inadmisible

NIEGA la admisión del presente escrito de demanda

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara CONSUMADA LA PERENCIÓN y en consecuencia extinguida la instancia, en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los abogados JOSÉ AGUSTÍN CATALÁ y HORTENSIA VASQUEZ ARAUJO, obrando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil CONSORCIO INTEVEN-COTECICA-VISUR, contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa Nº. 91-01 de fecha 29 de octubre de 2001, emanada de la Inspectoría del Trabajo en los Municipios Plaza y Zamora del Estado Miranda, todos, suficientemente identificados en la parte motiva del presente fallo.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara CONSUMADA LA PERENCIÓN y en consecuencia extinguida la instancia, en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la abogada IRENE PORTILLO SOLARTE, obrando en representación de la sociedad mercantil IMPORTACIONES LUZ, C.A., contra el acto administrativo contenido en la Providencia Nº 512-05, dictada en fecha 9 de junio de 2005 por la Inspectoría del Trabajo del Distrito Capital del Municipio Libertador.

Por los razonamientos precedentemente expuestos, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PROCEDENTE la solicitud de medida cautelar formulada por el abogado LUÍS ROBERTO PONTE PUIGBÓ, obrando con el carácter de apoderado judicial de la empresa C.A. HOSPITALIZACIÓN INSTITUTO DIAGNOSTICO. SEGUNDO: Se suspenden los efectos de la Providencia No.208-02 dictada en fecha 19 de septiembre de 2002, por la Inspectoría del Trabajo del Oeste del Municipio Libertador del Distrito Capital, que ordenó el reenganche y el pago de los salarios caídos a la ciudadana MARLENE RUEDA de PARIAS, titular de la cédula de identidad No. 4.979.828, durante toda la vigencia del presente juicio. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el aparte 21 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se ordena a la parte actora constituir ca.....

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara CONSUMADA LA PERENCIÓN y en consecuencia extinguida la instancia, en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el ciudadano PEDRO DE ARMAS BRITO, asistido por la abogada NIVIA GUERRERO GALBAN, contra el acto administrativo contenido en la Providencia Nº 699-04, dictada en fecha 04 de junio de 2004 por la Inspectoría del Trabajo del Distrito Capital del Municipio Libertador, suficientemente identificados en la parte motiva del presente fallo.

DECISIÓN Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR la querella interpuesta por el ciudadano JUAN JOSÉ MATA MARTÍNEZ, titular de la cédula de identidad Nº V-12.163.352, asistido por la abogada Yajaira González, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 32.001, contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA por órgano del MINISTERIO POPUPULAR PARA LAS FINANZAS, a través del SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), y en consecuencia, se declara: 1. IMPROCEDENTE la nulidad de los actos administrativos de remoción y retiro contenidos en los oficios Nros. GRH-DRNL y SAT/GRH/DRNL/01-493, respectivamente, emanados del SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), a través de los cuales, fue removido y retirado el ciudadano Juan José Ma.....

declara: SIN LUGAR, la querella interpuesta por la ciudadana YULISSA SÁNCHEZ, portadora de la cédula de identidad N° 10.692.129, asistida por el abogado GUSTAVO PINTO GUARAMATO, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 25.663, contra la Resolución N° 055-06 de fecha 06 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Municipal del Municipio Acevedo, Nro. 135, Edición Extraordinaria XXI de fecha 12-12-06, dictada por el Lic. Juan Aponte Mijares, en su carácter de Alcalde del Municipio Acevedo del Estado Miranda y notificada mediante oficio Nro. DAAMA-0528-12-06, en esa misma fecha.

declara: 1.- PARCIALMENTE CON LUGAR, la querella interpuesta por el ciudadano WILLIAM GERARDO LA ROSA RODRÍGUEZ, representado por la abogada MARISELA CISNEROS AÑEZ, ya identificados en el encabezamiento de la presente sentencia, mediante la cual solicita el pago de la diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos, al Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda. 2.- NIEGA el pago de la diferencia de las prestaciones sociales, solicitada por el actor, con fundamento en la parte motiva del presente fallo. 3.- ORDENA al Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda efectúe el pago de la compensación de transferencia en los términos previstos en el artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente, con el correspondiente pago de los intereses previstos en el artículo 668, literal "b", Parágrafo Primero, eiusdem. Todo ello conforme a explanado en la parte motiva de la presente sentencia. 4.- ORDENA el pago a la actora de los intereses moratorios causados por el .....

declara INADMISIBLE, la querella incoada por el ciudadano, RAFAEL MARÎA GUEVARA MALDONADO, asistido por el abogado José Enrique Aveledo Pocaterra, ya identificado en el encabezamiento del presente fallo, mediante el cual solicita la ejecución del acto administrativo contenido en la Publicación Nº 13, dictada por el Ministerio de Educación Superior de la República Bolivariana de Venezuela, que ordenó el pago de los intereses sobre prestaciones sociales adeudados.