En consecuencia, este juzgador extremando sus deberes cautelares, a fin de generar la paz social en el campo; considera que han sido satisfechos los requisitos de Ley, para acordar la medida innominada solicitada pues; de las pruebas instrumentales incorporadas al proceso, se evidencia la existencia de la presunción del buen derecho (fumus bonis iuris) de la parte accionante y la amenaza o daño irreparable o de difícil reparación por la definitiva (periculum in damni), al posibilitarse la ocurrencia de actos perturbatorios que afecten el buen desenvolvimiento de las actividades agrarias, así como, la posibilidad de que la sentencia pueda quedar disminuida, en razón de las presuntas actuaciones realizadas por el ciudadano LUCAS PERNALETTE TOVAR (periculum in mora), por lo que debe protegerse la posesión agraria desarrollada, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 243 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Así se decide.

Este Tribunal considera, de la revisión de las actas que conforman la solicitud, Acertadas las razones en que se basó la declinatoria de competencia por parte del Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Guanare de la circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, al constatarse la pretensión sobre bienes de vocación agraria, por lo que siendo este despacho competente por la materia de la cuestión que se discute ACEPTA LA DECLINATORIA, de competencia por razón de la materia, efectuada mediante decisión de fecha veinte (20) de junio de 2017, por el referido Juzgado.

En el caso de marras, se observa que la incidencia cautelar ha sido procurada por este Tribunal, de acuerdo a las disposiciones legales señaladas. Tramitar la incidencia cautelar de forma diferente a la señalada por la Ley, generaría un desequilibrio procesal y quebrantamiento manifiesto de normas de orden público, que alejarían la labor jurisdiccional de este tribunal de su deber de honrar la tutela judicial efectiva en la presente controversia. En consecuencia, la tacha de testigos propuesta por la parte demandada, en la fase inicial de la incidencia cautelar resulta extemporánea. Así se decide.