Por todo lo antes expuesto, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los abogados en ejercicio de este domicilio, ALFREDO ROMERO MENDOZA y HERMINIA LUISA PELAEZ, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 57.727 y 35.196, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados de la sociedad mercantil denominada DETERGENTES CARACAS C.A., ya identificada, contra la Providencia Administrativa No. 102-2006 de fecha 31 de marzo de 2006, dictada por la Inspectoría del Trabajo "José Rafael Núñez Tenorio" Sede Guatire del Estado Miranda, y en consecuencia se declara su nulidad,

En mérito de lo precedentemente expuesto, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, resuelve: 1.- Declara PROCEDENTE la suspensión de los efectos del acto administrativo contenido en la Resolución N°. 010538, de fecha 11 de octubre del 2006, emanada de la Dirección de Inquilinato del Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura, solicitada por el abogado WILMER TAPIA, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil INVERSIONES ALCAZARES, C.A., mediante la cual se fijó canon de arrendamiento al inmueble denominado Edificio "CENTRO LOS CORTIJOS" ubicado en la Avenida Bernardette y Lourdes, Urbanización Los Cortijos de Lourdes, Municipio Sucre del Estado Miranda, dicha suspensión tendrá vigencia hasta el momento en que se resuelva el presente recurso de nulidad. 2.- Se exige a la parte recurrente una f.....

En mérito de lo precedentemente expuesto, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley decide: 1º Se declara PROCEDENTE la suspensión de los efectos del acto administrativo contenido en la Resolución N° 010759, de fecha 22 de diciembre de 2006, emanada de la Dirección General de Inquilinato del Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura, solicitada por la abogada NORMA SPINOSI, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 24.993, actuando con el carácter de co-apoderada judicial de la sociedad mercantil TMC TRANSAMERICA MANUFACTURING CORPORATION DE VENEZUELA C.A,, mediante la cual se fijó de arrendamiento al inmueble denominado GALPÓN INDUSTRIAL N° 45, Nro de catastro 01.01.02.U01-003-009-007, ubicado en al calle 4, Urbanización Industrial Carapa, Parroquia Antimano, dicha suspensión tendrá vigencia hasta el momento en que s.....

SIN LUGAR

Por los razonamientos antes expuestos este Tribunal Superior administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara: PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación intentada por AZMY ABDUL-HADI SALEH en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, contra la decisión dictada en la presente causa por el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 14 de octubre de 2005. En consecuencia, SE HOMOLOGA el convenimiento en lo que respecta a los ciudadanos AURA MARINA ROJAS y JUAN BAUTISTA ROJAS y se niega en relación con la sociedad mercantil querellada. Queda modificado el fallo apelado. No hay expresa condenatoria en costas por la naturaleza de este fallo. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente sentencia. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Trá.....

DISPOSITIVA En razón de lo antes expuesto, este Juzgado Trigésimo de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia y en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo establecido en los artículos 322, 318 ordinal 3 y 48 ordinal 1º todos del Código Orgánico Procesal Penal; Decreta el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, seguida en contra del ciudadano ENGHER CACERES LUGO, venezolano, natural de Caracas, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V.- 14.500.123, nacido el 19-11-1979, de estado civil soltero, hijo de Yasmín Mercedes Lugo Díaz (v) y José Ramón Cáceres (v) quien en vida manifestó estar residenciado en La Guaira, Catia La Mar, Sector Piache, La Capilla, Casa S/N., por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSIA, previsto y sancionado en el artículo 408 ordinal 1º del Código Penal, LESIONES CALIFICADAS LEVES EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA,.....

DISPOSITIVA Por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara CON LUGAR la Inhibición presentada por el Doctor ERICKSON LAURENS ZAPATA, en su carácter de Juez Trigésimo Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, todo de conformidad con los artículos 86, numeral 7, y 87 del Código Orgánico Procesal Penal en relación con el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Regístrese, diarícese, déjese copia de la presente decisión y remítase la presente incidencia al Juez Trigésimo Cuarto de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de su conocimiento y luego lo remita al nuevo Tribunal que conoce la Causa. EL JUEZ PRESIDENTE, DR. JESÚS .....

DISPOSITIVA Por los razonamientos anteriormente expuestos, esta Sala Accidental Segunda para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: ABSUELVE a los ciudadanos JUAN ISIDRO ZAPATA CASTRO, MANUEL DE REGLA AMADOR MADE y ANDRES CASTILLO, ampliamente identificados al comienzo de este fallo, de los cargos fiscales que le fueron formulados por el Representante del Ministerio Público, por la comisión del delito de AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 287 (hoy, artículo 286), del Código Penal, cometido en agravio de La Nación, por no estar plenamente demostrada la existencia de la concertación previa, deliberada y permanente, vale decir, la corporeidad delictual, todo conforme al artículo 43, en su primer aparte del Código de Enjuiciamiento Criminal. Queda así CONFIRMA.....

DISPOSITIVA Sobre la base de los razonamientos precedentemente señalados, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA LA LIBERTAD PLENA del ciudadano VIVENES ZAPATA LUIS ARMANDO, titular de la cédula de identidad N° V-14.214.164, y consecuencialmente se EXTINGUE TODA RESPONSABILIDAD CRIMINAL del mismo en el presente caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del Código Penal. A tal efecto líbrese la correspondiente boleta de Excarcelación y remítase al Director del Centro Penitenciario Región Capital y las demás partes, así mismo remítase copia certificada de lo aquí explanado al Departamento de Vigilancia y Ejecución de Sanciones Penales del Ministerio del Interior y Justicia. CÚMPLASE. LA JUEZ, MIRIAM DAYSY VIELMA LA SECRETARIA, SINAHIM PINO GONZALEZ En esta misma .....

declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la acción intentada por el ciudadano JOSE LEONARDO KEPP SALAS, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nº V- 12.815.543, en contra de la empresa OMNIVISIÓN, C.A. Sociedad Mercantil, de este domicilio e inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 21 de agosto de 1980, bajo el No. 26, Tomo 173-A-Pro; SEGUNDO: Se condena a la empresa demandada a cancelar los conceptos y cantidades que arroje la experticia complementaria del fallo ordenada a realizar a cargo de un único experto cuyos gastos será sufragados por las partes en igualdad de condiciones en los términos expuestos en la parte motiva del presente fallo; TERCERO: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del presente fallo