En base a las consideraciones anteriores, este Tribunal, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la Ley, declara: PRIMERO: Se revoca la medida de Prohibición de Enajenar y Gravar decretada por este Juzgado, en fecha 26 de septiembre de 1990, sobre el inmueble identificado anteriormente. SEGUNDO: Se ordena oficiar lo conducente al Registrador Subalterno respectivo, participándole acerca de la referida suspensión. Líbrese oficio. No hay condenatoria en costas, de conformidad a lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese y notifíquese la anterior decisión

Con fundamento en las precedentes consideraciones este Juzgado Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la Ley, declara SIN LUGAR la demanda que por DESALOJO, interpuso el ciudadano JULIO ISRAEL MARTÍNEZ GALÍNDEZ, contra la ciudadana IRMA ISABEL NARVÁEZ PATERNINA, antes identificados. Se condena en costas a la parte actora por haber resultado totalmente vencida en el proceso, según lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. Por cuanto el presente fallo es dictado dentro del lapso legalmente previsto para hacerlo, no es necesaria su notificación a las partes. Publíquese y regístrese, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 247 y 248 ejusdem.

De la diligencia antes comentada se evidencia que la representación judicial de la parte actora sólo se limito a consignar las referidas copias simples a los fines de que este Tribunal “…se pronuncie sobre la medida de prohibición de enajenar y gravar solicitada en el libelo..”. Dichos recaudos al ser copia simple de documentos privados no arrojan ningún valor probatorio para este tribunal para verificar si se cumplen los requisitos del periculum in mora y el fomus bonis iuris para la procedencia de la medida solicitada. En consecuencia, este órgano jurisdiccional NIEGA la medida de Prohibición de Enajenar y Gravar solicitada. Así se decide