En consecuencia: 1. Se ORDENA la reincorporación del ciudadano FRANCISCO JAVIER BLANCO SILVA, venezolano, mayor de edad portador de la cédula de identidad N° V- 10.542.528 al cargo de Odontólogo I adscrito a la Dirección General de Custodia y Rehabilitación del Recluso del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, o a otro de similar o superior jerarquía y remuneración para el cual cumpla con los requisitos. 2. Se ORDENA el pago de los sueldos dejados de percibir con las respectivas variaciones que el mismo haya experimentado, desde la fecha de su separación, hasta su total y efectiva reincorporación, así como el cómputo a efectos de su antigüedad para el cómputo de prestaciones sociales y jubilación, y cuyos montos deberán ser calculados por la parte querellada en la oportunidad de la notificación del respectivo decreto de ejecución. En el supuesto que la parte querellada no cumpliere con la obligación impuesta o que dichos cálculos fueren objetados por la parte .....

declara: IMPROCEDENTE la Medida Cautelar de Suspensión de Efectos solicitada en la querella interpuesta por la ciudadana ROSA JOSEFINA TORREALBA DE PLAZA, portadora de la cédula de identidad Nro. 5.522.906, debidamente asistida por los abogados LEONEL ALFONSO FERRER URDANETA y HÈCTOR JOSÈ MEDINA MARTÌNEZ, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 65.719 y 61.689, respectivamente, mediante la cual solicitan la nulidad del Acto Administrativo indicado en el Acta de la Sesión Ordinaria Nro. CF01/12 del Consejo de la Facultad de Medicina de fecha 24 de enero de 2012, con el anexo del veredicto del Concurso de Oposición de la Universidad Central de Venezuela.

declara CONSUMADA LA PERENCIÓN y EXTINGUIDA LA INSTANCIA, en la querella interpuesta por la ciudadana JOSEFA DEL VALLE CASTAÑEDA BOTERO, portadora de la cédula de identidad Nro. 8.099.953, asistida judicialmente por el abogado JOSE DEL CARMEN BLANCO, inscrito en el inpreabogado bajo el Nro. 26.495, mediante la cual solicita la reposición de su prima de titularidad que le fue despojada en fecha 25 de octubre de 2011 al Gobierno de Distrito Capital.