Observándose de la normas antes citadas, que aparte de incluir a los puestos de estacionamientos como áreas comunes de un edificio sometido a propiedad horizontal, también establece que se debe asignar, por lo menos un puesto de estacionamiento a cada uno de los apartamentos o locales, caso en el cual el puesto asignado a un apartamento o local no podrá ser enajenado ni gravado sino conjuntamente con el respectivo apartamento o local, que los puestos de estacionamiento que no se encuentren en la situación antes indicada, podrán enajenarse o gravarse, preferentemente a favor de los propietarios, y, sin el voto favorable del setenta y cinco por ciento (75%) de ellos, no podrán ser enajenados o gravados a favor de quienes no sean propietarios de apartamento o locales del edificio, que en todo caso siempre deberán ser utilizados como puestos de estacionamiento, así mismo se establece, que cada propietario podrá servirse de las cosas comunes según su destino ordinario y sin perjuicio .....

Con fundamento en las normas invocadas y en acatamiento a la sentencia parcialmente transcrita, vinculante para todos los Tribunales de la República, a la luz del artículo 335 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, y con vista en que en caso sub-iuduce la parte actora no incoó la acción idónea; pues, tal como se dijo antes, al pasar la relación arrendaticia a tiempo indeterminado, lo correcto y ajustado a derecho era intentar la acción de Desalojo y no la Resolución de Contrato, como efectivamente se hizo. En consecuencia, es forzoso para este Tribunal declarar INADMISIBLE, por ser contraria a derecho la acción intentada por FELIDA ROSALES ROSALES contra XIOMARA DEL CARMEN ROQUE PARRA por RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, todos identificados al inicio de esta decisión.

considera este Tribunal, que el hecho de que la demandada haya intentado un procedimiento administrativo ante el Instituto para la Defensa de las Personas en el acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), por considerar agotar la vía administrativa a los fines de que le sean garantizados sus derechos en virtud del contrato de opción de compra venta celebrado con la parte actora en este juicio y procurar la solución de un conflicto de intereses, no puede considerarse como presupuesto para decretar una medida innominada que ordene la paralización de dicho procedimiento, toda vez, que este es un procedimiento administrativo que se tramita ante un organismo administrativo distinto a los órganos jurisdiccionales y así se decide. En tal sentido, al no verificarse la concurrencia de los extremos establecidos en los artículos 585 y parágrafo primero del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, es deber del Juez negar el decreto de la providencia cautelar peticionada rel.....