ADMITE el recurso de apelación interpuesto por los ciudadanos JESÚS A. LORETO CARPIO y ANTONIO J. GAGO BERMUDEZ, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los N° 84.244 y 79.378, respectivamente, en su carácter de Defensores del ciudadano JOSÉ OLIVER MESEQUER, fundamentado en el artículo 447 ordinal 2° del Código Orgánico Procesal Penal, en contra de la decisión dictada en fecha 14 de noviembre de 2007, por el Juzgado Cuadragésimo Quinto (45°) de Primera Instancia en Función de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante el cual se niega la solicitud interpuesta consistente en la oposición de la excepción que hicieran los recurrentes contenida en el artículo 28 ordinal 5° del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 108 del Código Penal.

INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por los abogados DORIS GONZALEZ ARAUJO, ANDRES A. PUGA ZABALETA ROMMEL A. PUGA GONZALEZ y JORGE PEREZ, Defensores de los ciudadanos JORGE ALBERTO DEL CARMEN PEREZ DIAZ, HOMERO ENRIQUE MARTINEZ OMAÑA y JUAN LUIS ARAUJO, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Trigésimo Octavo de Primera Instancia en Función de Control de este Circuito Judicial Penal, de fecha 24 de octubre de 2007, mediante la cual Declaró Sin Lugar la solicitud de nulidad interpuesta, la admisión de la acusación fiscal y el mantenimiento de la Medida Judicial Preventiva Privativa de Libertad en contra de los prenombrados ciudadanos.

ADMITE el Recurso de Apelación interpuesto por la ciudadana ILENI NATHALIE CARRERA RODRÍGUEZ, Fiscal Auxiliar Septuagésima del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, en contra de la decisión dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 19 de Octubre de 2007, mediante la cual declaró la nulidad absoluta del procedimiento que se le sigue al ciudadano ERICK JACSON NAVARRO SOTO, a tenor de lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con los artículos 190 y 191, ambos del Código Orgánico Procesal Penal y decretó Libertad Plena al prenombrado ciudadano en base a la nulidad decretada por no existir elemento alguno que lo señalara como autor o partícipe de ningún hecho punible, conforme al artículo 250, numeral 2 del Código Adjetivo Penal.