REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA -EN SU NOMBRE- PODER JUDICIAL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, Veinte (20) de Abril del año dos Mil Veintiséis (2026). 216º y 167º ASUNTO: KP02-V-2025-000851 PARTE DEMANDANTE: Ciudadana VITALIANA MARIA TORRES DE SABROSO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V- 11.580.682, de este domicilio. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: Abogados ANGIE CAROLINA RAMOS, FRANCISCO ARMANDO PEREZ MOLINA, debidamente inscrito en el Inpreabogado bajo los nos. 173.660 y 294.253, de este domicilio. PARTE DEMANDADA: Ciudadanos LUZMILA ANTONIA MARQUEZ PERAZA, MILDRED YELITZA TORRES MARQUEZ y JOSE AGUSTIN TORRES MARQUEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-2.603.487, V-12.593.823 y V-16.955.718 respectivamente, de este domicilio. REPRESENTANTE JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No se constituyó apoderado judicial alguno.- SENTENCIA DEFINITIVA. JUICIO DE IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD -I- SÍNTESIS PROCEDIMENTAL. Se inició el presente juicio mediante escrito liberal de fecha 23/04/2025, previo sorteo de la ley le corresponde a este juzgado Segundo de Primera instancia en lo civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, conocer la presente causa, concediéndole entrada en fecha 28/04/2025, y siendo admitida en cuanto ha lugar en derecho en fecha 07/05/2025. Se acordó librar compulsa de citación en fecha 05/06/2025 previa diligencia consignada por la accionante, de la cual consta se comisionó a tribunal de municipio para llevar a cabo la citación, siendo consignada sus resultas por la apoderada judicial actora en fecha 09/07/2025. En fecha 13/08/2025 se dejó constancia del vencimiento del lapso de emplazamiento, dejando transcurrir el lapso probatorio, concluyendo el mismo en fecha 24/11/2025 sin que interviniente alguno consignara o promoviese medios probatorios. Transcurrido el termino de presentación de informe sin que se consígase alguno, en fecha 17/12/2025 se procedió a fijar lapso para dictar sentencia. No obstante, en fecha 03/03/2026 se dictó sentencia interlocutoria suspendiendo el lapso de sentencia, por cuanto no se había cumplido con las formalidades de notificar al ministerio público ni librar edicto, luego, verificado el último requisito en fecha 24/03/2026, se advirtió de la reanudación del lapso de sentencia en fecha 17/04/2026. -II- MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR DE LOS ALEGATOS EXPLANADOS POR LA PARTE ACTORA EN SU LIBELO DE DEMANDA. La parte actora en su escrito libelar alegó que al nacer, fue presentada ante la Prefectura del Municipio Moran por su madre, LUZMILA MARQUEZ PERAZA, más adelante, cuando la accionante tenía la edad de 16 años, el concubino de su madre, el ciudadano JOSE AGUSTIN TORRES COLMENARES, hoy día fallecido, la reconoció como su hija, pasando en tal sentido a llevar el apellido TORRES, por tal motivo, pretende la revocatoria de dicho apellido, dirigiendo su pretensión contra los ciudadanos MILDRED TORRES MARQUEZ y JOSE TORRES MARQUEZ, hijos de su padrastro, para así dar fe que el de cujus no es su padre biológico. Finalmente, solicitó sea declarada con lugar la demanda y revocado su apellido.- ALEGATOS EXPLANADOS POR LA PARTE DEMANDADA De la visualización de las actuaciones procesales que conforman el presente asunto, se denotó escrito presentado por la ciudadana LUZMILA ANOTNIA MARQUEZ, no obstante, la misma no se encontraba asistida de abogado alguno, por lo que no puede ser tomado en cuenta el mismo, toda vez que todo interviniente debe acudir en representación de algún profesional del derecho, o en tal caso, serlo para representarse a sí mismo.- -III- DEL ACERVO PROBATORIO. A los fines de pronunciarse sobre la pretensión contenida en la demanda esta juzgadora pasa a analizar la naturaleza y el valor de las pruebas, al respecto cabe señalar: En el proceso Civil, las partes persigan un fin determinado: Que la sentencia les sea favorable. Pero el sistema dispositivo que lo rige por mandato del Artículo 12 del Código Civil Venezolano Vigente, impone que el Juez no puede llegar a una convicción sobre el asunto litigioso por sus propios medios, sino que debe atenerse a lo alegado y probado en autos. De ahí que las partes tengan la carga desde el punto de vista de sus intereses, de no solo afirmar los hechos en que funda su pretensión, sino también probarlos, para no correr el riesgo de que por no haber convencido al Juez de la verdad por ellas sostenida, sus hechos alegados no sean tenidos como verdaderos en la sentencia y sufran por tanto el perjuicio de ser declarados perdedores. Precisamente esta necesidad de probar para vencer es lo que se denomina la carga de la prueba, consagrada en nuestra legislación patria, en el artículo 1354 del Código Civil venezolano vigente. Nuestra Sala de Casación Civil, de la extinta Corte Suprema de Justicia, ha expresado: “Al atribuir la carga de la prueba, la doctrina moderna, atiende a la condición jurídica que tiene en el juicio el que invoca el hecho anunciado que se ha de probar...” En nuestro País, esa doctrina tiene su fundamento legal en el ya citado artículo 1354 del Código Civil Venezolano vigente, en concordancia con los artículos 254 y 506 del Código de Procedimiento Civil, que aun cuando se refiere a las pruebas de las obligaciones, deben entenderse como aplicables a las demás materias de derecho. La Sala de Casación Civil ha dicho que: “...la carga de la prueba no depende de la afirmación o de la negativa de un hecho, sino directamente de la obligación de probar el fundamento de lo alegado en el juicio...”. “...en efecto, quien quiera que siente como base de su acción o de excepción, la afirmación de un hecho, está obligado a suministrar la prueba de la existencia o de la no existencia del hecho, toda vez que sin esta demostración, la demanda o excepción no resulta fundada. No es hoy admisible, como norma absoluta, la vieja regla jurídica conforme a la cual los hechos negativos no pueden ser probados, pues cabe lo sea por hechos o circunstancias contrarias...” Cuando las partes aportan al proceso todas las pruebas y con base a ellas el Juez forma su convicción, que se va a traducir en la sentencia, sin que le queden dudas, no tienen ningún interés en determinar a quién corresponde la carga de la prueba. El problema surge cuando, llegado el momento de dictar sentencia, el Juez encuentra con que en los autos no hay suficientes elementos de juicios para convencerse de la existencia o inexistencia de los hechos controvertidos y ello porque en nuestro derecho, el Juez en ningún caso al dictar sentencia definitiva puede absolver la instancia, (artículo 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil Venezolano vigente), pues, según nuestro ordenamiento jurídico al momento de dictar sentencia definitiva, el Juez no puede acogerse a la antigua regla romana non liqqet, y así se decide. Ahora bien, esta juzgadora debe señalar que si bien la carga probatoria se traduce en la obligación que tienen las partes de fundamentar sus alegatos, la prueba no puede ser de una parte ni para una parte, ni tampoco para el juzgador. La prueba es para el proceso, una vez aportada, cada parte puede disponer de la misma, pero en el momento en que se ha puesto de manifiesto esa prueba, el proceso la ha adquirido; no hay pues, pruebas de una parte y de otra cuando se habla así se incurre en una mecanización del elemento más importante del proceso. DE LAS PRUEBAS TRAÍDAS AL PROCESO POR LA PARTE ACTORA • Copia fotostática de partida de nacimiento n°1.246 de 1973 de la Prefectura del Distrito Morán, concerniente a la ciudadana VITALIANA MARIA, hija de la ciudadana LUZMINA MARQUEZ PERAZA. De aquí se evidencia que la accionante de autos fue presentada únicamente por su madre. Se otorga valor probatorio conforme art. 1.358 del código civil. Así se valora.- • Copia certificada de fecha 02/04/2025 de acta de reconocimiento n°18, folio 54 de fecha 1989 por la Oficina de Registro Civil del Municipio Morán del Estado Lara, de la cual se denotó que el ciudadano JOSE AGUSTIN TORRES, hoy difunto, reconoció a la accionante de autos. Se valora conforme art. 1.357 del código civil y 155 de la Ley Orgánica de Registro Civil. Así se valora.- • Copia certificada acta de defunción 32 de fecha 10/11/2007 del ciudadano JOSE AGUSTIN TORRES COLEMARES, de ello se evidencia el fallecimiento de dicho ciudadano que reconoció voluntariamente a la accionante de autos. Se otorga valor probatorio conforme art. 1.357 del código civil. Así se valora.- PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE DEMANDADA: De la revisión a las actas procesales que conforman el presente asunto, no se evidenció escrito de promoción de prueba alguno.- -III- DEL MERITO DE LA CAUSA. Con vista a como ha quedado planteada la litis en el caso que nos ocupa, quien suscribe procede de inmediato a dictar sentencia en el presente asunto con los elementos existentes en los autos, conforme lo dispone el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, el cual señala: “Los Jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados…” (Resaltado del Tribunal). En efecto, constituye principio cardinal en materia procesal aquél conforme al cual el Juez se encuentra vinculado a lo alegado y probado en autos por las partes, “...sin que pueda sacar elementos de convicción fuera de estos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados.” (Principio de Veracidad o Dispositivo, contenido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil). El anterior precepto establece los límites del oficio del Juez, pues para él no existe otra verdad que la que resulta de los alegatos y actividad probatoria de las partes, debiendo en consecuencia atenerse a estos alegatos para decidir. Lo resaltado constituye también el llamado Principio de Presentación, según el cual, el Juez no puede sacar elementos de convicción fuera de los autos (“quod non est in actis non est in mundo”: “lo que no está en las actas, no existe en el mundo”), limitando el precitado principio la función del Juzgador, ya que su decisión debe basarse en lo alegado y probado en autos por las partes. En concordancia con lo expuesto y conforme a lo señalado en el ordinal 5° del artículo 243 del Texto Adjetivo, que consagra el Principio de Congruencia, la sentencia debe contener decisión con arreglo a las pretensiones deducidas y a las excepciones o defensas opuestas, lo que se traduce, en que, el Juez, está obligado a decidir sobre los argumentos planteados por las partes como fundamento de su pretensión, tanto en el libelo de la demanda como en la oportunidad de la contestación, quedando así, de esta manera, trabada la litis, razón por la cual, con posterioridad a estos actos no pueden las partes traer nuevos hechos al debate que alterarían la relación procesal ya planteada. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el cual versa sobre una impugnación de paternidad, con el objetivo de revocar el apellido dado por su padrastro hoy difunto. En este mismo sentido, entendiéndose que la presente se subsume a impugnación de la relación paterno filial que une a la accionante y al difunto, para ello debe existir el reconocimiento otorgado a la persona sobre quien se pretende impugnar dicha paternidad. Igualmente, es relevante considerar lo que establece, en su obra de lecciones de Derecho de la Familia, define la filiación extramatrimonial como el vínculo jurídico que existe entre el hijo y su padre o entre el hijo y su madre, cuando los padres no están casados ni para la época de la concepción del hijo ni para la fecha de su nacimiento. La filiación debe probarse y la prueba por excelencia es el reconocimiento, que puede ser voluntario; es decir aquel que deriva de la declaración espontanea de paternidad o maternidad efectuada de alguna de las formas prevista por la Ley; y, el reconocimiento forzoso, es decir, aquel que se impone por fuerza de Sentencia. Así pues, las acciones relativas a la filiación, son acciones declarativas de estado, ya que la decisión se contrae a declarar la preexistencia de un estado familiar y, para ello, se hace necesario para quien juzga hacer referencia a lo establecido en el Código Civil en su Capítulo III, Disposiciones Comunes, Sección I, Presunciones Relativas a la Filiación en el artículo 214 establece: “La posesión de estado de hijo se establece por la existencia suficiente de hechos que indiquen normalmente las relaciones de filiación y parentesco de un individuo con las personas que se señalan como sus progenitores y la familia a la que dice pertenecer. Los principales entre estos hechos son: 1. Que la persona haya usado el apellido de quien pretende tener por padre o madre. 2. Que éstos le hayan dispensado el trato de hijo, y él, a su vez, los haya tratado como padre y madre. 3. Que haya sido reconocido como hijo de tales personas por la familia o la sociedad.” En misma sintonía, se evidencia en el caso de marras se impugna la paternidad reconocida por el ciudadano JOSE AGUSTIN TORRES COLMENARES, difunto, a favor de la hoy demandante, VITALIANA MARIA TORRES DE SABROSO, dicho reconocimiento que quedó asentado en acta de reconocimiento N°18 de fecha 1989 ante el Registro Civil del Municipio Morán del Estado Lara. Para desvirtuar la paternidad reconocida sobre la actora, dentro del presente procedimiento se dispone de la variedad de pruebas para demostrar la certeza de dicho reconocimiento, o en su defecto, si la reconocida es realmente hija de quien presume ser, entre mencionados medios de pruebas, se cuenta con la prueba de experticia hematológica o heredobiológica con la que se puede determinar el parentesco consanguíneo entre la impugnante y los impugnados, pues es así considerada por el legislador a través de jurisprudencias, y entre una de ellas, se procede a citar la Sentencia N° 289 de fecha 02 de Agosto de 2022, expediente N°19-541 con ponencia de la Magistrada CARMEN ENEIDA ALVES NAVAS: Ahora bien, respecto a la presunción contenida en el artículo 210 del Código Civil, la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia del 14 de agosto de 2012, caso Ana Uribe Flores, expediente 10-831, explicó lo siguiente: Al respecto cabe destacar que, dicha prueba, conocida como prueba de ADN, siglas que responden a Ácido Desoxirribonucleico, constituye en la actualidad la prueba principal y fundamental para el establecimiento de la filiación, no obstante tratarse de un procedimiento judicial para el cual la Ley permite expresamente todo género de pruebas; se trata de una experticia científica muy sencilla, con un amplísimo margen de certeza para determinar o establecer la filiación de una persona con respecto a otra o descartar tal. La misma se encuentra disciplinada en nuestro ordenamiento como una prueba determinativa de la filiación, en el Código Civil (artículo 210), y, más recientemente, en la Ley para Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad (artículo 27 y ss.). Antiguamente, cuando no existía o era excepcional su práctica, uno de los elementos fundamentales para determinar la filiación de una persona era la posesión de estado. Del mismo modo, en otra época dicha prueba era valorada como una prueba que descartaba o excluía porcentualmente la paternidad. Sin embargo, los avances de la ciencia y de la tecnología han hecho que esta experticia sea cada vez más fidedigna e incuestionable, al tiempo que ha impuesto que se considere fundamental la práctica de la aludida prueba de ADN, la cual se concretiza a través de una experticia hematológica o heredo-biológica, cuando se discute la filiación biológica de una persona, siendo determinante dicho estudio para considerar a una persona descendiente (ascendiente) de otra. En este estado, estima oportuno esta Sala referir la importancia que reviste la determinación de la filiación de una persona. Así, tenemos que el conocimiento que un individuo tenga de este dato tan trascendental resulta muchas veces esencial para su existencia, para su pleno desarrollo, para su vida en familia y en sociedad, por ello, no cabe duda que constituye no sólo un derecho constitucional sino un derecho humano, de allí que el Estado esté obligado a garantizarle de manera inmediata el ejercicio y disfrute de este derecho. Ha dicho esta Sala que esta clase de derechos, inherentes a la persona humana, por tanto son de orden público, intransigibles, irrenunciables, interdependientes entre sí e indivisibles. (Vide Sentencia Núm. 2240 del 12/12/2006).” De este modo, posterior a la revisión exhaustiva de los medios de prueba cursantes en autos, se connota la ausencia de promoción, evacuación y consignación previa de prueba heredobiológica alguna que determine fehacientemente el parentesco sanguíneo, o mejor dicho, la ausencia de este parentesco entre la accionante y el difunto, siendo insatisfactoriamente probada la misma, siendo dicha situación prevista en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece “Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla y quién pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación.”. Corolario a lo anterior es preciso enfatizar la omisión del asistente judicial de la accionante al no traer a los autos examen de ADN, o en su defecto, promover la prueba heredobiológica, éste que es el medio probatorio por excelencia para los juicios de esta naturaleza, toda vez que demuestran certeramente el parentesco consanguíneo que existe entre una persona y otra, en consecuencia resulta insuficiente, además de infructuoso, la sola consignación de documentales para desvirtuar el reconocimiento otorgado por el demandado a favor de la accionante con la premisa de que no es su padre biológico sin la demostración contundente de ello. Asimismo, la carga probatoria de desvirtuar el parentesco del demandado con la accionante, correspondía a ésta última, misma que no consignó, ni promovió, es decir, no logró eficazmente demostrar lo alegado por éste en el escrito libelar, por lo que es pertinente traer a colación lo estipulado en el artículo 254 del código ut supra mencionado: “Los Jueces no podrán declarar con lugar la demanda sino cuando, a su juicio, exista plena prueba de los hechos alegados en ella. En caso de duda, sentenciarán a favor del demandado, y, en igualdad de circunstancias, favorecerán la condición del poseedor, prescindiendo en sus decisiones de Sutilezas y de puntos de mera forma. En ningún caso usarán los Tribunales de providencias vagas u oscuras, como las de venga en forma, ocurra a quien corresponda, u otras semejantes, pues siempre deberá indicarse la ley aplicable al caso, la formalidad a que se haya faltado, o el Juez a quien deba ocurrirse.” Por el razonamiento expuesto anteriormente, resulta imperioso para quien aquí juzga declarar SIN LUGAR la pretensión incoada, toda vez que no se demostró en autos lo pretendido por la actora en contra del demandado, y así quedara establecido en el dispositivo del presente fallo. Así se establece.- -IV- DISPOSITIVO. Por razones antes expuestas, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara PRIMERO: SIN LUGAR la pretensión de IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD incoado por la ciudadana VITALIANA MARIA TORRES DE SABROSO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V- 11.580.682, de este domicilio, contra los Ciudadanos LUZMILA ANTONIA MARQUEZ PERAZA, MILDRED YELITZA TORRES MARQUEZ y JOSE AGUSTIN TORRES MARQUEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-2.603.487, V-12.593.823 y V-16.955.718 respectivamente, de este domicilio. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza de la pretensión. Dada, sellada y firmada en la Sala del Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, a los Veinte (20) días del mes de Abril del año Dos Mil Veintiséis (2.026). Años 216° y 167°. Sentencia N°: 165. Asiento N°: 44. El Juez Provisorio, Abg. Daniel Escalona Otero El Secretario, Abg. Gustavo Adrián Gómez Albarrán. En la misma fecha se dictó sentencia siendo las 11:58 a.m., y se dejó copia certificada para el archivo de este Juzgado. El Secretario, Abg. Gustavo Adrián Gómez Albarrán.