DECRETA la ADOPCIÓN PLENA de la ciudadana: DAYANA JOSEFINA HERNANDEZ GONZALEZ, quien es venezolana, mayor de edad de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-13.214.192, por el ciudadano NOBUO SAKANE

esta Sala Séptima (7) de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR recurso de apelación interpuesto por los ciudadanos JUAN CARLOS GUTIERREZ CEBALLOS y CLAUDIA VALENTINA MUJICA AÑEZ, abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el Inpreabogado bajo los números 39.816 y 37.020, respectivamente, en su condición de defensores de la ciudadana MIREYA MACCIO DE LEON, fundamentados en el artículo 447 ordinal 2º del Código Orgánico Procesal Penal; por lo que se DECRETA LA NULIDAD ABSOLUTA de la decisión dictada por el Juzgado Vigésimo Primero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 07 de marzo de 2007, mediante la cual declaró Sin Lugar la excepción opuesta por la defensa al Ministerio Público en la fase preparatoria; excepto la presente decisión.....

DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los profesionales del derecho JOSÉ R. DÍAZ O., MORALIA MORENO y TAHIDI BRITO, en su condición de defensores del ciudadano OJEDA PINEDA ANDERSON, fundamentada en el artículo 447 ordinales 4° y 5° del Código Orgánico Procesal Penal, en fecha 12 de Diciembre de 2006, contra la decisión dictada por el Juzgado Cuadragésimo Quinto (45°) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 02 de Diciembre de 2006, mediante la cual decretó la Medida Judicial de Privación Preventiva de Libertad al ciudadano imputado antes mencionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 250, numerales 1, 2 y 3, 251 numerales 2, 3 y parágrafo primero y 252 numeral 2, todos del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previstos y sancionados en los artículos 458 y 218, ambos del Código Penal, y en consecuen.....

declara PARCIALMENTE CON LUGAR, la querella interpuesta por la ciudadana ANGELICA MARIA SANCHEZ LINARES, portadora de la cédula de identidad Nº 16.265.448, representada por el abogado Manuel de Jesús Domínguez, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 41.605, contra el acto administrativo s/n de fecha 07 de septiembre de 2006, emanado del Director de Personal del Instituto Autónomo de Policía Municipal del Hatillo, Estado Miranda, mediante el cual revoca el acta de nombramiento, juramentación y aceptación del cargo de Agente Nº 643, de fecha 01 de junio de 2006. En consecuencia se declara la nulidad del acto administrativo s/n de fecha 07 de septiembre de 2006, emanado del Instituto Autónomo de Policía Municipal del Hatillo y se ordena la reincorporación de la recurrente al cargo de Agente, así como el pago de los sueldos dejados de percibir desde el momento de la revocatoria de nombramiento hasta su efectiva reincorporación al cargo. En cuanto a los demás pedimentos se niegan de co.....

declara PARCIALMENTE CON LUGAR, la querella interpuesta por el ciudadano ARMANDO JOSE VELASQUEZ CHAVEZ, portador de la cédula de identidad Nº V-4.773.336, asistido por los abogados Atilio Agelviz Alarcón y Carlos Manuel Cano Ruiz, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 4.510 y 56.457 respectivamente, contra el acto administrativo de Retiro contenido en el oficio Nº REC-165-2004, de fecha 30 de octubre de 2004, notificado el 01-11-04, dictado por el Cap. Alt. José Gaitan Sánchez, rector de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, mediante el cual prescindió de sus servicios como Jefe de Contabilidad (Coordinador de Finanzas). En consecuencia se declara la nulidad del acto administrativo de retiro ut supra mencionado y en consecuencia se ordena su reincorporación al cargo de Jefe de Contabilidad (Coordinador de Finanzas), así como el pago de los sueldos dejados de percibir de forma integral, esto es, con las variaciones que en el tiempo haya experimentado el sueld.....

En conclusión a juicio de este Juzgado, en el litis consorcio que pretende crearse en la presente demanda, no se constata la presencia de ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 52, numerales 1°, 2° y 3° ejusdem, que lo haga admisible. En consecuencia existe una inepta acumulación, en virtud de lo expuesto este Juzgado debe declarar INADMISIBLE la querella funcionarial interpuesta, por no cumplir con los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción judicial de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley declara CON LUGAR la querella por ajuste en la pensión de jubilación interpuesta por el ciudadano JAIME RENE CARTAYA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 6.371.845, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 79.817, actuando en su propio nombre y representación, contra la Alcaldía del Municipio Libertador. En consecuencia, se ordena a la Alcaldía del Municipio Libertador proceda a la revisión y ajuste de la pensión de jubilación del ciudadano Jaime Rene Cartaya, a partir del 22 de agosto de 2006, conforme a los aumentos que se hayan producido en el sueldo básico del cargo de Jefe Técnico Administrativo II decretados por el Alcalde del Municipio Libertador.

Se declara PERIMIDA LA INSTANCIA, por haber transcurrido más de treinta (30) días a contar sin que la actora cumpla con sus obligaciones para la practica de la citación de la demandada, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1° del articulo 267 y el articulo 269 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia, la extinción del presente procedimiento.

Se declara firme el decreto intimatorio.

En consecuencia, estima esta Juzgadora que lo procedente y ajustado a derecho es NEGAR lo peticionado por la Vindicta Pública, en el entendido de que se fije una Audiencia Oral y Reservada por cuanto éste como dueño de la investigación penal y titular del ejercicio de la acción penal pública, debe procurar como parte requirente en el Sistema Acusatorio, la realización efectiva de los actos propios del proceso penal, lo que no obsta, por supuesto, para que una vez subsanada la omisión sea nuevamente presentada la referida solicitud ante el Juez de Control con expresión de los preceptos aplicables, una vez efectuada la imputación al adolescente IDENTIDAD OMITIDA, a quien se le designará un Defensor Público hasta tanto el mismo manifieste lo contrario, por lo que se ordena librar oficio a la Coordinación de Defensoría Pública de este Circuito Judicial Penal, a los fines de que designe un Defensor Público que asista al referido adolescente en la investigación seguida en su contra ante la F.....