Acoge este Tribunal doctrina de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual asienta que las causales de inadmisibilidad constituyen normas de eminente orden público; siendo ello así, este Juzgador hace uso del amplio poder de apreciación, del cual está investido, para examinar elementos que no hayan sido observados por las partes, o bien que aun siéndolo, tal como ocurrió en este caso, hayan podido escapar del análisis previamente realizado por el propio tribunal.

En base a lo expuesto, este Tribunal considera improcedente la imposición de la sanción pautada en el artículo 118 de la Ley Orgánica de Aduanas, ya que para ello era necesario que se hubiese verificado una interposición extemporánea de la solicitud de prórroga a la permanencia bajo el régimen aduanero especial de admisión temporal; en consecuencia, los actos administrativos que ordenan su aplicación, viciados de nulidad, así como su accesoria Planilla de Liquidación de Gravámenes. Así se declara.

En esta perspectiva, el derecho a la defensa debe ser considerado no sólo como la oportunidad para el ciudadano encausado o presunto infractor, de que se oigan sus alegatos, sino como el derecho de exigir del Estado el cumplimiento previo a la imposición de toda sanción, de un conjunto de actos o procedimientos destinados a permitirle conocer con precisión los hechos que se le imputan y las disposiciones legales aplicables a los mismos, hacer oportunamente alegatos en su descargo y promover y evacuar las pruebas que obren en su favor".