre ello, es menester advertir al justiciable, que el mismo tiene a disposición un abanico de mecanismos legales que le otorga el ordenamiento jurídico para atacar cada uno de los alegatos explanados, siendo imprudente pretender resolverlos por medio de ésta irrita pretensión de amparo de manera acumulada como ha sido presentada, lo que permite determinar que la situación de marras no se puede ventilar por la vía constitucional. Así se decide.- Invocado los preceptos anteriores, se prosiguió a la puntualización de los actos realizados por el tribunal querellado y alegados como omisivos y violatorios. La parte querellante aludió que dichas actuaciones se corresponden a los asuntos KP02-V-2025-001212, asunto principal y su cuaderno de medidas cautelares KN07-X-2025-000004. Por un lado, el querellante alegó que fue ejercido por ellos el recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria dictada por el tribunal querellado que ordenó la restitución del inmueble a favor del demandado de dicho asunto, sin agregar nada más. Asimismo, en fecha 08/12/2025 presentaron recusación contra el juez en razón de opinión adelantada en providencia de pruebas en incidencia de oposición a la medida cautelar, siendo el caso que, a la fecha 09/12/2025, misma en la que presentaron el presente Amparo Constitucional de forma oral, el tribunal querellado aún sigue conociendo del asunto y no ha realizado la correspondiente distribución del asunto a otro tribunal, situación que dilata el proceso a la óptica del querellante, aunado a ello, mencionó que posteriormente se apersonó al tribunal a solicitar el expediente, siendo informado de la imposibilidad de su facilitación por cuanto se estaba levantando acta para realizar restitución, siendo en conclusión lo anterior, las actuaciones que vulneraron la esfera jurídica del querellante. Deslindado las motivaciones anteriores, es propicio resaltar que no fue consignado documental alguna que permita a este Juzgado evidenciar palpablemente las actuaciones alegadas en su exposición libelar oral, así como tampoco mencionó la posterior consignación de estos para el adecuado vislumbramiento del asunto bajo estudio, motivo por el cual quien aquí decide, por medio de la notoriedad judicial a través del sistema juris2000 debió revisar informáticamente los asuntos señalados, añadiendo a ello que la información en el sistema no es concretamente verídica por las posibles fallas que puedan presentar, siendo lo idóneamente fiable la documentación física, advirtiendo que los datos detallados que no fueron facilitados por la querellante, fueron obtenidos a través de la revisión informática de los asuntos. Ahora bien, resulta notorio que la aseveración del querellante se centra específicamente a la tramitación de la recusación que éste mismo planteó, toda vez que sobre la sentencia que declaró procedente la oposición a la medida cautelar de secuestro sobre el inmueble mencionado, fue ejercido el pertinente recurso de apelación por la representación judicial del hoy querellante, misma que fue oída en el efecto devolutivo. Así pues, de la revisión al asunto KP02-V-2025-001212 se observó auto de fecha 08/12/2025 en la que se ordenó la apertura del cuaderno de recusación signado con la nomenclatura KN07-X-2025-000015 (el cual no fue mencionado por el querellante, pero resultaba propicia su revisión por tratarse de la omisión alegada por ésta), y si bien el querellante el día 09/12/2025, fecha en la que presentó el amparo constitucional, en misma fecha el tribunal querellante dictó sentencia interlocutoria con fuerza definitiva declarando inadmisible la recusación planteada, pues de acuerdo a lo previsto en el artículo 92 del código de procedimiento civil establece un lapso de dos días para dictar el pronunciamiento respectivo, es decir, el mismo día en la que se planteó la recusación o al siguiente, evidenciándose que el juez del tribunal querellado emitió pronunciamiento dentro del lapso conforme a ley, no siendo ello un acto transgresor a los derechos constitucionales, añadiendo a ello que, el querellante en cuestión no determinó concisamente a qué ordinal del art. 49 hacía referencia, pues no le es dable la toma genérica del mismo. En tal sentido, tratándose la continuación del conocimiento del asunto por el tribunal querellado luego de la recusación planteada, como motivo para ejercer el presente recurso de amparo constitucional, es determinativo que no se trata de un acto de omisión que transgreda los derechos y garantías constitucionales del querellante, sino que al contrario, resulta notorio la rebeldía del querellante al irrespetar las formas sustanciales de las normas legales que regulan el modo, tiempo y lugar en que se verifica cada actuación procesal, pues el querellante no permitió que el tribunal querellado emitiera pronunciamiento en el tiempo previsto por la ley cuando ya se encontraba pretendiendo el amparo constitucional, concluyendo quien aquí decide que no fue evidenciado y/o demostrado por el accionante, la violación de derecho constitucional alguno, por lo que resultaría en tal caso improcedente la pretensión incoada. En este orden, es necesario traer a colación el criterio reiterado y vinculante establecido en la Sentencia N° 659, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Constitucional en el expediente signado con la nomenclatura 22-0498, de fecha 18 de Agosto del año 2022, con ponencia de la Magistrada: Tania D'AmelioCardiet; Partes Intervinientes: LUIS GERARDO MORA CHACÓN; en la cual la Sala establece: “De acuerdo a lo anterior y visto que la sentencia objeto de apelación declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta en contra de la referida sentencia, de conformidad en lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucional, por considerar que el acciónate ejerció “…la vía ordinaria del recurso de apelación…”, esta Sala considera menester destacar que la referida norma legal, establece, entre otras, como causal de inadmisibilidad de las acciones de amparo constitucional, que el presunto agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o no haya hecho uso de los medios judiciales preexistentes …OMISIS… Tal disposición a la letra señala: “Artículo 6. No se admitirá la acción de amparo: …OMISIS… 2) Cuando la amenaza contra el derecho o la garantía constitucionales, no sea inmediata, posible y realizable por el imputado; Ahora bien, es doctrina reiterada de esta Sala, en relación con el artículo transcrito supra, que la admisibilidad de la demanda de amparo está sujeta a que el interesado no cuente con vías judiciales ordinarias o medios judiciales preexistentes, o bien que, ante la existencia de estos, los mismos no permitan la reparación apropiada del perjuicio a los derechos o garantías constitucionales que se denuncian como presuntamente vulnerados. (Negritas Propias del Tribunal). En los términos como ha sido expuesta la querella, es evidente que lo alegado como acto de omisión violatoria, no le es imputable al querellado, pues el mismo actuó dentro de los parámetros legales previstos por el ordenamiento jurídico. Por lo que, en base a todo lo expuesto anteriormente, este Juzgado actuando en sede constitucional y de conformidad con el cardinal 2 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales declara inadmisible de manera sobrevenida el presente amparo constitucional.- Así se establece.- Finalmente y dada la naturaleza de la presente decisión, como bien lo ha determinado en forma pacífica la Jurisprudencia y Doctrina Nacional, es evidente que se configuró un supuesto legal que releva a éste Órgano Jurisdiccional de emitir pronunciamiento en torno al mérito de la Acción de Amparo Constitucional objeto del presente proceso, así como inútil resulta la valoración de las pruebas presentadas, y así se decide.- -III- DECISIÓN En mérito de las precedentes consideraciones, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la circunscripción Judicial del Estado Lara, actuando en sede Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara: INADMISIBLE IN LIMINE LITIS, la Acción de Amparo Constitucional, intentada por JUAN CARLOS ARAUJO DE MEO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-12.435.335, de este domicilio contra actuaciones del TRIBUNAL SEPTIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO IRIBARREN DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA, en la persona del Ciudadano TOMAS BRITO en su carácter de Juez. No hay condenatoria en costas dada la naturaleza de la presente decisión. PUBLIQUESE. REGISTRESE. Y DEJESE COPIA CERTIFICADA. Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Estado Lara con sede en Barquisimeto, a los Diez (10) de Diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025). Años 215° de la Independencia y 166° de la Federación. Sentencia N° 536. Asiento N° 17. El Juez Constitucional, Abg. Daniel Escalona Otero. El Secretario Suplente, Abg. Gustavo Adrián Gómez Albarrán. Seguidamente se publicó siendo las 09:49 a.m., y se dejó copia certificada en el copiador de sentencias llevado por este juzgado. El Secretario Suplente, Abg. Gustavo Adrián Gómez Albarrán.