Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Se suspenden los efectos del acto impugnado, mientras se decida el fondo de la presente causa, una vez presentada caución bancaria o de una compañía de seguros por la cantidad de VEINTE MIL SETECIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. F 20.700), la cual deberá ser presentada en un plazo de quince (15) días de despacho siguientes a la notificación de la presente decisión.

Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo de la Región Capital, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley declara INADMISIBLE, el presente recurso contencioso administrativo funcionarial incoado por el ciudadano Juan Agustín Vargas Villasmil, venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad N° 2.736.243, representado por la abogada Marisela Cisneros Añez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 19.655, contra el Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, por concepto de diferencia de prestaciones sociales, intereses moratorios e indexación. Así se decide.

En razón de lo anteriormente expuesto visto que resulta imposible la tramitación de este recurso debido a que no hay un desarrollo de la acción principal debe forzosamente declararse ininteligible el escrito libelar presentado y como consecuencia de ello sobreviene la declaratoria de INADMISIBILIDAD del Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto por el abogado STALIN A. RODRIGUEZ S. inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 58.650, en su carácter de Apoderado Judicial de la ciudadana BLANCA ROSA MEJIA Venezolana mayor de edad, de este domicilio, Titular de la Cedula de Identidad N° 3.914.818, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION por diferencia de prestaciones sociales. de conformidad con el articulo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y así se decide.