Este Tribunal se pronuncio sobre las pruebas promovidas por la parte querellante. No hubo oposición alguna.

IV DECISIÓN Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada en fecha 11 de junio de 2010, por la abogada María Fátima Da Costa, actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil PROACTIVA LIBERTADOR, C.A., ya identificados, contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA por órgano del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL a través de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO "PEDRO ORTEGA DÍAZ", sede Caracas Sur.

DECISIÓN Con fundamento en los razonamientos antes señalados, este Tribunal Superior Décimo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley: 1.- ORDENA notificar a la parte codemandante, ciudadana RENATA MARCHIORI DE CELEGON o la sucesión "MARIO CELEGON SMANIOTTO", o a sus apoderados judiciales Armando Izaguirre A., Virginia Infante de Izaguirre e Imelda Meinhardt Zapata, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 2.519, 4.216 y 16.673, respectivamente, en su domicilio procesal, para que dentro de un lapso de treinta (30) días continuos, contados a partir de la constancia en autos de su notificación, manifiesten su interés en dar por concluido este proceso a través de un fallo sobre el mérito del asunto. 2.- En caso que de autos no pueda realizarse la notificación personal, que no pueda precisarse el domicilio donde efectuarla o por no poder publicar el cart.....

IV DECISIÓN Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se declara: 1.- SIN LUGAR la querella funcionarial interpuesta por la abogada Jennifer Ojeda Aripavon, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano ALBERTO ANTONIO ARIAS SALCEDO, contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, por órgano del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD.