VII DECISION Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara CON LUGAR recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos, interpuesto por los ciudadanos JOSÉ LEONARDO LEDEZMA y NATALIE SOFÍA MEDINA GARCÍA, antes identificados, propietarios del apartamento 11-D, de las Residencias La Mirage II, Torre "D", ubicado en la Calle El Colegio de la Urbanización Los Samanes, Municipio Baruta del Distrito Capital, debidamente asistidos por la abogada ISMARY TOVAR ARANGUREN, previamente identificada, contra el Acto Administrativo, contenido en la Resolución No. 1224, dictada por la Alcaldía del Municipio Baruta del Estado Miranda, en fecha 04 de noviembre de 2009.

se tiene que las mismas no son objeto de promoción, toda vez que el Juez está obligado de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, a analizar todo lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos. Con respecto a la prueba documental marcada con la letra "A", relativa a la Resolución No. 2002-0002, publicada en al Gaceta Oficial No. 37.509, de fecha 20 de agosto de 2002, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, se tiene que en nuestro sistema jurídico objeto de prueba son los hechos y no el derecho.

En virtud, de la norma parcialmente transcrita y de la normativa citada en el fallo de la sentencia dictada en el presente caso, estima esta Juzgadora que la parte interesada, es decir, la parte que solicitó el pago de los sueldos dejados de percibir con las respectivas variaciones que el mismo haya experimentado, desde la fecha de su ilegal retiro, hasta su total y efectiva reincorporación, es quien debe pagar al experto contable o auxiliar de justicia los correspondientes emolumentos por la practica de la experticia. Así mismo observa quien aquí decide, que en las actas procesales del presente caso, no consta el pago por concepto de honorarios a la experto designada, mal podría este Tribunal designar y juramentar a un nuevo experto, tomando en cuenta que dicha designación ocasionaría una dilación indebida, atentando contra la celeridad y economía procesal. En consecuencia, este Juzgado Superior NIEGA la solicitud del abogado VICTOR RAMÓN BERMÚDEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo e.....