En fuerza de lo expuesto este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, una vez verificado que no existe violación de norma de orden público, declara PERIMIDA la instancia en la querella interpuesta por el ciudadano ÁNGELO ENRIQUE RODRÍGUEZ PEÑA asistido por el abogado MANUEL MARCANO NARVÁEZ, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO INDEPENDENCIA DEL ESTADO MIRANDA.

Se admiten las pruebas documentales contenidas en el Capítulo I del escrito de promoción de pruebas, en cuanto ha lugar en derecho y no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes, salvo su apreciación en la definitiva. Promueve en el Capitulo II prueba de informe, a los fines de que el Ministerio de Educación y Deportes informe de manera precisa sobre los insumos y lineamientos por ellos empleados para el cálculo de las prestaciones sociales de la querellante y en razón de cuales, se obtuvieron las cantidades que señalan en el finiquito. El Tribunal niega su admisión, toda vez que lo que solicita el promovente consta en autos a los folios 10 al 20 del expediente, por tanto resultaría inoficioso requerir la información solicitada, y así se decide.

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para conocer de la reclamación laboral interpuesta por el abogado Luis Guillermo Ojeda Hernández, actuando como apoderado judicial de la ciudadana Doralys Moreno Llovera, contra la Contraloría del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, y declina como corresponde en la Jurisdicción Laboral, a la que se ordena remitir la presente causa, concretamente a la Oficina Distribuidora de Expedientes de la Jurisdicción Laboral.

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para conocer de la reclamación laboral interpuesta por el abogado Luis Guillermo Ojeda Hernández, actuando como apoderado judicial del ciudadano Williams Ernesto Zamora, contra la Contraloría del Municipio Bolivariano Libertador, y declina como corresponde en la Jurisdicción Laboral, a la que se ordena remitir la presente causa, concretamente a la Oficina Distribuidora de Expedientes de la Jurisdicción Laboral.

En fuerza de lo expuesto este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, una vez verificado que no existe violación de norma de orden público, declara PERIMIDA la instancia en la querella interpuesta por el abogado ANTONIO J. FERMIN GARCÍA, actuando como apoderado judicial del ciudadano RAFAEL VERA.

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dispone en los siguientes términos: PRIMERO: Sin analizar la caducidad y a los solos fines de emitir pronunciamiento sobre el amparo cautelar, ADMITE el recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo cautelar por el ciudadano CÉSAR A. CAMEJO SUÁREZ actuando en su carácter de Vicepresidente de la Empresa AGEQUIP. C.A., asistido por el abogado Andrés J. Grillo Gómez, contra la Providencia Administrativa Nº 291-03 dictada en fecha 22 de octubre de 2003 por la Inspectoría del Trabajo en el Estado Vargas, ello sin examinar la causal de inadmisibilidad relativa a la caducidad, por exigirlo así el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. SEGUNDO: Declara IMPROCEDENTE la pretensión de amparo cautelar. TERCERO:.....

Ahora bien, revisado nuevamente el expediente y, siendo la oportunidad para proveer sobre la admisibilidad, se observa que la parte recurrente no consignó la Providencia Administrativa objeto del presente recurso la cual es impugnada en nulidad, pues las copias simples que de ella corren insertas a los folios 45, 46, 54 y 55 del expediente, están incompletas, toda vez que no cuentan con la que presuntamente debe ser su última página en la que debería reflejarse la autoría del funcionario Inspector del Trabajo que las dictó, carga que correspondía cumplir al recurrente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 aparte 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, ello comporta que no se acompañó la Providencia Administrativa para verificar si el recurso es admisible exigido tal elemento en el artículo 19-5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, por ende este Tribunal declara INADMISIBLE el recurso de nulidad, y así se decide.

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara DESISTIDO el recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos por los abogados Juan Enrique Márquez Frontado, Américo Antonio Gloria Mota y Jesús Becerra Briceño, actuando como apoderados judiciales de la Sociedad Mercantil PROMOTORA T.P. 222 C.A., contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa Nº 961-04 dictada en fecha 15 de diciembre de 2004 por la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Plaza y Zamora del Estado Miranda, mediante la cual declaró con lugar el reenganche y pago de salarios solicitado por el ciudadano Jorge Luis Caraballo, contra la Sociedad Mercantil PROMOTORA T.P. 222 C.A.

Con fundamento en lo antes expuesto este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE POR CADUCIDAD la querella interpuesta por el abogado ANTONIO JOSÉ GONZÁLEZ MARTÍNEZ, actuando en su propio nombre y representación, contra el Municipio Autónomo Sucre del Estado Miranda, todo en conformidad con el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

1.- Asume la Competencia para conocer del recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar por los abogados Francisco Fontiveros Casanova y Manuel A. Parilli La Corte, actuando como apoderados judiciales del ciudadano PABLO A. USECHE, contra el acto administrativo sin fecha dictado por el Inspector del Trabajo Jefe en el Distrito Federal (hoy Distrito Capital) Municipio Libertador, mediante el cual homologó la transacción celebrada en fecha 09 de noviembre de 1995 entre la Empresa C.A VENCEMOS LARA y el mencionado ciudadano. 2.- declara PERIMIDA la instancia en el presente recurso.