REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, veintisiete de marzo dos mil veintiséis
215º y 167º
Asunto: AP11-V-FALLAS-2026-000345
PARTE DEMANDANTE: ERICSON JOSE MARTINEZ ORTIZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-18.110.885.
ABOGADO ASISTENTE: LEIDY LEE ORTEGA ESCALONA, Defensora Pública Provisoria (4°) con Competencia en Civil, Mercantil y Transito de esta Circunscripción Judicial, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 196.685.
PARTE DEMANDADA: YANAHY LISETT MARTINEZ, YULAIMA MARTINEZ DE CANTARA y ROGELIO ALVAREZ OGANDO, las primeras venezolanas, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-16.525.612 y V-14.140.074, respectivamente, y el último de nacionalidad Española, mayor de edad y titular de la cédula del D.I.N 34.606.084P-.
APODERADO JUDICIAL: No consta representación judicial alguna.
MOTIVO: IMPUGNACIÓN E INQUISICIÓN DE PATERNIDAD.
SENTENCIA: Interlocutoria con fuerza definitiva.
I
ANTECEDENTES
Se inició el presente juicio mediante escrito libelar presentado ante este Tribunal -previa distribución de causas- contentivo de la demanda de IMPUGNACIÓN E INQUISICIÓN DE PATERNIDAD, presentada por el ciudadano ERICSON JOSE MARTINEZ ORTIZ, contra los ciudadanos YANAHY LISETT MARTINEZ, YULAIMA MARTINEZ DE CANTARA y ROGELIO ALVAREZ OGANDO, todos debidamente identificados al inicio del presente fallo.
En fecha 19 de marzo de 2.026, se dictó despacho saneador, mediante el cual se concedió al ciudadano Ericson José Martínez, un lapso de tres (3) días de despacho a fin que subsanara lo relacionado con la omisión del domicilio procesal en su libelo de demanda.
Visto lo anterior, este Tribunal procede a pronunciarse respecto a la inadmisibilidad o no de la presente acción bajo los términos expuestos infra.
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
En base a lo antes expuesto, antes de emitir pronunciamiento este Juzgado considera necesario señalar lo que la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia ha señalado al respecto, siendo que el despacho saneador constituye una manifestación contralora que faculta al Juez de revisar in limine Litis, un claro debate procesal o evitar la excesiva o innecesaria actividad jurisdiccional que pueda afectar el proceso, siendo una figura fundamental que persigue la depuración del proceso judicial de vicios o defectos formales, controlando la demanda y la pretensión en ella contenida, y que la misma se adecua para obtener una sentencia ajustada a derecho, asegurando que el juicio se desarrolle de manera eficiente, sin dilaciones indebidas y garantizando el debido proceso para que se pueda llegar a una sentencia de mérito tal y como lo establece el artículo 26 de nuestra Carta Magna.
Debiendo entenderse que el despacho saneador es un instituto procesal de ineludible cumplimiento que impone el juez de revisar la demanda y las actuaciones procesales iníciales para verificar que cumplan con todos los requisitos legales, pudiendo el juez como director del proceso, ordenar a la parte correspondiente que los subsane en un plazo determinado, evitando que el proceso avance con irregularidades que, en etapas posteriores podrían generar nulidades, retrasos o incluso la imposibilidad de dictar una sentencia definitiva sobre el caso, garantizando la celeridad y economía procesal, al corregir los vicios tempranamente. Por otro lado, la no subsanación de los defectos señalaos por el juez en el despacho saneador puede llevar a la inadmisibilidad de la demanda o del acto procesal correspondiente.
Ahora bien, por cuanto se desprende que la parte actora no dio fiel cumplimiento a lo dispuesto en el despacho saneador dictado por este Juzgado en fecha 19 de marzo de 2.026, en el cual se ordenó a dar cumplimiento con lo establecido en el numeral 9° del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, como uno de los requisitos para la procedencia de esta demanda, en los días concedidos por este Juzgado, en consideración a lo expuesto y visto que no se produjo subsanación del despacho saneador dictado por este Tribunal; es por lo que, quien aquí decide declara INADMISIBLE la presente acción de conformidad con lo establecido en el artículo 341 ejusdem, tal y como se declarará de forma precisa y concisa en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.
III
DISPOSITIVA
Por las razones precedentemente expuestas, este JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA, EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley declara:
PRIMERO: INADMISIBLE la presente acción de IMPUGNACIÓN E INQUISICIÓN DE PATERNIDAD, propuesta por el ciudadano ERICSON JOSE MARTINEZ ORTIZ, contra los ciudadanos YANAHY LISETT MARTINEZ, YULAIMA MARTINEZ DE CANTARA y ROGELIO ALVAREZ OGANDO, todos debidamente identificados al inicio del presente fallo.
SEGUNDO: Dada la naturaleza del fallo no hay especial condenatoria de costas.
Regístrese y publíquese, incluso en la página Web Oficial del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve el presente fallo en acatamiento a la Resolución No. 001-2022, de fecha 26 de junio del año 2.022, emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los veintisiete (27) días del mes de marzo de 2.026. Años 215º de la Independencia y 167º de la Federación.
EL JUEZ SUPLENTE,

LUIS ALEJANDRO RIVAS PARRA.
LA SECRETARIA ACC,

NILVA ULACIO.
En esta misma fecha, siendo las 2:10 p.m, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.

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LA SECRETARIA ACC,

NILVA ULACIO.
LARP/UN/mariag*