Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PROCEDENTE la medida cautelar de EMBARGO preventivo formulada por los apoderados judiciales del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA ELECTRICA, por la cantidad de ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO BOLÍVARES CON DOCE CÉNTIMOS (Bs. 11.331.678,12), sobre las cuentas de la parte demandada, SEGUROS UNIVERSITAS C.A. SEGUNDO: ACUERDA oficiar a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), a los fines de que informe a este Tribunal las cuentas bancarias de la sociedad mercantil SEGUROS UNIVERSITAS C.A., de acuerdo a la parte motiva de la presente decisión. TERCERO: Se COMISIONA al Juzgado de Municipio Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que.....

En merito de lo anterior, este Tribunal Superior Decimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara LA PERDIDA DEL INTERES PROCESAL Y EN CONSECUENCIA EL ABANDONO DEL TRAMITE, en el presente recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el ciudadano JOSE ANTONIO GIL, representado judicialmente por los abogados ANDRES PARRA, YALIRA GRANDA y ELIECER PENA, inscritos en el Inpreabogado bajo los N° 39.073, 14.920 y 12.130, respectivamente, contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° 04-00-03-04-055, de fecha 25 de junio de 1998, notificado mediante oficio Nro. 05-00-05-7514 de día 15 de julio de 1998, reformatoria del Reparo N° 05-00-05-399 del 01 de diciembre de 1997, dictada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

En merito de lo anterior, este Tribunal Superior Decimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara LA PERDIDA DEL INTERES PROCESAL Y EN CONSECUENCIA EL ABANDONO DEL TRAMITE, en el presente recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el ciudadano MANUEL PERERA ROMERO antes identificado, debidamente asistido por los abogados RODOLFO PLAZ ABREU y MARIA CORINA MADRIZ DE LA ROSA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 12.870 y 21.006, contra la Resolución sin número de fecha 30 de abril de 1986, emanado de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.