TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.
Años: 215º y 167º
Expediente N° AP11-V-FALLAS-2023-000589
Sentencia Interlocutoria con Fuerza de Definitiva

DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS

PARTE DEMANDANTE: Sociedad Mercantil SERVICIOS Y CONSTRUCIONES LUMICA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil del Estado Monagas, en fecha 30 de marzo de 2012, bajo el Nº 62, Tomo 24-A.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: Abogado ANTONIO MIGUEL SCOCCIA CHOPITE, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 114.284.
PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil STALCO SHIPPING AND BROKERAGE, C.A., inscrita en la República de las Islas Vírgenes bajo el Nº 1471968, inscrita en Venezuela en el Registro de Información Fiscal RIF J-40457977-0
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: No constituyó en autos apoderado judicial alguno.
MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
.
-II-
Se plantea la presente controversia en virtud de la demanda de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO , presentada por la sociedad mercantil SERVICIOS Y CONSTRUCIONES LUMICA, C.A., contra la sociedad mercantil STALCO SHIPPING AND BROKERAGE, C.A., plenamente identificados, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.), de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 16 de junio de 2023, correspondiéndole conocer de la misma a este Juzgado, en virtud de la distribución respectiva.-
En fecha 29 de junio de 2023, este Juzgado admitió la presente demanda por CUMPLIENTO DE CONTRATO, de conformidad con lo establecido en el artículo 338 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y se ordenó la citación de la parte accionada, para que compareciera a los veinte (20) días de despacho, siguientes a la constancia en autos de su citación, a fin de que diera contestación a la demanda incoada en su contra u opusiera las defensas que creyera pertinentes y se instó a la representación de la parte actora, a consignar los fotostatos correspondientes a los fines de librar la compulsa y la apertura del cuaderno de medidas.
En fecha 06 de julio de 2023, compareció el abogado EDILSON CONTRERAS DÍAZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 100.459, y consignó dos juegos de copias a los fines de librar la compulsa y la apertura del cuaderno de medidas.
Por auto de fecha 11 de julio de 2023, este Tribunal dictó auto mediante el cual insto a la representación de la parte actora, a indicar quien es el representante legal de la Sociedad Mercantil STALCO SHIPPING AND BROKERAGE, C.A.
En fecha 12 de julio de 2023, compareció el abogado EDILSON CONTRERAS DÍAZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 100.459, indicando el representante legal de la Sociedad Mercantil STALCO SHIPPING AND BROKERAGE, C.A., ciudadano MARIO LUIZ DE MANUEL, de nacionalidad estadunidense, titular de la cédula de identidad Nº E-84.598.724.
Por auto de fecha 18 de julio de 2023, este Tribunal ordenó librar la compulsa a la parte demandada, Sociedad Mercantil STALCO SHIPPING AND BROKERAGE, C.A., en la persona de su representante legal, ciudadano MARIO LUIZ DE MANUEL, de nacionalidad estadunidense, titular de la cédula de identidad Nº E-84.598.724, y se apertura el cuaderno de medidas.
En fecha 21 de julio de 2023, compareció el abogado EDILSON CONTRERAS DÍAZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 100.459, consignando los emolumentos necesarios para la práctica de la citación de la demandada.
En fecha 27 de julio de 2023, el alguacil designado al efecto, ciudadano José F Centeno, consignó compulsa por cuanto le fue imposible cumplir con la misión encomendada.
En fecha 07 de agosto de 2023, compareció el abogado EDILSON CONTRERAS DÍAZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 100.459, y solicitó la citación de la parte demandada mediante carteles.
Por auto de fecha 10 de agosto de 2023, este Tribunal ordenó librar cartel de citación a la parte demandada, Sociedad Mercantil STALCO SHIPPING AND BROKERAGE, C.A., en la persona de su representante legal, ciudadano MARIO LUIZ DE MANUEL, de nacionalidad estadunidense, titular de la cédula de identidad Nº E-84.598.724.
En fecha 19 de septiembre de 2023, compareció el abogado EDILSON CONTRERAS DÍAZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 100.459, y consignó cartel de citación publicado en los diarios diario “Ultimas Noticias y Vea”, los cuales fueron agregados al expediente por auto de fecha 22 de septiembre de 2023, este Tribunal ordenó agregar ejemplar del cartel de citación librado a la parte demandada.
En fecha 21 de noviembre de 2023, compareció el abogado EDILSON CONTRERAS DÍAZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 100.459, y solicitó se designara defensor Ad-Litem.
Por auto de fecha 24 de noviembre de 2023, este Tribunal dictó auto mediante el cual negó lo solicitado por diligencia de fecha 21 de noviembre de 2023, e instó a la representación judicial de la parte actora a dar cumplimiento con la formalidad establecida en el artículo 233 del Código Adjetivo Civil.
En fecha 13 de agosto de 2024, compareció el abogado ANTONIO MIGUEL SCOCCIA CHOPITE, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 114.284, y consignó escrito de reforma de la demanda.
En fecha 27 de junio de 2024, compareció el abogado ANTONIO MIGUEL SCOCCIA CHOPITE, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 114.284, y consignó poder y revocatoria de poder, debidamente autenticados por ante la Notaria Pública Primera de la ciudad de Maturín, Estado Monagas.
Por auto de fecha 17 de septiembre de 2024, este Tribunal admitió el escrito de reforma por los trámites del Procedimiento Ordinario de conformidad con lo establecido en el artículo 338 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y se ordenó la citación de la parte accionada, para que compareciera a los veinte (20) días de despacho, siguientes a la constancia en autos de su citación, a fin de que diera contestación a la demanda incoada en su contra u opusiera las defensas que creyera pertinentes y se instó a la representación de la parte actora, a consignar los fotostatos correspondientes a los fines de librar la compulsa, presentado en fecha trece (13) de agosto de 2024.
En fecha 02 de octubre de 2024, compareció el abogado ANTONIO MIGUEL SCOCCIA CHOPITE, consignó los fotostatos a los fines de librar la compulsa a la parte demandada y asimismo, consignó los emolumentos necesarios para la citación de la parte demandada.
Por auto de fecha 09 de octubre de 2024, este Tribunal instó a la representación de la parte actora a consignar los fotostatos restantes, a los fines de librar la respectiva compulsa.
Por auto de fecha 15 de octubre de 2024, este Tribunal ordenó cerrar la pieza principal constante de trescientos treinta y siete (337) folios útiles, por cuanto se hace sumamente dificultoso su manejo, y ordenó abrir una nueva pieza denominada número II.
En fecha 16 de octubre de 2024, compareció el abogado ANTONIO MIGUEL SCOCCIA CHOPITE, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 114.284, y consignó los fotostatos restantes a los fines de librar la compulsa a la parte demandada.
Por auto de fecha 17 de octubre de 2024, este Tribunal ordenó librar la compulsa a la parte demandada, Sociedad Mercantil STALCO SHIPPING AND BROKERAGE, C.A., en la persona de su representante legal, ciudadano MARIO LUIZ DE MANUEL, de nacionalidad estadunidense, titular de la cédula de identidad Nº E-84.598.724.
En fecha 04 de noviembre de 2024, el alguacil designado al afecto, ciudadano Julio O. Arrivillaga Rodríguez, y consignó compulsa por cuanto le fue imposible cumplir con la misión encomendada.
Después de la última actuación, no se observa en el expediente diligencia alguna realizada por la parte actora para la continuación del presente procedimiento.
Por último, en fecha mediante auto de fecha 29 de enero de 2026, se abocó a la presente causa la Juez que suscribe.
-III-
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Ahora bien, en virtud de lo antes trascrito, este Tribunal previamente estima realizar las siguientes consideraciones de orden fáctico y jurídico:
El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil Venezolano, dispone:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”.
Asimismo, establece el Artículo 269 eiusdem lo siguiente:
“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.”
La doctrina y jurisprudencia, ha sido conteste al señalar que la perención de la instancia “…consiste en la extinción del proceso por el transcurso del tiempo previsto en la ley, sin que se hubiese verificado acto de procedimiento capaz de impulsar el curso del juicio…” (Vid. Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia de fecha 20/12/2001, caso: Emiliano Escobar Añez).
Igualmente, en sentencias reiteradas, se ha señalado en cuanto a la institución de la perención “...otro aspecto de importancia que fue determinado en la jurisprudencia tanto de la Sala de Casación Civil, como de la Sala Político Administrativa, es que no todo acto de procedimiento de parte impide la consumación de la perención, sino sólo aquél que contenga implícita la intención de impulsar el proceso. Así, por ejemplo, ambas Salas han establecido de forma reiterada que la solicitud de copias certificadas o la consignación de escritos, en modo alguno constituyen manifestaciones de la intención de la parte en dar continuación al proceso y, por tanto, esos actos no son capaces de interrumpir la perención…” (Vid. Sala de Casación Civil, fecha 08/02/2002, caso: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (I.N.A.V.I.), antes Banco Obrero, contra el ciudadano JOSÉ ANTONIO RÍOS TORRES).
Es así como, quiso el legislador que ante la falta de impulso para la prosecución y debida culminación de la tutela invocada ante el órgano administrador de justicia, sancionar aquel comportamiento negligente de la o de las partes, pues, el fin público de todo proceso es que se tutele aquel derecho deducido, pues para ello se ha puesto en movimiento el aparato jurisdiccional, a fin de que se emita un fallo que se pronuncie con relación al fondo de la causa o en su defecto, a través de la autocomposición procesal, ello como las más sana garantía de que los juicios no pueden eternizarse a voluntad de las partes o del órgano.
La institución de la perención se caracteriza por su naturaleza de orden público, pues de conformidad con lo previsto en el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, arriba transcrito, se facultad al Juez a declarar de oficio la perención, ello por encontrarse el interés del Estado en su función jurisdiccional representativa del interés colectivo por encima del interés particular, de quienes desean la continuación de un proceso perimido, siendo por ello que, se ha mantenido tanto a través de la doctrina y la jurisprudencia, que no cualquier actuación de las partes puede, interrumpir el plazo para el cómputo de la perención, debiendo entenderse que el impulso se refiere a aquella actividad dirigida a poner en movimiento el proceso mismo, para que se cumplan todos y cada uno de los lapsos procesales previamente establecidos por el legislador, por lo que en atención a ello, por ejemplo, la solicitud de copias certificadas, no se corresponde a una actuación en pro del procedimiento, pues este tipo de actuación no da impulso propiamente.
Es por ello que el impuso procesal, que debe darse a todo proceso el cual ha sido puesto bajo la palestra del conocimiento de la jurisdicción, debe ser impulsado por los interesados en que se le administre justicia, en resguardo de la tutela invocada ante el órgano, por lo tanto son las partes las responsables de dar propulsión al mismo, tal y como quedara retirado por nuestro alto Tribunal, al señalar: “... Del contenido de la referida norma se concluye que el impulso procesal requerido deben darlo los litigantes, vale decir, que es responsabilidad de ellos el mantener con vida jurídica el proceso, conducta que, por otra parte denota interés en que se resuelva la controversia en los lapsos procesales establecidos; lo contrario, el abandono del juicio, lleva a concluir que los intervinientes al no realizar ningún acto capaz de impedir que transcurra cualquiera de los lapsos en comentario, manifiestan tácitamente su intención de no continuar con el litigio....se concluye que la ausencia de impulso procesal, es sancionada con la perención, ante la inercia de quien tiene a su cargo la ejecución de una conducta con idoneidad para hacer avanzar el proceso hacia su fin natural....” (Vid. Sala de Casación Civil, sentencia de fecha 15/02/2009, caso: RAMÓN IGLESIAS ACOSTA, CARLOS EDUARDO DÍAZ y LEÓN IZAGUIRRE ALEMÁN)
Es por ello que, ante la sanción impuesta por la ley ante la inactividad procesal de alguna de las partes, esta presenta una consecuencia inmediata, la cual se encuentra prevista en el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil y ella consiste en la inadmisibilidad “pro tempore” de una nueva demandada, es decir, la parte actora no podrá volver a intentar la acción ante de que transcurran noventa (90) días continuos una vez verificada la perención de la instancia.
Adicional a lo anterior, en razón de la sanción impuesta por la ley en relación a la inactividad de las partes, se tiene que, si en la causa, ha sido decretada alguna medida cautelar, esta como consecuencia de la extinción del procedimiento, la misma sucumben, lo cual ha sido reiterado por nuestro máximo tribunal, en el sentido de que: “... extinguido el proceso por haberse declarado la perención, cesan los efectos de las medidas preventivas decretadas en el juicio pues corren la misma suerte que el juicio principal,...” (Vid. Sentencia 108, de fecha 27 de abril de 2001, caso: JOSÉ JOAQUÍN MARTINS y otra, contra MARTÍN ALSINA CAMPRUBI y otros).
Es por ello que ante tal figura jurídica y su consecuente sanción, y del recuento de las actas que conforman el presente asunto se observa que desde el día cuatro (04) de diciembre de 2024, fecha en que la cual el alguacil designado al efecto consignó la compulsa dirigida a la parte demandada por la imposibilidad de practicar la citación, la parte actora no volvió a comparecer a las actas del presente asunto a realizar ninguna otra actuación que conlleve al convencimiento de quien aquí suscribe que existe impulso procesal alguna, quedando en clara evidencia que transcurrieron más de un (01) año, sin que cualesquiera de los involucrados haya dado impulso procesal a la presente demanda, por lo que resulta forzoso para esta Juzgadora concluir que, el supuesto de hecho establecido en el encabezado del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, se encuentra debidamente verificado en el caso de marras, por cuanto se aprecia que ante la existencia del proceso correspondía a la parte interesada impulsar el procedimiento para que el mismo continuará y se cumplieran las distintas etapas del juicio, en consecuencia por cuanto ha transcurrido por ante este Despacho más del tiempo indicado en la norma adjetiva sin que se haya efectuado actuación alguna en el expediente, es por lo que se considera perimida la instancia en el presente asunto y en consecuencia extinguido el procedimiento, y así se declara.
-IV-
DISPOSITIVO
Por los planteamientos de hecho y de derecho antes expuestos, este TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, del presente juicio que por COBRO DE BOLIVARES (INTIMACIÓN), intentado por la Sociedad Mercantil SERVICIOS Y CONSTRUCIONES LUMICA, C.A., contra la Sociedad Mercantil STALCO SHIPPING AND BROKERAGE, C.A., en la persona de su representante legal, ciudadano MARIO LUIZ DE MANUEL, de nacionalidad estadunidense, titular de la cédula de identidad Nº E-84.598.724, todo de conformidad con lo estatuido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, concatenado con el artículo 269 eiusdem, con la consecuencia establecida en el artículo 271 del mismo Código, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la solicitud antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención.
PUBLÍQUESE INCLUSO EN LA PÁGINA WEB WWW.CARACAS.TSJ.GOB.VE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE DECISIÓN.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en la ciudad de Caracas, a los ________ días del mes de abril del año dos mil vveintiséis (2026). Año 215º de la Independencia y 16° de la Federación. -
LA JUEZ,

AURORA MONTERO BOUTCHER.
EL SECRETARIO,
ANGEL G. CELIS
En la misma fecha siendo las 2:30 p.m., se registró y publicó la anterior sentencia.
EL SECRETARIO,
ANGEL G. CELIS