este JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 257 de la Constitución Bolivariana de la República Venezuela y los Artículos 12, 242, 243 y 267, del Código de Procedimiento Civil, declara: PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente causa que por COBRO DE BOLÍVARES sigue FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS (FOGADE) contra el ciudadano EDWIN JOSÉ RINCÓN RODRÍGUEZ, y la Sociedad Mercantil "AQUAMAR, C.A.", plenamente identificadas en el encabezado del presente fallo. Dada la naturaleza del fallo, no hay especial condenatoria en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.

éste JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 257 de la Constitución Bolivariana de la República Venezuela y los Artículos 12, 242 y 243, del Código de Procedimiento Civil, declara: PRIMERO: CON LUGAR la acción de DESALOJO incoada por la sociedad mercantil INMOBILIARIA TRANSMUNDI, C.A., contra la sociedad mercantil BANCRECER, S.A., BANCO MICROFINANCIERO, todos suficientemente identificados en autos, de conformidad con lo establecido en el ordinal primero del artículo 40 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial. En consecuencia, se condena a la demandada a entregar a la actora el bien inmueble constituido por un local distinguido con la letra y numero CH-33, SITUADO EN EL Nive.....

este Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, con base en lo dispuesto en los artículos 341 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 691 iusdem, declara: PRIMERO: INADMISIBLE la demanda que por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA incoada en fecha 12 de diciembre de 2018, por la ciudadana JUANITA GALINDO DE HERRERA, contra LUZ MARINA CARDENAS MENDEZ, anteriormente identificados, por ser contraria a la Ley.

este Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley se declara: PRIMERO: COMPETENTE para conocer la solicitud de INTERDICCIÓN CIVIL que realizara la ciudadana TIBISAY GREGORIA BOVEA BARRIOS, antes identificada y debidamente asistida de abogados, de su hermana, la ciudadana MARTHA NATALY BOVEA BARRIOS. SEGUNDO: Se ordena la REPOSICIÓN de la causa al estado de realizar la entrevista de la presunta entredicha y con dichas resultas este juzgado, ejerciendo la competencia que le confiere la norma prevista en el artículo 735 del Código de Procedimiento Civil se pronunciara en relación a la interdicción provisional de la misma. TERCERO: Se fija para el quinto día siguiente a la constancia en autos de haberse notificado a la parte solicitante del presente fallo, la oportunidad para la realizació.....

éste JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 257 de la Constitución Bolivariana de la República Venezuela y los Artículos 12, 242 y 243 del Código de Procedimiento Civil, declara: PRIMERO: Admisibles las pruebas documentales promovida por la parte actora. .

este Tribunal, por cuanto la misma no es contraria a derecho, al orden público ni a alguna disposición expresa de la ley LA ADMITE, cuanto ha lugar en derecho, conforme a lo dispuesto en el Articulo 640 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.