Como se aprecia de la cita parcial que antecede, la Sala efectuó un análisis al Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas Decreto-Ley así como a normas contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dejando claramente establecido la no paralización arbitraria de los procesos judiciales iniciados con anterioridad al aludido Decreto, lo cual generaría una situación de anarquía judicial tan peligrosa como el mal que se pretende evitar a través de desalojos arbitrarios, determinando que lo correcto es la prosecución de los juicios hasta llegar a la fase de ejecución de sentencia, donde deberán suspenderse hasta tanto se apliquen y verifiquen los mecanismos procedimentales que establece el Decreto Ley; motivo por el cual este Juzgado Superior Segundo hace suyo el criterio establecido por la mencionada Sala y acuerda reanudar la presente causa. Así se decide.

PRIMERO: INADMISIBLE el recurso de hecho interpuesto en fecha 13 de enero de 2012, por el abogado JOSÉ RICARDO APONTE en su condición de apoderado judicial de la recurrente ciudadana MARÍA ELENA SÁNCHEZ, contra el auto dictado en fecha 20 de diciembre de 2011, por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial de Área Metropolitana de Caracas, que negó oír la apelación ejercida por esa representación contra la decisión de fecha 12 de diciembre de 2011, que declaró desierto el acto conciliatorio y desistido el procedimiento, en el juicio de divorcio contencioso, impetrado por la ciudadana MARÍA ELENA SÁNCHEZ contra el ciudadano CHAVEIRO MORA SÁNCHEZ. SEGUNDO: Por la naturaleza de lo decidido, no se produce condenatoria en costas.

PRIMERO: SIN LUGAR el recurso ordinario de apelación ejercido en fecha 27 de julio de 2011, por el abogado CARLOS POLEO CABRERA en su carácter de apoderado judicial de la parte intimante institución financiera BANCO PLAZA C.A., contra la decisión dictada en fecha 22 de julio de 2011, por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a través de la cual ordenó agregar el escrito de pruebas consignado por la representación judicial de los intimados, dejó constancia que el lapso que prevé el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil comenzaría a computarse a partir de esa data exclusive, y se abstuvo de emitir pronunciamiento con relación al escrito de fecha 10 de junio de 2011, dado que la contestación presenta puntos controvertidos que deben ser dilucidados en la sentencia definitiva, la cual se confirma, con la motivación aquí expuesta. SEGUNDO: De conformidad con lo estableci.....