Ahora bien, advierte el Tribunal que habiéndose interpuesto este Recurso Contencioso Tributario, subsidiario al Recurso Jerárquico y que en la resolución de este último la Administración lo declaró sin lugar y; en consecuencia, confirmó la multa impuesta, el Tribunal constata que nada nuevo aportó a este proceso el contribuyente recurrente y que el acto impugnado no presenta ningún vicio de ilegalidad que permita, a través de su revisión, considerar la multa impuesta improcedente, razón que conlleva a considerarla ajustada a derecho y al principio de la legalidad. Se declara.

Asimismo, jurisprudencia reiterada, tanto de la Corte Suprema de Justicia, como de la Corte Primera de lo Contencioso - Administrativo, ha establecido que un acto administrativo no es anulable, aun cuando se esté en presencia de un cumplimiento parcial o insuficiente del requisito de expresar los motivos del acto en su propio texto, siempre y cuando estén expresados claramente en el expediente administrativo correspondiente y su conocimiento haya sido posible por el particular afectado; y hasta cuando haya una mera referencia en el acto a la norma jurídica de cuya aplicación se trate, si su supuesto es unívoco o simple, siempre que ello permita a cabalidad la defensa del administrado.