En consecuencia, este Juzgado Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en aplicación a las normas contenida en el artículo 69 Código de Procedimiento Civil, declina su competencia por la cuantía ante un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a cuyo distribuidor se acuerda remitir el presente expediente, adjunto a oficio.

En consecuencia, no puede este Tribunal ser connivente en la violación de normas de orden público, notificándole a cualesquiera de los ocupantes de dicho inmueble, que tienen la obligación legal ó contractual de desalojarlo dentro del lapso de tres (3) meses a partir de la notificación Judicial, cuando ello en realidad se aparta de lo estipulado legalmente, pues las normas aplicables, en tal caso corresponden a las establecidas en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Dado lo anteriormente expuesto determina este Tribunal que la presente solicitud es inadmisible por ser contraria a las disposiciones de orden público, éste orden público se patentiza en el ámbito arrendaticio ex artículo 7 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, toda vez que la institución del contrato de arrendamiento se encuentra protegida o regulada por normas que en cuyo cumplimiento está interesada la sociedad; y que toma más en cuenta los intereses del arrendatario por razones de interés social.

En tal sentido, del análisis del escrito que antecede, observa este Juzgado que en ningún momento el solicitante manifestó que el motivo de la misma fuese dejar constancia del estado o situaciones de cosas que puedan desaparecer o modificarse con el tiempo; sino que pretende el solicitante que algunos hechos, como lo requerido en el particular primero, sea evacuado mediante un interrogatorio, lo cual no es susceptible de ser determinado por la vía de inspección ocular. Dado lo anteriormente expuesto determina este Tribunal que la presente solicitud es inadmisible por ser contraria a las disposiciones de orden público, contenidas en la Ley