REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, dieciséis de abril de dos mil veintiséis 215º y 167º ASUNTO: KP02-S-2026-001984 PARTE SOLICITANTE: DENISSE JACQUELINE MARTINEZ, abogada en ejercicio e inscrita en el I.P.S.A., bajo el N° 92.293, actuando en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana: SOLYMAR SALAZAR, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, y Titular de la Cédula de Identidad N° 6.356.330. MOTIVO: SOLICITUD DE EXEQUÁTUR PARA SENTENCIA EXTRANJERA DE DIVORCIO. SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA Las presentes actuaciones fueron recibidas por ante la URDD Civil, en fecha 09/04/2026, siendo las 11:57 a.m., constante de nueve (09) folio útil y 17 anexos; las cuales fueron recibidas por este tribunal en fecha 10/04/2026, por corresponderle el turno según la distribución , siendo el objeto una solicitud de exequátur hecha por la Abogada en ejercicio ciudadana DENISSE JACQUELINE MARTINEZ, e inscrita en el I.P.S.A., bajo el N° 92.293, quien actúa como apoderada judicial de la ciudadana: SOLYMAR SALAZAR, ut supra identificada, respecto a la sentencia de divorcio proferida por el Tribunal del Décimo Primer Circuito Judicial del y Para del Condado de Miami Dade; Estado de la Florida Departamento de Estado en fecha 06/01/2020, dicho divorcio fue de mutuo acuerdo, para que se le declare la ejecutoria y en consecuencia validez en nuestra República Bolivariana de Venezuela. Este tribunal observa: DE LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE ESTE SUPERIOR Este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Estado Lara, tiene atribuida la competencia para conocer de la presente solicitud de exequátur, toda vez que la misma se refiere a un acto o contrato: cesación de efectos civiles de matrimonio católico sin hijos menores, la cual se prevista en el artículo 856 del Código de Procedimiento Civil, el cual preceptúa: “El pase de los actos o sentencias de las autoridades extranjeras en materia de emancipación adopción y otros de naturaleza no contenciosa, lo decretará el Tribunal Superior del lugar donde se haya de hacer valer, previo examen de si reúnen las condiciones exigidas en los artículos precedentes, en cuanto sea aplicables. “ Así se establece. MOTIVA Del análisis de las actas procesales, en cuenta que las mismas se refieren a una solicitud de exequátur, en la que se pretende que la sentencia de divorcio no contencioso sea reconocida por la Republica, la cual fue presente por la abogada DENISSE JACQUELINE MARTINEZ, e inscrita en el I.P.S.A., bajo el N° 92.293, quien actúa como apoderada judicial de la ciudadana: SOLYMAR SALAZAR, ut supra identificada, contra la sentencia de divorcio proferida por el Tribunal del Décimo Primer Circuito Judicial del y Para del Condado de Miami Dade; Estado de la Florida Departamento de Estado en fecha 06/01/2020, dicho divorcio fue de mutuo acuerdo, para que se le declare la ejecutoria y en convencía tenga validez en nuestra República Bolivariana de Venezuela, se hace la siguiente consideración: El artículo 852 del Código de Procedimiento Civil, establece: “La solicitud de exequátur se presentará por escrito en el cual se exprese la persona que lo pida, su domicilio o residencia, la persona contra la cual haya de obrar la ejecutoria, y su domicilio o residencia. La solicitud deberá acompañarse con la sentencia de cuya ejecución se trate, con la ejecutoria que se haya librado y la comprobación de los requisitos indicados en el artículo precedente: todo en forma auténtica y legalizado por autoridad competente.” Ahora bien, examinadas las actas procesales, se debe tomar en cuenta la jerarquía de las fuentes en materia de Derecho Internacional Privado, cuya prelación se encuentra establecida en el artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado, el cual preceptúa: “Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros se regularán, por las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular, las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela; en su defecto, se aplicarán las normas de Derecho Internacional Privado venezolano; a falta de ellas, se utilizará la analogía y, finalmente, se regirán por los principios de Derecho Internacional Privado generalmente aceptados.” De las normas supra transcritas, este Juzgador observa que de la revisión de los recaudos acompañados en la presente solicitud de exequátur, no consta la traducción de la sentencia objeto de la pretensión de autos hecha y emitida por el intérprete público venezolano autorizado, tal como lo prevé el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente: “Cuando deban examinarse documentos que no estén extendidos en el idioma castellano, el Juez ordenará su traducción por un intérprete público y en defecto de éste, nombrará un traductor, quien prestará juramento de traducir con fidelidad su contenido”. Y señalado por la doctrina de la Sala de Casación civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia No. EXEQ.00536 de fecha 28-07-2005, Expediente: 05-382, Magistrado Ponente: Dr. Carlos Oberto Vélez, Caso: Nohelia Aguilar Lozada, se estableció lo siguiente: “Del contenido y alcance de los precitados preceptos jurídicos, se deduce que los instrumentos que están extendidos en idioma distinto al castellano, para que adquieran fuerza probatoria acerca de los hechos jurídicos a que el mismo se contrae, deben estar traducidos por un intérprete público, expedido por el entonces Ministerio de Justicia, hoy Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, previa su juramentación ante dicho órgano, pues sólo así el Estado venezolano puede controlar la fidelidad del texto traducido por el intérprete titulado en el país.” Sino que fue traducida por una traductora de los EEUU, contraviniendo con ello a este artículo y a la doctrina en referencia; requisito éste que es sine qua non a los fines de la admisión de la pretensión de autos, razón por la cual se declara inadmisible la presente solicitud, y así se establece.- DECISIÓN En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando Justicia, actuando en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA: INADMISIBLE la presente solicitud de exequátur solicitada por DENISSE JACQUELINE MARTINEZ, abogada en ejercicio e inscrita en el I.P.S.A., bajo el N° 92.293, actuando en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana: SOLYMAR SALAZAR, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, y Titular de la Cédula de Identidad N° 6.356.330. Déjese copia certificada de la referida sentencia de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese y regístrese, incluso en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia http://www.lara.scc.org.ve. Publíquese y regístrese. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en Barquisimeto, a los dieciséis (16) días del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026). Años 215° y 167° El Juez Titular Abg. José Antonio Ramírez Zambrano La Secretaria Abg. Raquel Hernández M. Publicada en su fecha a las 2:45 p.m., y anotada bajo el asiento del Libro Diario Nº 7. La Secretaria Abg. Raquel Hernández M. JARZ/ar