Se dictó Resolución mediante el cual se admitió la demanda de tercería, incoado por la Profesional del Derecho Maria Teresa Tovar, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 15.039, actuando en su carácter de apoderados judiciales de Inversiones Ese Ese (S.S), S.A., Sindicato Agropecuario Aroa, C.A., y Estudios Y Promociones Salvatierra, C.A., anteriormente identificadas.

Se dictó decisión mediante el cual se suspendió la presente causa, por un lapso de ciento ochenta (180) días hábiles, contados a partir de la constancia en autos de la última notificación que de las partes se haga, de conformidad con el artículo 12 del Decreto con rango, Valor y Fuerza de Ley con el Desalojo y Desocupación Arbitraria de Viviendas, asimismo se ordenó notificar de la presente decisión a la Superintendencia de Arrendamientos.-

Se declaró la NULIDAD de todo lo actuado en los folios ciento setenta y siete y ciento setenta y ocho (188), ciento ochenta y uno (181) al ciento ochenta y nueve (189), doscientos dieciocho (218) al doscientos treinta y cuatro (234), todos inclusive, los cuales forman parte de la pieza Nro. 9. En consecuencia, se REPONE la causa al estado se renueven los actos infeccionados de nulidad, es decir, al estado en que los ciudadanos PHILIPPE GAUTIER RAMIA, titular de la cédula de identidad Nro. 5.537.139, designado como miembro de la Comisión de Vigilancia, y el ciudadano REINALDO ENRIQUE CARVALLO MACHADO, titular de la cédula de identidad Nro. 9.652.930, designado como Síndico Provisional; una vez notificados comparezcan ante el Tribunal y presten el juramento de ley conforme a lo previsto en el artículo 7 de la Ley de Juramento. Asimismo, se declaró improcedente la nulidad invocada por las apoderadas judiciales de la parte demandada, de las diligencias de fecha 12/12/2008 y 10/04/ 2015.

Se dictó decisión mediante la cual se Ordenó dictar la presente aclaratoria del fallo dictado por este Tribunal en fecha 07 de febrero de 2008, en consecuencia, téngase el escrito presentado en fecha 7 de mayo de 2015, por la ciudadana YENNY MERCEDES REYES AULAR, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad, 9.419.170, debidamente asistida por la Profesional del Derecho GLADYS DAVILA CASTRO, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 22.759, como complemento de escrito de partición presentado en fecha 26 de septiembre de 2007, y debiendo tenerse la presente decisión como parte integrante de la referida sentencia.

Se dictó decisión mediante la cual se Declaró Inadmisible la Recusación interpuesta en fecha 25 de mayo 2015, por el profesional del derecho Néstor Castro Godoy, abogado en ejercicio y de este domicilio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 37.555, actuando en su condición de apoderado judicial de los ciudadanos Camile de Blois Sánchez, venezolana, mayor de edad titular de la cédula de identidad Nro. 11.735.05, contra los Síndicos designados en la presente causa, ciudadanos Shirley Carrizales Méndez y Reinaldo Enrique Carvallo Machado, venezolanos, mayores de edad de este domicilio titular de las cédulas de identidad Nros. 12.912.574 y 9.652.930, respectivamente, abogados de este domicilio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 103.475 y 94.024, también respectivamente.

Se dicto decisión mediante el cual de Homologa el Desistimiento del Recurso de Apelación planteado en fecha 09 de abril de 2015, contra la decisión de fecha 13 de marzo de 2015, proferido por este Juzgado, mediante el cual declaró DEFINITIVAMENTE FIRME EL DECRETO INTIMATORIO y se condenó a la parte Intimada, a cancelar a la parte intimante, ciudadano ANDRÉS TRUJILLO ANGARITA, las siguientes cantidades de dinero: 1º La suma de Bs. 1.300.000,00; suma esta correspondiente al capital adeudado. 2º La cantidad de Bs. 2.166,66; por concepto de derecho de comisión sobre la cantidad adeudada, el cual es de sexto por ciento, tal y como lo establece el ordinal 4º del artículo 456 del Código de Comercio. 3º La cantidad de Bs. 325.000,00; monto que corresponde a las costas que fueron prudencialmente calculadas por este Juzgado en un 25%. Se ordena la indexación judicial sobre las cantidades demandadas. Se ordenó notificar a las partes del fallo.-