Visto lo anterior, este Tribunal de una revisión a los documentos consignados por la representación judicial de la parte demandada, observa que no fue aportado a los autos el Certificado de Solvencia de la sociedad mercantil Seguros Altamira C.A., tal como lo exige el artículo 590 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, al no haberse verificado uno de los requisitos previstos en la referida norma procesal para la constitución de la fianza, resulta forzoso para este Tribunal declarar improcedente la solicitud de suspensión de la medida cautelar decretada, por lo que la misma mantiene su vigencia. Así se decide.

Este Tribunal se pronuncio sobre las pruebas promovidas por las partes demandante, demandada y el tercero adhesivo. Asimismo se pronuncio sobre la impugnación realizada por el tercero adhesivo.

Siendo así, este Tribunal con el propósito de subsanar los requisitos de forma antes señalados, ordena librar oficios a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, a los fines de que determine los bienes sobre los cuales será practicada la medida de embargo acordada en la mencionada sentencia; la cual decretó embargo preventivo por el doble de la cantidad demandada más las costas del proceso, esto es DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO BOLÍVARES CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 2.348.375,81) sobre bienes muebles propiedad de la sociedad mercantil PROSEGUROS, C.A., e informe a este Juzgado a la brevedad posible, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de la Actividad Aseguradora, en concordancia con lo previsto en artículo 9 del Reglamento de General de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros. Igualmente, ordena remitir copia certificada de la sentencia antes señalada, a los fines legales correspondientes. Así se.....

De lo anteriormente expuesto, este Tribunal observa que la abogada Horaida Paredes Rivera, actuando en su carácter de sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República, no impugnó el poder en la primera oportunidad en que actuó en el procedimiento, después de haberse consignado el mismo, es decir, siendo que la consignación del poder se efectuó el 13 de abril de 2011, y la parte demandante impugnó el poder el 26 de mayo de 2011, la representación judicial de la parte actora realizó sobradas actuaciones en dicho período, por lo cual resulta improcedente por extemporánea la presente impugnación y, en consecuencia debe considerarse como subsanado el poder impugnado por aplicación de lo dispuesto en el artículo 213 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y, por ende, como válida la contestación de la demanda, así como escrito de promoción de pruebas. Así se declara.

III DECISIÓN Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: 1.- ACEPTA LA COMPETENCIA declinada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo para conocer de demanda de nulidad conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, que interpusieran los abogados Dorelis León, Carmen Jiménez, Alejandro Obelmejia, Gastón Cisneros, Gabriela Travaglio, Javier Saad y Mildred Rojas, ya identificados, actuando en su carácter de apoderados judiciales del MUNICIPIO CHACAO del ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA., contra la DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO MIRANDA (DIRESAT). 2.- ADMITE la presente causa y en consecuencia se ordena: 2.1.- Notificar a la DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES (DIRESAT) para que, conforme a lo dispuesto en el artículo 79 de la .....

III DECISIÓN Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: 1.- SU COMPETENCIA para conocer de la demanda incoada por el abogado CÉSAR FREITES VALLENILLA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 108.271, contra la DIRECCION ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. 2.- INADMISIBLE la presente demanda de nulidad, interpuesto en fecha 16 de mayo de 2011, por el abogado CÉSAR FREITES VALLENILLA, actuando con el carácter de apoderado judicial de la CIGARRERA BIGOTT SUCS C.A., ut supra identificados, contra el INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORAL, a través de la DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, en virtud de la certificación signada con el Nº 0227-10 de fecha 3 de mayo de 2010, em.....