este Tribunal a los fines de proveer sobre lo solicitado, observa: vencido como se encuentra el lapso de cumplimiento voluntario otorgado a la parte demandada a los fines de que diera cumplimiento a la sentencia dictada por este Tribunal en fecha 25 de Mayo de 2.009, sin haberse verificado el mismo; este Tribunal en conformidad con lo establecido en el artículo 892 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo dispuesto en el artículo 526 eiusdem, DECRETA la ejecución forzada de la sentencia dictada el 25 de Mayo del 2.009. En consecuencia, conforme a lo establecido en el artículo 527 ibídem, decreta medida ejecutiva de embargo sobre bienes propiedad de la parte demandada hasta cubrir la cantidad de: CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA UN BOLIVARES CON VEINTIDOS CENTIMOS (Bs. 50.161,22) suma ésta que comprende el doble de la cantidad condenada a pagar por indemnización de los daños y perjuicios causados por los cánones de arrendamiento no cancelados más las costas procesales calc.....

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, se evidencia que el motivo de la presente demanda es el cobro de bolívares derivado de letras de cambio, es el caso que la parte actora consignó copias simples de las mismas y no sus originales, siendo éstas los documentos fundamentales de su demanda, por lo que este Tribunal en conformidad con lo dispuesto en los artículos 341 en concordancia con el ordinal 6º del artículo 340 ambos del Código de Procedimiento Civil, actuando en sede mercantil, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara INADMISIBLE la demanda que por COBRO DE BOLÍVARES incoara la ciudadana GAUDYS TOMASA RAMÍREZ SUÁREZ contra el ciudadano OCTAVIO RAFAEL NERI DAVILA. Asi Se Decide.

Este Tribunal por imperio de lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aplica la jurisprudencia ut supra transcrita al presente caso, y siendo que de la revisión efectuada al instrumento poder cursante a los folio 6 y 7 del presente expediente se pudo constatar que el ciudadano ALVARO ENRIQUE HERNANDEZ GIL, Abogado en ejercicio, de este domicilio, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 69.155, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante, aún cuando tienen facultad expresa para desistir, no tienen capacidad para disponer del objeto y del derecho en litigio por cuanto no le fue conferida expresamente dicha facultad; razón por la cual este Tribunal NIEGA la homologación del desistimiento del procedimiento efectuado en la diligencia de fecha 21 de Septiembre de 2.009, por el mencionado apoderado judicial de la parte demandante. ASI SE DECIDE.