Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad (funcionarial), interpuesto por la ciudadana ZORAIDA NOHEMÍ HERRERA ROMERO, por intermedio de su apoderada judicial, Iris del Carmen Campos Alcalá, ambas, suficientemente identificadas en la parte motiva del presente fallo, contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° 001-2006, de fecha 11 de enero de 2006, emanada de la UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA.

Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la querella interpuesta por la ciudadana PETRA ANTONIA GUZMÁN SALAVARRIA, representada por la abogada MARÍA MARGARITA PEREIRA HERNÁNDEZ, ambas, suficientemente identificadas en la parte motiva del presente fallo, contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES, hoy MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara CONSUMADA LA PERENCIÓN y en consecuencia extinguida la instancia en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los abogados MARÍA TERESA ARRIAGA RODRÍGUEZ y OSCAR ELÍAS OMAÑA GUERRERO, obrando con el carácter de apoderados judiciales de la ciudadana ISABEL TERESA BARRIOS DE SOLÓRZANO, contra los actos administrativos contenidos en las Comunicaciones Nos. 000137 y 000398, respectivamente, de fecha 6 de mayo de 2003 y 17 de junio de 2003, emanadas del Ministerio de Planificación y Desarrollo, hoy Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara CONSUMADA LA PERENCIÓN y en consecuencia extinguida la instancia, en el recurso contencioso administrativo de nulidad funcionarial interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos, por el ciudadano LEONARDO DIONISIO HERVES GIL, asistido por la abogada ANTONIA HERVES GIL, ambos suficientemente identificados en la parte motiva del presente fallo, contra el acto administrativo contenido en el Acuerdo S/N, de fecha 5 de febrero de 2002, emanado del Concejo Municipal del Municipio Cristóbal Rojas del Estado Miranda.

En base a las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Tribunal Primero en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: PRIMERO: Se DECRETA EL ARCHIVO JUDICIAL DE LAS PRESENTES ACTUACIONES, de conformidad con lo establecido en el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal, así mismo CESA LA CONDICION DE IMPUTADO de los ciudadanos JOSÉ GERARDO GUTIÉRREZ, RICHARD JACSON RODRÍGUEZ y JOSE GUILLERMO VILLALBA FERMÍN, este Tribunal no se pronuncia respecto al cese de medida toda vez que los prenombrados se encuentran el libertad sin restricciones.. Publíquese, regístrese y diaricese la presente decisión y notifíquese a las partes, remítase las presentes causa en su estado original a la Fiscalía del Ministerio Público, en su oportunidad legal.

En base a las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Tribunal Primero en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: PRIMERO: DECRETA EL ARCHIVO JUDICIAL en la presente causa seguida al ciudadano VICTOR JOSE FIGUEREDO URBINA, plenamente identificado en la causa principal la cual reposa en el Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal; así mismo CESA LA CONDICION DE IMPUTADO Y LA MEDIDA CAUTELAR IMPUESTA al referido ciudadano, todo de conformidad con la norma citada ut supra. Publíquese, regístrese y diaricese la presente decisión y notifíquese a las partes, remítase las presentes causa en su estado original a la Fiscalía del Ministerio Público, en su oportunidad legal.

En base a las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Tribunal Primero en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: Se DECRETA EL ARCHIVO JUDICIAL en la presente causa seguida al ciudadano SEGOVIA PEDRO REINALDO, Titular de la Cédula de Identidad Nº V-14.780.641, de conformidad con lo establecido en el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal; lo cual no causa gravamen irreparable al titular del ejercicio de la acción penal, pues si surgen nuevos elementos puede solicitar a reapertura de la investigación al Tribunal, en tal sentido cesa la condición de imputado del ciudadano Pedro Reinaldo Segovia y la medida cautelar sustitutiva que pudiera pesar sobre éste, pues la defensa no lo indicó en su escrito y la causa principal se encuentra en el Ministerio Público..

En base a las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Tribunal Primero en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: PRIMERO: Se DECRETA EL ARCHIVO JUDICIAL DE LAS PRESENTES ACTUACIONES, de conformidad con lo establecido en el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal, así mismo CESA LA CONDICION DE IMPUTADO del ciudadano PAEZ SÁNCHEZ EXOL ESLEIDER, Titular de la Cédula de Identidad Nº V-6.974.503, este Tribunal no se pronuncia respecto al cese de medida cautelar dado que la defensa no suministró la información y la causa principal se encuentra en el Ministerio Público, si existe la misma se decreta el cese.

En base a las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Tribunal Primero en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: PRIMERO: DECRETA EL ARCHIVO JUDICIAL en la presente causa seguida al ciudadano VICTOR JOSE FIGUEREDO URBINA, plenamente identificado en la causa principal la cual reposa en el Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal; así mismo CESA LA CONDICION DE IMPUTADO Y LA MEDIDA CAUTELAR IMPUESTA al referido ciudadano, todo de conformidad con la norma citada ut supra. Publíquese, regístrese y diaricese la presente decisión y notifíquese a las partes, remítase las presentes causa en su estado original a la Fiscalía del Ministerio Público, en su oportunidad legal.

En base a las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Tribunal Primero en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: PRIMERO: Se DECRETA EL ARCHIVO JUDICIAL DE LAS PRESENTES ACTUACIONES, de conformidad con lo establecido en el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal, así mismo CESA LA CONDICION DE IMPUTADO de los ciudadanos JOSÉ GERARDO GUTIÉRREZ, RICHARD JACSON RODRÍGUEZ y JOSE GUILLERMO VILLALBA FERMÍN, este Tribunal no se pronuncia respecto al cese de medida toda vez que los prenombrados se encuentran el libertad sin restricciones.. Publíquese, regístrese y diaricese la presente decisión y notifíquese a las partes, remítase las presentes causa en su estado original a la Fiscalía del Ministerio Público, en su oportunidad legal.