El presente caso se circunscribe a dilucidar sobre la procedencia o no de los particulares siguientes: i) La inconstitucionalidad del artículo 28 de la Ley de Impuesto al Consumo Suntuario y Ventas al Mayor; ii) La deducibilidad de los créditos fiscales generados en los períodos impositivos Julio 1997, Agosto 1997, Septiembre 1997, Octubre de 1997, y Noviembre 1997, así como la consiguiente violación a los principios de legalidad, igualdad, racionabilidad y proporcionalidad que rigen la materia sancionatoria, iii) violación del principio de capacidad contributiva por el rechazo de los créditos fiscales generados a favor de la recurrente con motivo de su actividad de exportación, iv) vicio de falso supuesto en los ajustes efectuados; v) la solicitud de corrección monetaria de las cantidades demandadas y el pago de los intereses devengados hasta la fecha efectiva del reintegro.

observándose en el presente asunto que la recurrente no consignó por si misma ni por medio de apoderados, ningún elemento probatorio que desvirtuara el contenido de la Providencia Administrativa impugnada supra identificada, esta debe surtir sus plenos efectos legales, en virtud de la presunción de legalidad, legitimidad y veracidad de que gozan los Actos Administrativos. ASI SE DECLARA.Por el razonamiento que antecede, es forzoso para este Tribunal desestimar el argumento de inmotivación alegado, por cuanto el acto recurrido permitió al recurrente conocer la fuente legal, las razones y los hechos apreciados por la Administración para dictar su decisión. ASI SE DECLARA.