DISPOSITIVO En torno a lo antes expuesto este Juzgado Superior Primero agrario administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Con lugar el recurso ordinario de apelación interpuesto en fecha 15 de mayo de 2.007, por la ciudadana abogada ISABEL CRISTINA REYES ORTEGA, en su carácter de asistente judicial del ciudadano JOSE RAFAEL GOMEZ, contra la decisión dictada en fecha 15 de Mayo de 2.007, por el Juzgado de Primera Instancia del Transito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guarico. Y así se decide. SEGUNDO: Como consecuencia del particular anterior, se repone la presente causa al estado que el Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, dicte nuevo auto de admisión en el presente juicio, declarando consecuencialmente nulo y sin ningún efecto jurídico todo lo actuado con posterioridad al auto de admisión de fecha 21 de febrero de 2.007 declarado a.....

Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley declara CON LUGAR, el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado por la ciudadana Maria Amparo Santamaría Mariño, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad N° 3.687.990, representada por la abogada Maria Margarita Pereira Hernández, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 17.068, contra el Ministerio del Poder Popular para la Educación, por concepto de Diferencia de prestaciones sociales e Intereses moratorios. En consecuencia: 1. Se ordena el pago de las diferencias sobre prestaciones sociales, calculadas a partir del 01 de mayo de 1975, para lo cual se ordena la designación de un experto contable, a los fines de que efectué los cálculos por dichas diferencias, tal como lo estipula el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, y con estricto apego a las disposiciones de la Ley Or.....

Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley Declara CON LUGAR, el presente recurso contencioso administrativo funcionarial incoado por los abogados Carmen Sánchez González G., Alberto Balza Carvajal y Guillermo Rafael Balza García, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nros. 3.664.913, 2.113.203 y 13.123.722, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado Bajo los Nros. 9665, 991 y 75.098, respectivamente en sus condiciones de apoderados judiciales del ciudadano Oscar Andelfo Aparicio Jaimes, venezolano, mayor de edad titular de la cédula de identidad Nro. 3.984.752, contra el acto administrativo signado con el número de oficio 101, de fecha 23 de marzo de 2004, por el Ingeniero Orlando R. Ortegano O., en su cualidad de Presidente encargado del mencionado Instituto (INGEOMIN), de conformidad con la Resolución Nro. 007-04 de fecha 23 de marzo de 2004,.....

Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley declara CON LUGAR, el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado por la ciudadana Juana Evangelista Lira de Rondon, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad N° 1.886.895, representada por la abogada Maria Margarita Pereira Hernández, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 17.068, contra el Ministerio del Poder Popular para la Educación, por concepto de Diferencia de prestaciones sociales e Intereses moratorios. En consecuencia: 1. Se ordena el pago de las diferencias sobre prestaciones sociales, calculadas a partir del 01 de mayo de 1975, para lo cual se ordena la designación de un experto contable, a los fines de que efectué los cálculos por dichas diferencias, tal como lo estipula el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, y con estricto apego a las disposiciones de la Ley .....

Por la motivación que antecede éste Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley declara Parcialmente Con Lugar, el presente recurso contencioso administrativo funcionarial incoado por la ciudadana Nelida M. González, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 3.746.180, representada por el abogado Stalin A. Rodríguez S., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 58.650, contra el Ministerio de Educación y Deportes, (hoy Ministerio del Poder Popular para la Educación), por concepto de diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos. En consecuencia, se ordena el reembolso por concepto de anticipos de fideicomiso correspondiente al descuento de (Bs. 404.657,83), por haber sido descontado arbitrariamente en el pago de sus prestaciones sociales. Igualmente se ordena al Ministerio querellado cancelar los intereses generados por .....

Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley declara CON LUGAR, el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado por la ciudadana Juana Evangelista Lira de Rondon, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad N° 1.886.895, representada por la abogada Maria Margarita Pereira Hernández, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 17.068, contra el Ministerio del Poder Popular para la Educación, por concepto de Diferencia de prestaciones sociales e Intereses moratorios. En consecuencia: 1. Se ordena el pago de las diferencias sobre prestaciones sociales, calculadas a partir del 01 de mayo de 1975, para lo cual se ordena la designación de un experto contable, a los fines de que efectué los cálculos por dichas diferencias, tal como lo estipula el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, y con estricto apego a las disposiciones de la Ley .....

declara CONSUMADA LA PERENCIÓN y EXTINGUIDA LA INSTANCIA, la querella interpuesta por los abogados JESÚS MONTES DE OCA ESCALONA y CELINA MONTES DE OCA NUÑEZ, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 168 y 29.451, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana LESVIA MARTINA VÁSQUEZ DE RAMOS, portadora de la cédula de identidad Nro. 2.832.860, contra la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas por cobro de intereses de mora.

declara SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano ANDRÉS IVÁN ADRIÁN BRAZON, representado por el abogado LUIS OSCAR SOSA RUIZ, todos identificados en el encabezamiento del presente fallo, contra el acto administrativo de destitución contenido en la Resolución N° 003-2007, de fecha 19 de enero de 2007, notificada en fecha 23 de enero del año en curso, suscrita por el Sub. Director, Director (e) de la Policía Municipal de Plaza, Municipio Plaza del Estado Miranda, ciudadano Richard R. Urbano.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la querella funcionarial, interpuesta por el abogado MANUEL DE JESÚS DOMINGUEZ, de este domicilio, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 41.605, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano JHONATAN ZEUS CARDENAS SÁNCHEZ, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° 13.251.595, interpuso recurso contencioso administrativo funcionarial contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE (Insetra-Policaracas), por cobro de prestaciones sociales.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la querella interpuesta por el ciudadano NERIO JOSE ANDRADE GUDIÑOS, titular de la cédula de identidad Nº V- 10.800.147, debidamente asistido por el abogado AMÉRICO ANTONIO GUTIERREZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 52.651, contra el INSTITUTO AUTONOMO DE PROTECCION CIVIL Y ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA