TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la
Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, tres (03) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
216º y 167

ASUNTO: KE01-N-2003-000011.-
I
ANTECEDENTES
En fecha 15 de septiembre de 2000, se recibió en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, escrito contentivo del RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL, interpuesto por los ciudadanos: GONZALO VIVAS DIAZ Y JENRRY GONZALO ALETA, abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto Nacional de Previsión Social del Abogado bajo los nros 13 y 74.561 respectivamente, actuando en este acto con el carácter de apoderados judicial de la ciudadana ALBA COROMOTO MOLINA MARTÍNEZ titular de la cédula de identidad V-5.343.133, contra el INSTITUTO DE CREDITO AGRICOLA PECUARIO (ICAP) (folio 01 al 27, pieza principal).
En fecha 09 de octubre de 2000, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo DECLINA la competencia en el Tribunal de Carrera Administrativa para que conozca de la presente querella (folio 48 pieza principal).
En fecha 20 de noviembre de 2000, el Tribunal de la Carrera Administrativa recibe el presente recurso Contencioso Administrativo y ordena pasar al Juzgado de Sustanciación a los fines de que se pronuncie sobre la admisibilidad del mismo (folio 59, pieza principal).
En fecha 12 de enero de 2001, el Tribunal de la Carrera Administrativa Admite el presente Recurso Contencioso Administrativo y acuerda realizar las notificaciones respectivas (folio 62 pieza principal).
En fecha 31 de enero de 2001, se deja constancia que la parte querellada presentó escrito de contestación del presente recurso (folio 69 al 72 pieza principal).
En fecha 19 de febrero de 2001, se deja constancia que la parte querellada en fecha 09/02/2001 presentó escrito de promoción de pruebas (folio 82 al 83 pieza principal).
En fecha 27 de marzo de 2001, revisadas las actuaciones, este Juzgado Sustanciador ordena la continuación del presente juicio previa notificación del Procurador General de la República (folio 90 pieza principal). En esta misma fecha se libró la notificación al Procurador General de la República (folio 91 pieza principal).
En fecha 03 de abril de 2001, se deja constancia de la remisión del presente expediente al Tribunal a los fines de la continuación del presente juicio (folio 93 pieza principal).
En fecha 17 de junio de 2002, la suscrita Dra Teresa García de Cornet en su carácter de Juez Provisorio del Tribunal de la Carrera Administrativa expone, me inhibo de conocer el juicio interpuesto por los abogados Gonzalo Vivas Díaz y Jerry Gonzalo Aleta, actuando como apoderados judiciales de la parte querellante, en virtud de haber prestado patrocinio a la parte querellada (folio 102).
En fecha 23 de junio de 2002, Dando cumplimiento a lo previsto en las disposiciones transitorias primera y cuarta de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se ordena distribuir el presente expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la región Centro Occidental, el cual fue recibido por el mencionado Juzgado en fecha 11/07/2003 (folio 103 pieza principal).
En fecha 08 de agosto de 2002, visto el presente expediente recibido desde el Tribunal de la Carrera Administrativa, el suscrito Juez, se ABOCA al conocimiento de la presente causa (folio 104 al 105, pieza principal).
En fecha 16 de mayo de 2007, por cuanto el Dr. Freddy Duque en su condición de Juez Superior en lo Civil Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental y Juramentado ante la Sala Plena del TSJ el día 15/11/2006 se ABOCA al conocimiento de la presente causa (folio 118 pieza principal).
En fecha 26 de septiembre de 2014, se deja constancia que en fecha 24/02/2010 fue juramentada ante la Sala Plena del TSJ la Dra. Marilyn Quiñones Bastidas, en virtud de su designación como Jueza del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, se ABOCA al conocimiento de la presente causa (folio 124 pieza principal).
En fecha 02 de julio de 2019, se deja constancia que en fecha 03/04/2018 fue juramentada ante la Sala Plena del TSJ la Dra. Marvis Coromoto Maluenga de Osorio, en virtud de su designación como Jueza Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, se ABOCA al conocimiento de la presente causa (folio 152 pieza principal).
En fecha 06 de julio de 2026, quien aquí suscribe se ABOCA al conocimiento de la presente causa, así como también dictó interlocutoria en la cual se ordena notificar a la parte accionante mediante Boleta publicada en la cartelera de este Órgano Jurisdiccional, a fin de que manifieste si mantiene interés en el presente asunto, librado en fecha 07 de julio de 2026. (Folio 178 al 179, pieza principal).

En fecha 27 de julio de 2026, se deja constancia que en fecha 23/07/2026 la Secretaria Temporal retiró de la cartelera de este Tribunal la boleta de notificación, se dejo constancia del vencimiento del lapso establecido, en conformidad a la sentencia de la Sala Político Administrativa Nro. 572 de fecha 27 de junio de 2023 (folio 181 pieza principal).

De esta forma, revisadas las actas procesales, este Juzgado verifica lo siguiente:

II
DE LA COMPETENCIA
Previo a cualquier pronunciamiento este Juzgado pasa a verificar su competencia para conocer del presente Recurso Contencioso Administrativo funcionarial, siendo este requisito de orden público, verificable en cualquier estado y grado del proceso.
En tal sentido tenemos, que el régimen jurídico de la función pública en Venezuela se encuentra implícito en la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.482, de fecha 11 de julio de 2002; esta Ley, además de regular el régimen de administración de personal y determinar los derechos y deberes de los funcionarios públicos, consagra en sus disposiciones fundamentales, específicamente en su artículo 1, que regirá las relaciones de empleo público entre los funcionarios y funcionarias públicas y las administraciones públicas nacionales, estadales y municipales, y en su Título VIII todo un proceso dirigido a controlar en vía judicial el acto, actuación, hecho u omisión de la Administración Pública en ejercicio de su función; atribuyéndole en su artículo 93 a los Tribunales en materia contencioso administrativa la competencia para conocer y decidir las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de dicha ley, específicamente las relativas a las reclamaciones que formulen los funcionarios públicos. Bajo este contexto, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece en su artículo 25 numeral 6, la competencia para conocer de las demandas contra los actos administrativos de efectos particulares concernientes a la función pública conforme lo dispone la Ley.
En consecuencia, visto que la querella solicitada recae sobre una actuación administrativa, realizada por la Dirección de Recursos del Instituto de Crédito Agrícola Pecuario” (ICAP), y al constatarse de autos que la querellante, la ciudadana ALBA CONSUELO MOLINA MARTINEZ, titular de la cédula de identidad número V-5.343.133, quien fuera trabajadora dependiente del INSTITUTO DE CREDITO AGRICOLA PECUARIO (ICAP), tal y como fuera apreciado en autos, se estima que se encuentran configurados los supuestos para que este Juzgado entre a conocer, sustanciar y decidir el presente asunto, y en aras de garantizar la tutela judicial efectiva y conforme con lo establecido en el artículo 25 numeral 6 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y artículo 93 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Lara se declara COMPETENTE para conocer y decidir dicho recurso. Y así se decide.-
III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Corresponde a este Juzgado emitir un pronunciamiento en torno al RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL, interpuesto por los ciudadanos GONZALO VIVA DIAZ Y JERRY GONZALO ALETA, inscritos en el Instituto Nacional de Previsión del Abogado Nros. 13 y 74.561 respectivamente actuando en nombre y representación de la ciudadana ALBA CONSUELO MOLINA MARTEINEZ titular de la cédula de identidad N° V- 5.343.133, contra el INSTITUTO DE CREDITO AGRICOLA Y PECUARIO (ICAP).
Al respecto se observa que:
De la revisión de las actas procesales que integran el respectivo expediente judicial se constata, que la referida demanda fue recibida en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en fecha 15 de septiembre de 2000, se dejó constancia que en fecha 12 de enero de 2001 el Tribunal de la Carrera Administrativa admitió el presente Recurso; de igual modo se verificó que el día 13 de marzo de 2002, el ciudadano JERRY GONZALO ALETA, apoderado judicial de la parte querellante, consignó diligencia en la cual solicita la continuación del presente juicio. Por tanto, se evidencia que desde el día en que se realizó la actuación de la querellante 13 de marzo de 2002, (folio 94), hasta la presente fecha, han transcurrido más de veinticuatro (24) años, sin que la parte demandante, haya realizado algún acto de procedimiento que demostrase su interés en la culminación del proceso, lo que evidencia una absoluta inactividad procesal de su parte.
De una revisión efectuada a las actas del presente expediente, se observa una concreta inactividad, pues desde el 13 de marzo de 2002, (folio 94), no ha sido realizada ningún tipo de actuación que evidencie la intención de la parte que recurre en que se sustancie el presente asunto, situación que se extiende hasta la actualidad, lo que más allá de una ausencia en la continuidad del procedimiento recursivo, denota una evidente ausencia de interés en la consecución de los actos procesales que exige todo procedimiento, independientemente del estado en que se encuentre.
En el caso de autos, tal y como fuera advertido ut supra, desde el 13 de marzo de 2002, (folio 94), la parte interesada no materializó oportunamente ninguna actuación procesal destinada a la eficaz consecución del procedimiento, es decir, no fue exteriorizado interés procesal alguno para que el recurso interpuesto siguiera su cauce procedimental, lo que denota una evidente ausencia de interés procesal en que se reconozca el derecho pretendido en su escrito recursivo.
En consecuencia, este Órgano Jurisdiccional Superior declara la pérdida de interés procesal, y por ende, la extinción del proceso en el presente asunto, y así se decide.
A fin de resguardar el derecho a la tutela judicial efectiva, este Juzgado mediante sentencia de fecha 06 de julio de 2026, ordenó notificar al demandante para que manifestara su interés, de ser el caso, en que se decidiera dicha demanda, otorgándosele a tal efecto diez (10) días de despacho, contados a partir de que constara en autos su notificación.
De igual forma, en el referido fallo se dejó expresamente establecido que una vez transcurrido “(…) dicho lapso sin que la parte recurrente manifieste su interés en que se decida la causa, esta Máxima Instancia dictará el pronunciamiento correspondiente”.
En tal sentido, se efectuaron las gestiones a objeto de notificar a la actora del contenido de la citada sentencia, así, dada la imposibilidad de su notificación de forma personal se libró y publico el cartel de notificación dirigido a la demandante en fecha 07 de julio de 2026; este fue fijado en la cartelera de este Juzgado, dejando transcurrir el lapso correspondiente para que surtiese los respectivos efectos. Seguidamente, el 23 de julio de 2026 venció el lapso establecido en la sentencia de fecha 06 de julio de 2026, dictada por este –Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, sin que la parte manifestara el interés que le fue solicitado.
Ante tal evento, debe atenderse a lo establecido por la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal (sentencia Nro. 416 del 28 de abril de 2009, caso: Asociación Civil Ciudadanía Activa), en la que se destacó que el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, se cumple mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso.
Asimismo la referida Sala señaló que, el requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual del solicitante, que le permite elevar el conocimiento de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca, mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
De igual modo, la señalada Sala destacó que el interés procesal surge de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en la que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo y que ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso. De allí que deba tenerse este como requisito de la acción, cuya pérdida se traduce en el decaimiento y extinción de la misma; así pues, ante la constatación de la falta de interés, podrá ser declarada de oficio la pérdida del interés procesal, puesto que no habría razón para que se movilice el órgano jurisdiccional si la acción no existe.
De esta manera, conforme al criterio jurisprudencial in commento es posible señalar que la pérdida del interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o a partir del momento en que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “vistos”, exclusive, y comienza el lapso para dictar la sentencia de mérito.
En el presente caso, como ha sido expuesto, habiéndose constatado que la última actuación de la recurrente tendente a impulsar el proceso se verificó hace más de veinticuatro (24) años, el 13 de marzo de 2002, (folio 94), este Juzgado ordenó notificarlo para que manifestara su interés en que se decidiera esta causa. Practicada la notificación en la forma descrita en los párrafos que anteceden (publicación en cartelera de este Tribunal), venció el lapso establecido sin que el accionante manifestara su interés. Por tanto, atendiendo al precedente jurisprudencial citado en líneas anteriores, debe este Juzgado declarar la extinción de la acción por pérdida del interés procesal. (Vid., entre otras, sentencias Nro. 01092 de fecha 8 octubre de 2015, Nro. 826 del 19 de julio de 2017, Nro. 572 de fecha 27 de junio de 2023 y Nro.850 de fecha 03 de octubre de 2023 todas dictadas por la Sala Político Administrativa). Así se declara
IV
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: la EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN POR PÉRDIDA DEL INTERÉS PROCESAL del RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL, interpuesto por los abogados GONZALO VIVAS DIAZ Y JERRY GONZALO ALETA, inscritos en el Instituto Nacional de Previsión del Abogado bajo los N°. 13 y 74.561 respectivamente, contra el INSTITUTO DE CREDITO AGRICOLA Y PECUARIO (ICAP).
Archívese oportunamente el presente asunto.
No hay condenatoria en costas por la naturaleza de la presente decisión.
Se imprimen dos (02) originales del mismo tenor de la presente decisión, cuyo segundo ejemplar será agregado al copiador de sentencias de este Tribunal, previa su certificación por Secretaría.
Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en Barquisimeto a los tres (03) días del mes de agosto del año dos mil veintiséis(2026). Años: 216º de la Independencia y 167º de la Federación.

La Jueza Suplente,

Abg. Jennifer Natalit Alfonzo Álvarez
La Secretaria Temporal,

Abg. Chrys Fernández

Publicada en su fecha a las 03:00 p.m.

La Secretaria Temporal,