El penado RICHARD JOSÈ HERNÀNDEZ HERNÁNDEZ, fue detenido preventivamente por primera vez en fecha 27 de Julio del año 2007 hasta la presente fecha, por lo que hasta el día de hoy ha permanecido detenido por un lapso de tiempo de TRES (03) MESES Y CINCO (05) DÍAS, faltándole por cumplir un remanente de pena de SEIS (6) AÑOS, DOS (02) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS DE PRISIÓN, pena ésta que cumplirá en fecha Veintiséis (26) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014).

En razón a los planteamientos anteriormente efectuados, este Juzgado Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, niega la admisión de la demanda incoada por FRANCISCO SAYAGO, JORGE MARTINEZ Y FRANCISCA LOPEZ, quienes en su carácter de apoderados judiciales de HERNAN SILGUERO CAMACHO Y JESUS M CUOTO demandaron a ARCIDIS PARADA, MIREYA ARCIERO Y GUSTAVO MIQUELENA, por IMPUGNACION DE ASAMBLEA por ser contraria a una disposición expresa de la ley. Así se decide.

declara las presentes actuaciones Titulo Suficiente para acreditar el carácter de UNIVERSALES HEREDEROS del de Cujus ciudadano: ALVARO JOSÉ VELASQUEZ FREITES, a los ciudadanos: ANGELINA OVIEDO viuda de VELASQUEZ, WILMER ANGEL y ALVARO JOSÉ VELASQUEZ OVIEDO

se decreta MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR

Se anular las actuaciones que cursan a partir del folio 25 al 86 (ambos inclusive),así como la medida decretada en fecha 12 de febrero de 2007 cursante en el cuaderno de medida, es decir, a partir del folio 01 al 12 (ambos inclusive), y reponer la causa al estado en que sea admitida la presente demanda. Así se decide.-

"...Seguidamente el Tribunal vista la exposición de la notificada; se abstiene en este acto de ejecutar la medida de Embargo Ejecutivo que le ha sido encomendada y acuerda diferirla para una nueva oportunidad..."

En el caso bajo análisis, se observa que el recurrente no compareció ni por sí ni por medio de apoderado judicial a consignar los instrumentos a que se refieren las normas antes transcritas, en consecuencia, este Órgano Jurisdiccional declara INADMISIBLE el presente Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por la abogada ROCÍO GÓMEZ GUTIÉRREZ, debidamente inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 65.062, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano MARIO ALBERTO DI CICCO, titular de la cedula de identidad Nº 6.030.558, contra la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL.

En el caso bajo análisis, se observa que el recurrente no compareció ni por sí ni por medio de apoderado judicial a consignar los instrumentos a que se refieren las normas antes transcritas, en consecuencia, este Órgano Jurisdiccional declara INADMISIBLE el presente Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el abogado RONNY FAJARDO ALVAREZ, debidamente inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 21.606, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano ORLANDO RIVAS, titular de la cedula de identidad Nº 6.548.877, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS FINANZAS.

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, una vez verificado que no existe violación de norma de orden público, declara PERIMIDA la instancia en el recurso de nulidad interpuesto por la ciudadana TIBISAY DEL VALLE GAVIDES, asistida por el abogado Omar Gavides D., contra la Providencia Administrativa dictada en fecha 07 de agosto de 1995 por la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Federal, Municipio Libertador.

en lo que se refiere a la prueba identificada como el Principio Procesal de la Comunidad de la Prueba este Juzgado considera necesario indicar a la parte promovente que la doctrina y la jurisprudencia han establecido que "El Principio de la Comunidad de la Prueba o Principio de adquisición, consiste en el hecho que las pruebas no pertenecen a las partes sino al proceso. En efecto, si la prueba es una, ella no pertenece a quien la aporta y es improcedente pretender que solo a éste beneficie, puesto que, una vez introducida legalmente al proceso, debe tenérsele en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho a que se refiere, sea que resulte en beneficio de quien la adujo o de la parte contraria, que bien puede invocarla", de lo antes señalado se infiere que no se trata de una prueba sino de un principio tal y como lo señalará la propia parte por lo cual mal puede promoverlo como prueba y mucho menos proceder el Tribunal a admitirlo, por lo cual resulta forzoso NEGAR la .....