/ Se publicó y consignó resolución declarándose: 1.- LA NULIDAD de la actuación cursante al fol. 170 de la pieza principal, la acción de nulidad interpuesta por la sociedad mercantil denominada: "Distribuidora Lebrach c.a." contra el acto administrativo número 362/2010 de fecha 22.06.2010 de la Inspectoría del Trabajo del Municipio Libertador en el Distrito Capital, Sede Norte. 2.- LA REPOSICIÓN de la presente causa al estado que la Secretaría deje constancia tanto de haberse notificado a la Procuradora General de la República como de haber transcurrido el lapso de ocho (8) días de despacho previstos en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 3.- No hay condena en costas por cuanto ninguna de las partes ha resultado totalmente vencida en este juicio de conformidad con el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Revisadas las actas procesales del presente expediente, y constatado como ha sido que las partes se encuentran notificadas de la admisión del presente recurso, en consecuencia, este Juzgado, de conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, fija para el décimo (10mo) día de despacho, a las Diez antes meridiem (10:00 am), la oportunidad para que tenga lugar la audiencia de juicio en la presente causa.

En mérito de lo anteriormente expuesto, este Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara CON LUGAR el presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto por los abogados Gonzalo Salima y Ronald Puentes González, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado ¿INPREABOGADO- bajo los Nros.55.950 y 149.093, respectivamente, con el carácter de apoderados judiciales Sociedad Mercantil Body Shop Auto Block C.A., suficientemente identificada en autos, contra el Acto Administrativo Nº 1103, de fecha 9 de julio de 2010, dictado por la Dirección de Ingeniería Municipal del Municipio Baruta del Estado Bolivariano de Miranda, mediante el cual declaró que no autorizaría el ejercicio de ninguna actividad económica en áreas no aprobadas para tal fin y No Procedente la solicitud de Constatación de Uso realizada. Publíquese, regístrese y notifíquese al Síndico Pr.....

Este Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo de la Región Capital, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el presente recurso contencioso administrativo de nulidad, interpuesto por Valentina Mastropasqua Santoro, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo la matrícula Nros. 98.455, en su carácter de apoderada judicial de la Sociedad Mercantil "ASESORAMIENTOS, SERVICIOS Y CONSULTAS 1965, C.A.", inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 15 de mayo de 1995, bajo el Nro. 20, Tomo 134-A-Pro., contra el acto administrativo contenido en el auto definitivo de fecha 28 de mayo de 2009, dictado por la Inspectoría del Trabajo en el Este del Área Metropolitana de Caracas, adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, que cursa en el expediente Nro. 027-09-03-02662, llevado por esa Inspectoría; mediante el.....

DECISIÓN Por los razonamientos expuestos en el presente fallo, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, interpuesto por el abogado LUIS ENRIQUE GIL QUINTANA, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 11.949, en su carácter de apoderado judicial de las fundaciones sin fines de lucro "FUNDACIÓN OLIMPIADA ESPECIALES VENEZUELA" inscrita en la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Libertador (hoy Distrito Capital), en fecha 06 de junio de 1994, bajo el Nº 22, Tomo 34, y de la "FUNDACIÓN VENEZUELA LIBRE DE DROGAS" inscrita en la Oficina Subalterna del Cuarto Registro del Municipio Libertador (antes Departamento Libertador), en fecha 14 de diciembre de 1989, bajo el Nº 1, Tomo 16, contra la Providencia Administrativa Nº 350-08 dicta.....

En consecuencia, por los motivos antes señalados, este Tribunal de Primera Instancia Marítimo con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, NIEGA la ejecución de la sentencia solicitada.

(...) En lo que respecta a la prueba de inspección judicial promovida en el capitulo IV se observa que la misma resulta una prueba excepcional, es decir, que no exista otro medio de prueba legal por el cual se pueda acreditar el hecho el cual se pretende probar, por lo que si son hechos que pueden ser acreditados mediante otros medios de prueba resulta inadmisible la prueba de inspección judicial, en consecuencia, el medio se vuelve repetitivo, creándose una especie de impertinencia practica (...) La inspección judicial es para traer a juicio elementos de hecho y jamás debe promoverse para que el Juez realice opiniones u observaciones por cuanto se desnaturaliza el medio en el presente caso se observa que de los particulares solicitados se busca que el Juez realice apreciaciones respecto del historial del contrato de trabajo motivos por los cuales estima este Tribunal que el medio así promovido resulta ilegal (...) La prueba, de la forma como fue promovida, conllevaría al juez en.....

En horas de despacho del día de hoy martes, Nueve (09) de Junio de Dos Mil Once (2011), siendo las Nueve y Treinta Antes Meridiem (09:30 a.m.), fecha y hora fijada por este Juzgado para que tenga lugar la Audiencia Preliminar dispuesta en el artículo 103 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por los abogados William Benshimol R., Laura R. Benshimol Doza y Leon S. Benshimol Salamanca, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 12.026, 53.471 y 76.696, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana Liliana María Teresa Alvarez Cumare, titular de la cédula de identidad N° 8.594.773, contra el Fondo de Garantía de Deposito y Protección Bancaria (FOGADE). El Juzgado deja constancia que está presente el abogado William Fernando Benshimol antes identificados, apoderado judicial de la parte querellante, así como la comparecencia del abogado Juan Rafael Stredel González, inscrito .....

II DECISIÓN En mérito de lo anterior, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano Richard Guevara Barraez, titular de la Cédula de Identidad Nº 10.907.508 asistido por la abogada Rosemary Castro, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 62.680, contra el Acto Administrativo de Destitución de fecha 16 de Diciembre de 2009, notificado el 17 de Diciembre de 2009 mediante Oficio Nº 357/2009, suscrito por la Jueza Coordinadora de la Coordinación Judicial de los Tribunales Superiores Contencioso Tributarios de la Región Capital, y en consecuencia: 1) Se Anula el Acto Administrativo de Destitución de fecha 16 de Diciembre de 2009, notificado el 17 de Diciembre de 2009 mediante Oficio Nº 357/2009, suscrito por la Jueza Coordinadora de la Coordinación Judicial de .....

Ahora bien, correspondiéndole a este Órgano Jurisdiccional pronunciarse respecto a la admisibilidad del presente recurso contencioso administrativo funcionarial según lo preceptuado en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En tal sentido, se observa que en el presente recurso no resulta evidente la caducidad de la acción; que no se acumularon acciones que se excluyan mutuamente o que se tramiten con procedimientos incompatibles; que se acompañaron al mismo los documentos fundamentales para el análisis; de la acción, que no hay cosa juzgada; que el escrito recursivo no contiene conceptos irrespetuosos; y, que la acción no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley, este Tribunal ADMITE el señalado recurso contencioso administrativo funcionarial en cuanto ha lugar en derecho, salvo su apreciación en la definitiva.