En el caso de marras el libelo fue interpuesto en fecha 18 de abril de 2012, y la parte actora estimó la demanda en la cantidad de CIENCUENTA MIL CUATROCIENTOS BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 50.400,00 ), que equivalían a quinientas sesenta unidades tributarias (560 UT), observándose que para dicha fecha, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en fecha 20 de mayo de 2004, en su artículo 18, exigía como requisito indispensable para ejercer el recurso de casación, que la cuantía de la demanda debía exceder de 3.000 unidades tributarias, y para dicha fecha la unidad tributaria estaba fijada en la cantidad de noventa (90), lo que equivalía a la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 270.000), todo lo cual conlleva a establecer que en el sub iudice no se verifica el precitado requisito de la cuantía y, en consecuencia, este Juzgado Superior Segundo NIEGA admitir el recurso de casación anunciado.....

Ahora bien, considera este Tribunal en acatamiento a la ley especial que rige la materia y al criterio jurisprudencial parcialmente ut supra transcrito, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, se declara incompetente para conocer de la presente acción de amparo en modalidad de Habeas Data, y en consecuencia declina la competencia en un Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas (Distribuidor de Turno), acuerda la remisión del presente expediente para que en segunda instancia, conozca del recurso de apelación interpuesto el abogado David Lazo en su carácter de representante judicial de la parte accionante CAJA DE AHORROS DEL INSTITUTO AUTONOMO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE (CAINSETRA) contra el INSTITUTO AUTONOMO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE (INSETRA), a tenor de lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y conforme.....

Ello así, hace concluir que el hecho que una empresa nacional o empresa del Estado tenga un interés directo o indirecto en determinado contrato, con cláusula que lo someta a la jurisdicción de un panel arbitral, no significa que se pueda hablar en esos casos de contratos inarbitrables en los términos del artículo 44.f) eiusdem. Pero, además de ello, en la especie, ni siquiera pudiera hablarse de un interés indirecto del Estado, no siendo necesaria la notificación de la Procuraduría General de la República, ya que no se encuentran afectados los intereses patrimoniales de este, por cuanto el conflicto se da entre dos empresas (INVERSIONES SALAZAR Y MARIN, SALYMAR, C.A., e INVERSIONES VINCENZO, C.A.) en las que el Estado no tiene ninguna participación accionaria o en su capital social. Y, el hecho de que una de ellas posea un crédito con una institución financiera del Estado, no significa en lo absoluto, que se categorice a este asunto como de interés del Estado. Distinto es, que se .....