En consecuencia, por las razones antes señaladas, este Tribunal Accidental considera que los denunciantes del fraude procesal debe accionar a través de una demanda autónoma, ya que es necesario un término probatorio amplio, para que dentro de él, se demuestre el presunto fraude. Así se declara.- De igual manera, este Tribunal apercibe a los ciudadanos MARIO BARIONA GRASSI y MARCO ANTONIO PRIETO, abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Prevención Social del Abogado bajo los Nros. 22.618 y 121.989, que deben actuar en lo sucesivo conforme a las previsiones de los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.-

Tal como se desprende de la norma citada a consecuencia del embargo, todo negocio jurídico de administración y disposición sobre la cosa embargada es radicalmente nulo y sin efecto, aun sin declaración del juez, lo que constituye una disminución al derecho de propiedad por lo que mal puede pretender darlo en garantía prendaría. Adicionalmente, pretender dar en prenda el mismo bien ejecutado, resulta un absurdo ya que quedaría el ejecutante en una situación más precaria puesto que con el tiempo el buque esta sujeto a deterioro, a gastos de mantenimiento del depositario y a los riesgos de la navegación aun encontrándose varado. Es todo.-

Por los motivos antes expuestos, este Tribunal de Primera Instancia Marítimo con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara improcedente la impugnación interpuesta por el SINDICATO ÚNICO DE PESCADORES DEL MUNICIPIO MIRANDA DEL ESTADO ZULIA.