En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que no existe el fumus bonis jure exigido en el art. 585 del CPC, para el decreto de la medida; por lo que no la acuerda.

Se dictó sentencia interlocutoria negando devolver la caución a la parte actora en el juicio de tercería que inició Petra María Cordero contra Barbarita Estilo C.A., Promotora 3-18 C.A. y Promociones I 1200 C.A.

En fuerza de las anteriores consideraciones este Tribunal, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley, declara con lugar la demanda que ha presentado Iris Marle Hernández Jiménez contra Jorge Darío Gamboa, ambas partes arriba identificadas. En consecuencia, adopta las siguientes resoluciones: 1. Da por extinguido o resuelto el contrato de arrendamiento objeto del presente juicio, por razón de su incumplimiento 2. En consecuencia condena a la parte demandada a que proceda a hacerle entrega del mismo: ubicado en La Urbanización Pablo VI, Edificio "CIGNUS", Piso 23, Apartamento 23-5, Municipio Sucre del Estado Miranda, a la parte actora, en las mismas condiciones que lo recibió, libre de bienes y personas. 3. Hay condena en costas procesales, en razón del vencimiento.

En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara con lugar la solicitud de divorcio hecha por Juan Sarmiento León y Yucelis Emilia Pantoja Peña, arriba ya identificados. En consecuencia los declara divorciados y extinguido entre ellos el vínculo conyugal que constituyeron con su matrimonio.

Para decretar una medida preventiva debe existir un medio de prueba del que se desprenda una presunción grave del derecho que se reclama (art. 585 CPC); que en el caso de una demanda de cumplimiento de contrato, como es la presente, lógicamente no puede ser otro que uno que brinde la seguridad de la fecha de vencimiento cierto de la prórroga legal, que es la causa para accionar el desalojo. Pues bien, en el libelo se nos dice que en fecha 30 de abril de 2002 se firmó por notaria el documento contentivo del contrato de arrendamiento objeto de terminación en el presente juicio.; pero, no existe ninguna seguridad¿o por lo menos, no en autos¿de que antes de esa fecha no existiera ya alguna relación arrendaticia que haga de mayor tiempo la estadía de la inquilina dentro del departamento; y, en consecuencia, de más tiempo la prórroga legal; habida cuenta que sabemos que la duración de la prórroga legal va aumentando a medida que la estadía del inquino dentro del inmueble es mayor, de ac.....