Este Tribunal, vista el acta de esta misma fecha 04/08/2011, en la cual consta la aceptación al cargo de CURADOR AD-HOC, hecha por el ciudadano MICHAEL ABRAHAM BATISTA MARCHENA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-19.932.051, acordó en uso de sus facultades legales, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 del Código Civil, DISCERNIR en la persona antes identificada el cargo de CURADORA AD-HOC de los adolescentes y la niña (De conformidad con el Artículo 65 de la LOPNNA, se omiten todos aquellos datos o informaciones que de manera directa o indirecta identifiquen a los Niños, Niñas o Adolescentes).

/EXTINC. POR LA NO COMPARECENCIA DEL CURADOR/Este Tribunal Noveno (9no) de Primera Instancia de mediación, Sustanciación, Ejecución y Régimen Transitorio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, consideró DESISTIDA la presente causa, y en consecuencia se declara la EXTINCIÓN del proceso, todo de conformidad con el artículo 514 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño, Niña y Adolescente.

/Este Tribunal, HOMOLOGO el Convenimiento de Obligación de Manutención, suscrito por los ciudadanos ANDEW ALBERTO DURAN HURTADO y LUIS ALBERTO DURAN HURTADO, en fecha 02/08/2011

Se dictó RESOLUCION que ordena la SUSPENSIÓN de la MEDIDA DE EMBARGO EJECUTIVO decretada en fecha 02-11-2010, en virtud que el demandado probó haber cumplido con la Obligación de Manutención establecida, mediante sentencia en fecha 12/05/2008; SUSPENSIÓN de conformidad con lo establecido en el segundo aparte del artículo 532 del Código de Procedimiento Civil.

AH12-V-2008-000176

En atención a lo antes expuesto y al contenido del artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, éste Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia, en nombre de La República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DA POR CONSUMADO EL DESISTIMIENTO AL PROCEDIMIENTO efectuado por la parte actora en el presente juicio en los términos expuestos. CUMPLASE

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: ÚNICO: PERECIDA LA INSTANCIA y extinguido el proceso que por Partición de Bienes, intentó la ciudadana AMNERY SCARLET ABREU ESPINA, en contra del ciudadano JOSÉ ANTONIO CONCEPCIÓN GARCÍA, ambas partes suficientemente identificadas en esta sentencia, todo de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1° del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Artículo 269 ejusdem.

En consecuencia, este Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, de Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA que en la Solicitud contenida en estos autos propuesta por los ciudadanos ELIZETT MARIA DE FARIA NUNES y PAUL VASQUEZ PEREZ, ya identificados, se configuró la Pérdida de Interés de los peticionantes, en consecuencia, se da por terminado el tramite y se ordena el archivo del expediente.

En consecuencia, este Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, de Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA que en la Solicitud contenida en estos autos propuesta por los ciudadanos INGRID VERONICA MONCAYO DELGADO y EUGENIO MIGUEL PEREIRA DO PATROCINIO, ya identificados, se configuró la Pérdida de Interés de los peticionantes, en consecuencia, se da por terminado el tramite y se ordena el archivo del expediente.

Se DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267, en concordancia con lo establecido en el artículo 269 ambos del Código de Procedimiento Civil, con la consecuencia establecida en el artículo 271 eiusdem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención.