DECLARA, estas diligencias, suficientes para asegurarle al ciudadano: RAFAEL DOMINGO GIL, antes Identificado, el derecho de propiedad y posesión, sobre las bienhechurias determinadas, quedando siempre a salvo los derechos de terceros.- Se hace consta que no fue presentada la Autorización de la Alcaldía del Municipio San Rafael de Onoto del Estado Portuguesa para que el solicitante se proveen del respectivo TITULO SUPLETORIO sobre las bienhechuria edificadas dentro del lote de terreno. Devuélvanse estas actuaciones originales con sus resultas.-

DECLARA, estas diligencias suficientes para asegurarles a los ciudadanos: TRINA VERLA PINEDA y OMAR VARELA VARELA, antes identificados, el derecho de propiedad y posesión, sobre las bienhechurias determinadas, quedando siempre a salvo los derechos de tercero; se hace constar que no fue presentada la Autorización de la Alcaldía del Municipio Araure del Estado Portuguesa, para que los solicitantes se proveen del respectivo TITULO SUPLETORIO sobre las bienhechurias edificadas dentro de la referida parcela de terreno.- Devuélvanse estas actuaciones originales con sus resultas.-

y por cuanto dicho acuerdo conciliatorio de conformidad con el Artículo 516 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, no vulnera los Derechos del Niño, el Tribunal le imparte su HOMOLOGACION, de conformidad con el Artículo 317 de la mencionada Ley, en concordancia con el Artículo 263 del Código de Procedimiento Civil. El Juez suplente, Abg. Willian Eduardo Pérez La Secretaria Suplente, Ramona Gregoria Andrade.- Exp Nº 666/06. Milagro.

En razón de lo expuesto este Tribunal de Primera Instancia en funciones de Juicio N° 4 del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa Extensión Acarigua, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, con base en las previsiones del artículos: 262 ordinal 1° del Código Orgánico Procesal Penal acuerda revocar la medida cautelar impuesta al ciudadano José Eliseo Aguilar Guedez, suficientemente identificado; y en su lugar imponer la medida de privación judicial Preventiva de libertad, ordenándose para ello la aprehensión del mismo con los órganos correspondientes. En Acarigua, a los diez (10) días del mes de Abril del año dos mil seis (2006). El Juez de Juicio N° 3, Abg. Antulio Ernesto Guilarte Escalona. La Secretaria Abg. Sol del Valle Ramos

Por los anteriores razonamientos este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA: 1) SIN LUGAR la apelación interpuesta por la ciudadana ELENA MUÑOZ DE HENRIQUEZ, debidamente asistida por el Abogado JOHAN RAFAEL BARAZARTE PÁEZ contra la Sentencia dictada por el Tribunal del Juzgado Primero del Municipio Guanare del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, de fecha veinticuatro de febrero del año dos mil seis (24-02-2006), 2) SE CONFIRMA en todas y cada una de sus partes la decisión dictada por el Tribunal A quo, el día 24-02-2006. Como consecuencia de lo anterior se condena en costas procesales a la parte apelante de conformidad con el Artículo 281 del Código de Procedimiento Civil.

En virtud de lo anteriormente expuesto, este Juzgado 1ero de Juicio del Trabajo, de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, verificado como fue el cumplimiento de las garantías constitucionales, el debido proceso y derecho a la defensa, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de Ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la Reclamación interpuesta por enfermedad profesional y Daño Moral, por el ciudadano: EDGAR CECILIO RIVAS contra la empresa ARROCERA 4 DE MAYO S.A en consecuencia se le ordena a la demandada pagar al demandante las siguientes cantidades: Artículo 573 de la Ley Orgánica del Trabajo ................................ BS. 28.800.000,oo Ordinal 3°, Parágrafo 2º del artículo 33 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.. .........Bs.43.200.000,oo Daño Moral ...............................................................................Bs. 5.000.000,oo TOTAL A PAGAR: .....

DISPOSITIVA: Por los motivos antes expuestos, este Juzgado del Municipio Sucre del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara CON LUGAR, la demanda de Obligación Alimentaría, intentada por la ciudadana MIRIAM YOLANDA ESCALONA, en representación de su hijo adolescente X, contra el ciudadano ADALBERTO MARTÍNEZ VIERA, venezolano, mayor de edad, domiciliado en la avenida Luz Caraballo, Nº 36, urbanización Andrés Eloy Blanco Funda Guanare, Guanare, titular de la cédula de identidad n° 3.834.991, y la fija en la cantidad de CIENTO OCHENTA MIL BOLÍVARES (Bs.180.000,00) mensuales y , el doble de la cantidad en el mes de septiembre y diciembre de cada año, más los gastos de medicinas las veces que lo amerite. Se ordena que dicha cantidad sea depositada por ante una Institución Bancaria, en una cuenta que deberá aperturar la ciudadana: .....

Por tales razones, este Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 1, Sección Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes, del la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara con lugar la solicitud de la defensa y en consecuencia le fija un plazo de cuarenta y cinco (45) días para que la Fiscal del Ministerio Público presente el acto conclusivo a que haya lugar respecto en la causa seguida al adolescente Identidad Omitida (art. 65 LOPNA), identificado UT SUPRA contados a partir de la fecha de la audiencia Oral, decisión que se dicta de conformidad a lo establecido en el articulo 313 del Código Orgánico Procesal Penal. En la ciudad de Guanare, a los diez (10) días del mes de Abril de Dos mil Seis. La Juez de Control No 1. Abg. Maria Carolina Rojas El Secretario, Abg. Juan Salvador Páez García

Por tales razones, este Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 1, Sección Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes, del la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara con lugar la solicitud de la defensa y en consecuencia le fija un plazo de cuarenta y cinco (45) días para que la Fiscal del Ministerio Público presente el acto conclusivo a que haya lugar respecto en la causa seguida al adolescente Identidad Omitida (art. 65 LOPNA), identificado UT SUPRA contados a partir de la fecha de la audiencia Oral, decisión que se dicta de conformidad a lo establecido en el articulo 313 del Código Orgánico Procesal Penal. En la ciudad de Guanare, a los Diez (10) días del mes de Abril de Dos mil Seis. La Juez de Control No 1. Abg. MARIA CAROLINA ROJAS El Secretario, Abg. JUAN SALVADOR PÁEZ GARCÍA

El tribunal se constituyó en forma unipersonal.