III DECISIÓN Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Su INCOMPETENCIA para conocer de la presente Acción de Daños y Perjuicios incoada por el ciudadano Juan Bautista Galea Abarca, en contra de las firmas comerciales Abelec Abastecimientos Eléctricos S.A., y Mercantil Seguros C.A., en razón de la cuantía expresada en el libelo de demanda. SEGUNDO: Se DECLINA LA COMPETENCIA para conocer del presente asunto en los Juzgados de Municipio de esta misma Circunscripción Judicial, todo ello de conformidad con lo previsto en la Resolución Número 2009-0006 de fecha 18 de marzo de 2009, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela b.....

En consonancia con lo razonado anteriormente, este Tribunal Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley HOMOLOGA LA TRANSACCIÓN celebrada por las partes en fecha 30 de Octubre de 2012, todo con motivo del juicio que por Cobro de Bolívares (Intimación) sigue el ciudadano JUVENAL ADELINO JARDIM DOS SANT, contra el ciudadano JOSÉ RUI NASCIMENTO DA COSTA, todos identificados en el cuerpo de esta decisión, en los términos contenidos en la misma. Finalmente, la transacción realizada en los límites señalados, procede como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada de conformidad con lo previsto en el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil.

En este orden de ideas, la ley procesal, exige que, en la presentación de una demanda, deberá expresar el nombre y apellido del demando así como su identificación y los fundamentos de derechos en que se base la pretensión. Por cuanto en el libelo de demanda aquí citado no hace referencia a la identificación del demandado, ni en el mismo se hacen presente los fundamentos de derechos referidos, este Juzgador después de una revisión al mencionado escrito, considera que la misma es contraria al orden público y a la disposición expresa de la ley, por lo que debe negar su admisión.