En fundamento en todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado Primero Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Con lugar el recurso de apelación de la parte demanda, contra la decisión del Juzgado Décimo Séptimo (17°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de este mismo Circuito Judicial, de fecha, 19 de marzo de 2015, la cual queda revocada. SEGUNDO: Se ordena al Juzgado A quo, fije dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del expediente, una nueva oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar, para el décimo (10°) día hábil siguiente a dicha fijación, a la hora que estime conveniente, todo en relación con la demanda incoada por las ciudadanas YEISIBEL GUIPEL BLEQUETT ALVAREZ y JEANNELYS CHAVEZ COVA, en razón de diferencia de prestaciones sociales .....

Este JUZGADO SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la Republica y por la autoridad de la ley HOMOLOGA el desistimiento plasmado en actas.

Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Sede Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- INCOMPETENTE para conocer y decidir en primer grado, la demanda por abstención o carencia interpuesta conjuntamente con medida cautelar por el abogado Gustavo Crócker Romero, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 31.793, actuando en su propio nombre y representación, contra el REGISTRO PÚBLICO II DEL CIRCUITO MUNICIPIO BARUTA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. 2.- DECLINA la competencia a las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 numeral 5 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 3.- ORDENA remitir inmediatamente el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes Prim.....

Por todas y cada una de las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR la querella funcionarial interpuesta por LUIS ANTONIO ESPINOZA DOMINGUEZ, titular de la cédula de identidad número V-15.587.657, debidamente asistido por el abogado NOEL LENIN QUIROZ MUJICA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 76.190, contra el INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE (INTT), y en consecuencia: PRIMERO: Se DECLARA firme el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa Nº 01.00.00052 de fecha 05 de octubre de 2010, suscrita por el Presidente del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, mediante el cual fue destituido LUIS ANTONIO ESPINOZA DOMINGUEZ, titular de la cédula de identidad número V-15.587.657 del cargo de Bachiller III, en la Ofici.....

Por todas y cada una de las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuesta, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se declara CON LUGAR la querella interpuesta por CARMEN AMELIA MORA GARCÍA, titular de la cédula de identidad Nº V-6.036.968, debidamente asistida por la abogada BLANCA SALAS, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 96.034, contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS), y en consecuencia pasa este juzgador a precisar el dispositivo del presente fallo: PRIMERO: SE DECLARA la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución identificada como DGRHYAP-DAL/13 Nº 000077 de fecha 04 de julio de 2013, suscrita por el Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.- SEGUNDO: SE ORDENA al INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) proceda a la reincorporació.....

Visto el escrito presentado por el abogado Casto Martín Muñoz Milano, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 3.072, actuando en su carácter de apoderado judicial de ANGEL ROGELIO LIMA GASCON, titular de la cédula de identidad número V-5.608.409, parte recurrente en la presente causa, así como el escrito presentado por el abogado Rubén José Duran Morillo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 95.927, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ALCALDIA DEL MUNICIPIO ZAMORA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, en representación del órgano querellado, pasa este Tribunal a pronunciarse sobre la admisibilidad de las mismas en los términos siguientes

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE por la materia para conocer el presente reclamo interpuesto por la abogada FRANCIA ESPARRAGOZA SOTILLO, actuando en su propio nombre y representación, contra la República Bolivariana de Venezuela (MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO), y declina como corresponde en los Tribunales con competencia en materia del Trabajo, a los que se ordena remitir la presente causa, concretamente a la Oficina Distribuidora de Expedientes de los Tribunales en materia del Trabajo de Área Metropolitana de Caracas

Por otra parte, se ordena notificar al MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ, al DIRECTOR DEL CUERPO DE POLICIA NACIONAL BOLIVARIANA y a la parte actora. Solicítesele copias certificadas del expediente administrativo del querellante de conformidad con el artículo 99 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, las cuales deberán estar debidamente foliadas en orden cronológico y consecutivo, dentro del lapso de quince (15) días continuos a partir de su citación. A los fines de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 99 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, el querellante deberá consignar los fotostatos necesarios para la elaboración de las compulsas, las cuales se anexaran a las notificaciones ordenadas. Finalmente, una vez que la parte querellante haya consignado los indicados fotostatos, se ordena certificar los mismos por secretaría, para que se elaboren las respectivas compulsas y la orden de comparecencia de la parte demandada, de .....

A través de SENTENCIA DEFINITIVA el Tribunal declaró CON LUGAR la solicitud de divorcio realizada por los ciudadanos MARIA AUXILIADORA CASTELLANOS DE GOMEZ Y HECTOR JOSE GOMEZ MIRANDA. Se declaró DISUELTO el vínculo matrimonial que los une, contraído por ellos en fecha 16 de diciembre de 1989, por ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia La Vega, Municipio Libertador del Distrito Federal, hoy Oficina de Registro Civil de la Parroquia La Vega del Municipio Libertador del Distrito Capital, acta Nº 464, del libro de Matrimonios del Registro Civil respectivo. Se ordenó librar oficio a la Oficina de Registro Civil de la Parroquia La Vega del Municipio Libertador del Distrito Capital, al Registro Principal del Distrito Capital y a la Oficina Regional del Consejo Nacional Electoral del Distrito Capital, anexándoles copias certificadas de la presente sentencia y del auto de ejecución de la misma.

En consecuencia, se observa que el libelo fue presentado en fecha 18 de agosto de 1999, y conforme a lo establecido en los artículos 31 y 33 del Código de Procedimiento Civil, la demanda arroja la cantidad de CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS BOLÍVARES CON DIEZ CÉNTIMOS (Bs. 5.758.823,10), que equivalen en la actualidad a la cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO BOLÍVARES FUERTES CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS (Bs. F. 5.758,82), observándose que para dicha fecha, la cuantía que se exigía para acceder a casación, tal y como se desprende del extracto jurisprudencial ut supra trascrito, era la que excediera de CINCO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 5.000.000), que equivalen en la actualidad a la cantidad de CINCO MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 5.000,00), de conformidad con el Decreto Presidencial Nº 1.029, vigente a partir del día 22 de abril de 1996, todo lo cual conlleva a establecer que en el sub iudice, se cumple con el precitado requisito de la .....