IV DECISIÓN Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la acción de amparo declinada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil diez (2010), para conocer de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por los abogados Giusseppe Tremamunno Marrulli y Alfredo Valarino Uriola, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 32.981 y 18.426, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos ORLANDO ANTONIO MANAURE PEÑA, PEDRO LUIS HERNÁNDEZ ORTÍZ, LUIS ALBERTO VERDU PÉREZ, IRAMA MARITZA CASTELLANO de BELLO, MARIO JOSÉ FERRERO RINALDI, MARITZA ISABEL PALACIOS de GONZÁLEZ, MARÍA MERCEDES QUINTERO de RAMOS, OMAIRA OTAMENDI ARELY, SIMEÓN.....

Visto el oficio Nº 255-O-2010, librado en fecha catorce (14) de octubre del dos mil diez (2010), dirigido al Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, por medio del cual se le notifica que este Órgano Jurisdiccional se abocó al conocimiento de la presente causa, este Tribunal ordena dejarlo sin efecto por cuanto no corresponde su notificación en las Demandas por Cobro de Bolí

VI DECISIÓN Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con Sede en Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.-.PRIMERO: SE ORDENA NOTIFICAR al abogado Julio Alberto Álvarez, actuando con el carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil Impresos Liturgo, C.A., bien sea en su domicilio procesal o por cartel en caso de no haberlo indicado de conformidad con el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil y el párrafo segundo del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, para que expongan en un plazo máximo de treinta (30) días continuos desde su notificación, si conservan el interés para la continuación de este proceso.- 2.-.SEGUNDO: Este Tribunal Superior deja expresa constancia que si no se produce respuesta dentro del plazo que fue fijado, se considerará extinguid.....

Vista la diligencia de fecha diez (10) de noviembre de dos mil diez (2010), suscrita por la abogada Beatriz Rojas Moreno, inscrita en el Instituto de Previsión Social del abogado bajo el Nº 75.211, actuando con el carácter de apoderada judicial de SERVICIOS DE SUSPENSIÓN INTEGRAL GLN II, C.A., mediante la cual solicita que se le notifique a los ciudadanos Alejandro Lara y José Manuel López, titulares de la cédula de identidad Nº 10.574.372 y 16.903.010, respectivamente, del abocamiento dictado por este Órgano Jurisdiccional, en consecuencia, este Juzgado Superior para proveer los pedimentos contentivos en la misma, insta a la parte actora a que consigne el domicilio procesal de los aludidos ciudadanos para realizar las respectivas notificaciones.

Vista la diligencia consignada por la abogada Ana Elizabeth González Guzmán, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 70.428, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la parte recurrente, el 10 de Noviembre del mismo año, inserta al Folio 76 del referido Expediente, mediante la cual solicita el abocamiento, este Tribunal Superior observa: En fecha 28 de Julio de 2010 fue juramentado como Juez Provisorio de este Juzgado por ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela el ciudadano José Valentín Torres Ramírez, en virtud de ser concedido el beneficio de jubilación a la ciudadana Belkis Briceño Sifontes, tomando posesión de su cargo el día 13 de Agosto de 2010, por lo que, a fin de garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso de la partes, asegurando el cumplimiento de lo consagrado en el numeral 4º del Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se deja expresa const.....

Visto el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el abogado Héctor Antonio Insignares Acosta, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 142.315, actuando en ejercicio y representación de sus propios derechos contra la Dirección ejecutiva de la Magistratura, este Órgano Jurisdiccional la ADMITE en cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y a tenor de lo dispuesto en el Artículo 99 de la referida Ley se ordena la citación de la Procuraduría General de la República, a fin de dar contestación a la presente querella en un lapso de quince (15) días de despacho siguientes contados a partir de la fecha en que conste en autos su citación, luego de haber transcurrido el lapso de quince (15) días hábiles de conformidad con lo establecido en el Artículo 82 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. .....

Visto el error material en que se incurrió al librar el Oficio de Notificación Nº 273-O-2010 y 274-O-2010 dirigidos al Presidente del Fondo de Garantía de Depósito y Protección Bancaria (FOGADE) y a la Fiscal General de la República, respectivamente, notificando el abocamiento de fecha Catorce (14) de Octubre de Dos Mil Diez (2010), y visto que la Fiscalía no es parte en la presente causa y que los representantes de FOGADE solicitaron el señalado abocamiento, este Tribunal Superior considera procedente revocar por contrario imperio los señalados oficios, en virtud de tratarse de un acto de mera sustanciación, a tenor del Artículo 310 del Código de Procedimiento Civil.

Visto el error material en que se incurrió al librar los Oficios de Notificación Nº 208-O-2010 y 209-O-2010 dirigidos al Fiscal General de la República y al Presidente del Fondo de Garantía de Depósito y Protección Bancaria (FOGADE), respectivamente, notificando el abocamiento de fecha Catorce (14) de Octubre de Dos Mil Diez (2010), y visto que la Fiscalía no es parte en la presente causa y que los representantes de FOGADE solicitaron el señalado abocamiento, este Tribunal Superior considera procedente revocar por contrario imperio los señalados oficios, en virtud de tratarse de un acto de mera sustanciación, a tenor del Artículo 310 del Código de Procedimiento Civil.

Vista la diligencia de fecha diez (10) de noviembre de dos mil diez (2010), suscrita por la abogada Heidy Sánchez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 97.097, actuando como apoderado judicial de la parte recurrente, mediante la cual solicita el abocamiento en la presente Demanda, por cuanto en fecha veintiocho (28) de julio de dos mil diez (2010), fue juramentado como Juez Provisorio de este Juzgado ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela el ciudadano José Valentín Torres Ramírez, en virtud de ser concedido el beneficio de jubilación a la ciudadana Belkis Briceño Sifontes, tomando posesión de su cargo el día Trece (13) de Agosto de Dos Mil Diez (2010), en consecuencia, se deja expresa constancia de su abocamiento al conocimiento de la presente causa. Asimismo, se ordena la notificación de las partes, de conformidad con lo previsto en los artículos 90 y 233 del Código de Procedimiento Civil y una vez q.....

Ahora bien, visto el escrito de fecha seis (06) de octubre del corriente año, consignado por la ciudadana Tamara Coromoto Guerrero Calles, titular de la cedula de identidad Nº 6.511.832, actuando en este acto como experta contable designada para realizar la experticia antes mencionada, mediante la cual consigna experticia complementaria del fallo antes mencionado, dando cumplimento a lo ordenado en la aludida sentencia, en la cual señala que el total por concepto de intereses moratorios por la diferencia monto de la pensión de invalidez y por intereses de mora prestación de antigüedad es por la cantidad de trece mil seiscientos veintiún bolívares con treinta y cuatro céntimos (Bs. F. 13.621,34). A los efectos de esta ejecución deberá procederse de conformidad con los artículos 73, 85 y 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Notifíquese a las partes.