Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley declara SIN LUGAR, el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado por la ciudadana Cecilia Navarrete Gutiérrez, venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad Nro. V- 12.391.075, representada por el abogado Francisco Lepore, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro.39.093, contra la República Bolivariana de Venezuela por órgano del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES).

En mérito de las razones expuestas precedentemente este Juzgado Superior Séptimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la querella funcionarial interpuesta por el ciudadano Carlos José Ramos Pérez, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-6.899.733, debidamente asistido por la profesional del derecho Mayerly Karina Montero, debidamente inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo la matrícula Nº 95.929, contra la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Instituto de Seguridad Ciudadana y Transporte del Municipio Bolivariano Libertador.

En mérito las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR, el presente recurso contencioso administrativo funcionarial incoado por el abogado Larry Nelson Herrera Giménez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 104.455, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana Mónica Lisbeth Briceño, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 11.063.205, contra la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Gobierno del Distrito Capital.

En merito de lo anterior, este Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- INCOMPETENTE para conocer y decidir la presente acción interpuesta por la por el abogado ALEXANDER BARBARO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 145.141, en su carácter de Apoderada Judicial de la sociedad mercantil AVON DE VENEZUELA C.A., contra el INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL). 2.- ORDENA notificar a la parte actora presente causa. 3.- DECLINA la competencia ante los Tribunales Laborales de Primera Instancia, específicamente a los Tribunales de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. 4.- ORDENA remitir el presente expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Tribunales Laborales de Primera Instancia.

1.- INCOMPETENTE para conocer y decidir la presente acción interpuesta por por los Abogados LUIS ROJAS BECERRA y KUNIO HASUIKE SAKANA, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 10.038 y 72.979, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la Compañía PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL, S.A., empresa debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 19 de junio de 1991, bajo el N° 42, Tomo 141A, interponen demanda de nulidad conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos contra el acto administrativo contenido en la Certificación Nº 0262-10, de fecha 06 de mayo de 2010, dictada por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), a través de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Miranda, en fecha 06 de mayo de 2010 mediante el cual se certificó que el Ciudadano ODREMAN ALEXANDER SIERRA CORDOBA, venezolano, mayor de edad y titular de.....