Ahora bien, visto que la sentencia extranjera, objeto de la presente solicitud de exequátur, cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, esta Sentenciadora debe forzosamente otorgarle plena validez y eficacia a la sentencia dictada en fecha 01 de marzo de 2009, por el Juzgado de Primera Instancia N° 3, Donostia San Sebastian. Comunidad Autónoma del País Vasco. Reino de España, en la cual se declaró el divorcio de los ciudadanos MIRNA MARGARITA GONZALEZ FILOT y JUAN CARLOS AGUILAR ROMERO, Venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-15.507.457 y V-13.641.795, respectivamente, y así se decide.

Del análisis efectuado a las actas procesales y de la interpretación jurídica efectuada ut supra, esta juzgadora llega a la libre convicción razonada, de que la sentencia impugnada si incurrió en violación de orden público y del debido proceso de la cosa juzgada, así como en la figura jurídica de la expectativa plausible, por las razones de hecho y fundamentos jurídicos expuestos por esta juzgadora, ut supra, por lo que forzosamente debe ser declarado con lugar el presente recurso de apelación, tal y como se dispondrá en el dispositivo del presente fallo, y por consiguiente SE ANULA de oficio lo dispuesto en la cláusula cuarta de la sentencia dictada por la Jueza del Tribunal Noveno (9°) de Primera Instancia de este Circuito Judicial de Protección, en fecha 31 de julio de 2012, de conformidad con lo establecido en el artículo 488-D de nuestra Ley Especial y en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, quedando idéntico el resto de la sentencia, igual.....

Dadas las circunstancias señaladas anteriormente, esta Juzgadora llega a la libre convicción razonada, que la acción de amparo interpuesta por los ciudadanos MIRIAM ALEJANDRA PÉREZ y JUAN MELQUIADES CONTRERAS RAMIREZ, plenamente identificados en autos, en beneficio de sus hijas las niñas se omiten los nombres de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, prospera en derecho, por cuanto quedó demostrado en autos, que existieron violaciones de rango constitucional, por lo cual forzosamente debe confirmarse el fallo dictado en fecha 13/09/2012, por el Juez del Tribunal Primero (1ero) de Primera Instancia de Juicio de este Circuito Judicial de protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, pero no por las razones expuestas por el Juez a quo, sino porque existieron violaciones Constitucionales como son las previstas en .....